A inicios de la semana pasada el exdiputado Norman Quijano fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades salvadoreñas. A su llegada a suelo nacional fue notificado de una condena y trasladado a la cárcel. Esta noticia ha circulado profusamente en diferentes medios, especialmente en los oficiales y afines y ha generado infinidad de comentarios. En la mayoría, se ha escarnecido al exfuncionario. Quijano fue juzgado en ausencia y condenado a trece años de prisión, acusado de haber negociado con pandillas en el marco de las elecciones presidenciales de 2014.

Si la ley establece que negociar con pandillas con fines de incidir en procesos electorales es un Salvaddelito; y si hubo evidencia suficiente del hecho, bien podría decirse que simplemente se ha hecho justicia. Es más, hasta podría demandarse que se continúe investigando a fin de que todos los involucrados sean llevados ante la ley. Hasta aquí todo bien.

Recuerdo cuando en la administración Funes se comenzó a hablar de la tregua; a la población no quedaba claro si la tregua era entre pandillas o entre pandillas y gobierno. Tampoco era fácil establecer qué papel jugaba el gobierno. En cierto momento se decidió que el gobierno simplemente era “facilitador” del proceso. Desde un principio estuve en desacuerdo con la tregua. Mucho ruido me hizo cuando ciertos actores del proceso y analistas, pienso en Raúl Mijango y Dagoberto Gutiérrez, comenzaron a comparar la violencia pandilleril con la guerra civil, afirmando que vivíamos una “guerra social”, y que, si se había salido de la guerra civil por la vía de la negociación, entonces también era válido negociar con las pandillas.

El planteamiento era terriblemente superficial; como diría mi abuela, confundían el cebo con la manteca. Equivalía a darle un sentido político a un fenómeno que era esencialmente criminal, sin que este adjetivo signifique obviar los problemas sociales que lo habían producido: emigración, deportaciones desde Estados Unidos, pobreza y, sobre todo, desintegración familiar.

Quienes recelaban del proceso tuvieron razón al afirmar que, independientemente de que significara tregua entre pandillas o entre gobierno y pandillas, al final, la tregua favorecía a las pandillas y no a la población, víctima de sus desmanes. Se llegó al cinismo de señalar que como era un proceso progresivo era válido que los pandilleros siguieran cobrando la renta, pues de algo tenían que vivir.

En cierto modo, las pandillas ya eran actores políticos importantes. Quizá llegaron a serlo sin proponérselo, digamos que fue un resultado colateral de su control territorial. En tiempo de campaña electoral, los partidos políticos debían obtener permiso de los líderes pandilleros para hacer lo que llamaban “trabajo territorial”. De ahí, a negociar otras cosas, fue solo cuestión de tiempo. Y este proceso fue hipócritamente encubierto: públicamente los políticos hablaban de planes se seguridad y condenaban a las pandillas, pero tras bambalinas cedían ante ellas. Así se llegó al punto de negociar concesiones a los pandilleros presos a cambio de que ordenaran bajar los niveles de violencia en las calles. Si el gobierno no accedía, lo “extorsionaban” aumentando los asesinatos. Hubo olas de asesinatos que respondían a esa lógica perversa.

La “tregua” significó asumir públicamente una realidad preexistente: el poder creciente de las pandillas, su capacidad de control territorial combinados con la necesidad del gobierno de Funes de bajar los índices de homicidios. El problema es que partía de bases endebles: la voluntad de los pandilleros para persistir en el esfuerzo, la capacidad del gobierno para ofrecerles incentivos, y la mala prensa que el proceso generaba, amén de que la población lo percibía en términos muy negativos. El fracaso era previsible.

Tiempo después, la Fiscalía abrió procesos en contra de los involucrados en las negociaciones. De hecho, hay varios exfuncionarios y políticos ya condenados. Luego vino el régimen de excepción con el cual se pretendió resolver el problema y de paso encubrir lo que resultara política y legalmente incómodo de ese pasado reciente. Hoy día, se ha impuesto una narrativa vindicativa contra todo lo que tenga relación con pandillas. Todo estaría bien, a no ser que apliquemos aquella expresión del evangelio de Juan: “Quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y es que el tema pandilleril se presta a la comparación. Un grupo de fariseos quería apedrear a una mujer adúltera. Así lo mandaba la dura ley de Moisés, pero la llevaron ante Jesús para ponerlo a prueba. “Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: —Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. (Juan 8:7-8).

No soy creyente, analizo ese pasaje como historiador y encuentro en él un cuestionamiento muy fuerte hacia la justicia de los hombres, pero sobre todo a la hipocresía. Hay numerosos pasajes en los evangelios en donde hombres de fe tienden trampas a Jesús a fin de poder acusarlo ante las autoridades. Y entre los judíos violar la ley mosaica era cosa grave. Lo interesante es que Jesús no solo evade la trampa (no habla de la ley, menos la descalifica), si no que vuelve el problema hacia los acusadores, hacia su conciencia. Lastimosamente, el evangelista es parco en su narración. No nos dice cómo reaccionaron los fariseos, los gestos de sus caras, ni nada parecido. Lacónico como es, solo dice “se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos”.

En este tema de las negociaciones con las pandillas, hay evidencia de sobra, especialmente rigurosas investigaciones periodísticas para que la fiscalía profundice las investigaciones. Pero no lo hará, por obvias razones. Hoy día, muchos fariseos rasgan sus vestiduras, están escandalizados. Y celebran el encarcelamiento de Quijano, sabiendo que también hicieron lo mismo y quizá más; solo que a ellos la justicia no los alcanza. Y no los alcanza porque como decía monseñor Romero, en este país la justicia solo muerde al descalzo, en este caso a los descalzos de poder. En su momento, Quijano, Munguía Payés y otros tuvieron poder, amparados en ese poder hicieron actos que hoy se los cobra la justicia. No estarían en la cárcel si no hubieran perdido el poder. Así de simple, así de claro. 

Para el gobierno, las pandillas son un tema superado. Es más, desde hace rato cosecha los réditos políticos, la extradición de Quijano es uno de ellos, por graciosa concesión del gobierno estadounidense. Ese es el único aspecto que le interesa destacar, porque le da ventajas. Difícilmente se investigará a otros implicados en negociaciones y tratos con las pandillas. Como diría Cantinflas, en la cárcel no están todos los que son, ni son todos los que están.

Y pareciera que a la mayoría de los salvadoreños no les interesa ir más allá. Por décadas fueron víctimas impotentes de las pandillas. Hoy, el problema parece solucionado; no les interesa ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué. Ven las afectaciones a las libertades y derechos individuales como un bajo precio a pagar por la seguridad. Es por eso que no se discuten las implicaciones legales del éxito en el combate de las pandillas, por ejemplo, el adefesio jurídico de los juicios masivos, que anulan un principio jurídico básico: la individualización de la participación en el delito y la aplicación de una pena proporcional al grado de participación. Había frustración y desesperación acumuladas; bajo esas condiciones cambiar libertad por seguridad parecía una escogencia fácil.

Una sociedad agotada por el terror prefiere el castigo expedito al debido proceso, aunque esto implique abrir la puerta a arbitrariedades institucionalizadas. En tanto ciudadanos, no debiéramos ser espectadores pasivos de una narrativa de vencedores y vencidos. La paz verdadera no es solo la ausencia de violencia en las calles, sino la presencia de una justicia que no necesite de ‘piedras’ ni de fariseos, sino de instituciones que protejan al ciudadano tanto del criminal como de los abusos del poder.