Con el objetivo de arrestar a 5.000 inmigrantes, supuestamente “delincuentes violentos”, agentes federales iniciaron el 3 de diciembre una operación de redadas contra indocumentados en Nueva Orleans.

El objetivo de la operación, llamada Catahoula Crunch, es tan ambicioso como alarmante. ¿De dónde saca el gobierno federal la cifra de personas que planea arrestar? ¿El número responde a la criminalidad real en la ciudad conocida como The Big Easy? A primera vista, suena como el resultado de un estudio sobre el índice de crimen en la región. Solo que no lo es.

El presidente del Concejo Municipal de Nueva Orleans, J.P. Morell, lo dijo claramente: “La cantidad de delitos violentos atribuidos a inmigrantes ilegales es insignificante”. Y la concejal Lesli Harris puntualizó: “No hay ni cerca de 5.000 delincuentes violentos en nuestra región”.

Más aún, según las estadísticas de la policía de Nueva Orleans, los delitos violentos en la ciudad –como asesinatos, violaciones y robos– han disminuido un 12% en comparación con el año pasado. De un total de 2.167 delitos violentos en 2024, este año se han registrado 1.897.

Si no hay tantos criminales en Nueva Orleans, y el índice de delitos ha bajado, ¿cuál es el objetivo de la operación? Evidentemente, enviar un mensaje, que se enmarca en la campaña antiinmigrante del presidente Donald Trump. Y el mensaje es que los inmigrantes –especialmente los que vienen del Sur Global– son una amenaza. Es una narrativa que se repite para agitar el espectro del miedo y desviar la atención de los verdaderos problemas en la nación: la falta de vivienda asequible, el alto costo de la salud y de los seguros, la violencia con armas de fuego, el elevado endeudamiento de millones de personas, el creciente abismo de la desigualdad económica.

En Chicago, la operación antiinmigrante Midway Blitz se inició en septiembre con el mismo propósito anunciado: capturar a delincuentes violentos. Pero de las aproximadamente 1.900 personas arrestadas en el área metropolitana de Chicago desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, menos de 300 –alrededor del 15%– tenían antecedentes penales. Y la mayoría de sus sentencias fue por infracciones de tráfico, delitos menores o delitos no violentos.

Las redadas –tanto en Nueva Orleans como en Chicago, Los Ángeles y otros lugares– tienen efectos muy nocivos y de profundo impacto. Familias inmigrantes –la gran mayoría trabajadoras, sin historial criminal y con un fuerte arraigo en sus ciudades– viven ahora con la angustia permanente de ser detenidas injustamente. Comunidades enteras entran en modo de supervivencia: padres que reducen sus salidas; trabajadores que evitan ir a clínicas u oficinas públicas, o incluso a sus empleos; niños que temen que sus padres no regresen del trabajo. Una ciudad no puede prosperar, ni siquiera funcionar bien, cuando una parte de su población vive en un clima de terror creado por el gobierno.

Las autoridades locales de Nueva Orleans conocen su ciudad mejor que cualquier agencia federal, y han reiterado que la operación Catahoula Crunch es injustificada. Pero las redadas no se han detenido, porque la campaña antiinmigrante del gobierno de Trump no se apoya en la realidad, sino en una decisión ideológica con un fuerte componente de racismo.

Y en Nueva Orleans, The Big Easy, un crisol de razas, etnias y culturas, una ciudad cosmopolita donde se mezclan legados de Francia, España, África y de los nativos americanos, el racismo no puede tener cabida. Por eso muchos de sus habitantes han salido a protestar –incluso en el Concejo Municipal– para exigir el fin de las redadas, el fin del abuso de poder contra la población inmigrante. [FIRMAS PRESS]

Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son El ocaso y La espada macedonia, publicadas por Mundiediciones. También ha publicado el ensayo Biden y el legado de Trump con Mundiediciones y el ensayo Una plaga del siglo XXI, sobre la pandemia del COVID-19.