El Salvador revisa y analiza para aprobar el presupuesto nacional 2026 que asciende a 10,555 millones de dólares, con un crecimiento del 9,2 % respecto al año anterior. El Gobierno lo ha presentado como un presupuesto “balanceado”, sin brecha fiscal y sin necesidad de financiamiento adicional. Sobre el papel, es un logro técnico que no se veía en años recientes. Sin embargo, detrás de las cifras surge una pregunta clave: ¿está este presupuesto preparado para responder a la nueva realidad migratoria interna que vive el país?

Durante décadas, la migración fue la válvula de escape para cientos de miles de salvadoreños que, sin oportunidades locales, encontraban en Estados Unidos u otras naciones con oportunidades laborales una salida económica. Hoy esa puerta está casi cerrada. Las estadísticas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y las medidas restrictivas de en los países de la ruta migrante muestran una reducción drástica de cruces irregulares. No es que las causas hayan desaparecido pobreza, desempleo, inseguridad, sino que los caminos se han endurecido. El resultado: más salvadoreños se ven obligados a quedarse, y eso genera un nuevo tipo de presión dentro del país.

El impacto más evidente se verá en las remesas. Estas transferencias han representado por años alrededor del 25 % del PIB salvadoreño, sosteniendo a millones de familias y siendo la principal fuente de divisas del país. Si la migración irregular disminuye y la migración legal no compensa, las remesas tenderán a estancarse o reducirse. México ya reporta señales de esa baja, y El Salvador no estará exento.

Un presupuesto que no contemple esta realidad podría estar desconectado de la base social. Menos remesas significa más familias empujadas hacia la vulnerabilidad y menos consumo interno, con un efecto dominó sobre la economía.

Seguridad vs. desarrollo

El nuevo presupuesto prioriza tres sectores: educación, salud y seguridad. El aumento en seguridad —casi 15 %— responde a la continuidad de la política de control territorial y la apuesta gubernamental por la mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, la pregunta es si esa misma determinación existe para la generación de empleo y oportunidades locales.

Si los las personas ya no pueden salir, las comunidades expulsores se convertirán en territorios de alta presión social. Jóvenes sin opciones de empleo, familias sin remesas, economías locales paralizadas. Apostar únicamente a seguridad sin invertir en desarrollo productivo podría ser un error estratégico.

Presupuesto como herramienta de arraigo

El presupuesto debería ser visto como la principal política migratoria interna. En lugar de tratar la migración solo como un fenómeno externo —fronteras, deportaciones, asilo—, debe asumirse que las decisiones de migrar comienzan en los municipios, en los hogares que hoy sienten que el futuro no está aquí.

Esto exige acciones concretas dentro del presupuesto:

• Fondos especiales para municipios expulsores de migrantes, destinados a infraestructura productiva y empleo local.

• Programas nacionales de empleo temporal con migracion laboral y capacitación técnica, especialmente en sectores como agricultura (transferencia tecnología para enfrentar los desequilibrios naturales) , construcción y servicios.

• Apoyo a micro y pequeñas empresas con créditos blandos y asistencia técnica, para que se conviertan en alternativas reales al éxodo.

• Inversión social en becas y salud comunitaria, como red de protección ante la pérdida de remesas.

Una bomba de tiempo social

No atender este cambio puede convertirse en una bomba de tiempo. Si antes la salida masiva de salvadoreños aliviaba tensiones internas, ahora esas tensiones se acumulan dentro de las comunidades. El presupuesto balanceado puede verse bien en los números, pero si no responde a la dinámica migratoria interna, el costo será social y político.

Los gobiernos locales, por su parte, deben ser actores centrales. Ellos conocen de primera mano qué comunidades están más afectadas por el freno migratorio. Pero sin recursos asignados desde el presupuesto nacional, difícilmente podrán dar respuestas más allá de lo simbólico.

La aprobación del presupuesto debería abrir un debate más amplio sobre el rumbo del país. La migración ya no puede ser vista como un fenómeno externo, sino como un componente estructural de la economía interna. El desafío no es menor: ¿cómo transformar un país acostumbrado a exportar mano de obra en un país capaz de generar oportunidades para su propia gente?

En esa respuesta se juega no solo la sostenibilidad fiscal del presupuesto, sino la cohesión social y el futuro mismo del país.

Director AAMES

Asociación Agenda Migrante El Salvador