La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, prevista para el próximo 9 de septiembre, ha comenzado a generar un discurso preocupante: que al día siguiente decenas de miles de compatriotas podrían ser detenidos y deportados masivamente hacia El Salvador.

Eso no ocurrirá de esa manera.

El Salvador debe prepararse para un escenario de posibles retornos, pero prepararse responsablemente comienza por comprender quiénes son los salvadoreños amparados por TPS y, sobre todo, evitar colocarlos a todos bajo la categoría de “deportables”.

Estamos hablando de una población migratoria muy particular.

El TPS para El Salvador nació después de los terremotos de 2001. Por tanto, muchos de sus beneficiarios tienen más de dos décadas viviendo en Estados Unidos. Han trabajado legalmente, han tenido autorización de empleo, pagan impuestos, han formado hogares, adquirido viviendas, creado negocios y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

No estamos hablando, por tanto, de migrantes recién detenidos cruzando la frontera. Tampoco debemos caracterizarlos simplemente como una población que ha permanecido indocumentada durante décadas. Han vivido bajo una protección migratoria temporal otorgada y prorrogada por el propio Gobierno estadounidense.

Cuando termine el TPS tendremos, además, distintos grupos poblacionales.

Habrá personas que durante estos años lograron obtener residencia permanente u otro estatus migratorio. Otras tendrán procesos familiares, laborales, humanitarios o judiciales pendientes. Algunas podrían disponer de alternativas migratorias que deberán ser evaluadas individualmente.

Y habrá, ciertamente, un grupo que al finalizar la protección podría quedar sin otro estatus migratorio y enfrentar eventualmente un proceso de remoción. Incluso dentro de ese grupo las circunstancias jurídicas serán diferentes.

Por eso resulta incorrecto hacer una operación matemática sencilla: beneficiarios del TPS igual a futuros deportados.

Antes de hablar de aviones llenos de retornados deberíamos responder preguntas mucho más importantes.

¿Cuántos salvadoreños con TPS realmente carecen de otra alternativa migratoria? ¿Qué edades tienen? ¿Cuántos regresarían acompañados de sus familias? ¿Cuántos tienen hijos ciudadanos estadounidenses? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Qué profesiones y oficios poseen? ¿Cuántos son empresarios? ¿Qué patrimonio han construido? ¿En qué municipios salvadoreños se concentraría un eventual retorno?

El Salvador necesita urgentemente una caracterización socioeconómica y migratoria de la población TPS.

Prepararnos no significa construir únicamente una estrategia para recibir deportados. Significa diseñar mecanismos de reinserción laboral, homologación de competencias, emprendimiento, vivienda, educación, inclusión financiera y atención a familias transnacionales.

Después de más de veinte años en Estados Unidos, muchos beneficiarios del TPS regresarían con conocimientos, experiencia laboral, redes y capacidades que nuestro país no debería desperdiciar.

El 9 de septiembre no debemos imaginarlo como el día en que comenzará una deportación masiva. Debemos entenderlo como el inicio de una nueva y compleja etapa migratoria.

El desafío para El Salvador no es solamente preguntar cuántos podrían regresar, sino saber quiénes son, qué capacidades tienen, dónde se establecerían y cómo podemos integrarlos.

Prepararse responsablemente comienza por caracterizar a esta población. Y debemos hacerlo ahora.

César Ríos
Director de Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES).