En una clase de gerencia de hospitales en el INCAE, el profesor abrió con una frase que debería estar escrita en las paredes del Ministerio de Salud: «There is no free lunch». Nada es gratis; y en salud pública, olvidarlo no es ingenuidad: es peligro.

Es jugar con vidas bajo la ilusión de que el Estado tiene recursos infinitos y no los tiene.

El Salvador atraviesa una reconfiguración profunda de su sistema sanitario. La creación de la Red Nacional de Hospitales, las reformas al Código de Salud y la introducción del modelo digital DoctorSV se presentan como avances inevitables hacia la modernidad. Pero bajo ese discurso optimista se esconde una verdad incómoda: estamos coqueteando con una privatización acelerada en un país sin capacidad fiscal, regulatoria y técnica para sostenerla sin consecuencias graves.

Los sistemas que se privatizan sin controles no se transforman: se fracturan.

Se habla de integración y eficiencia, pero no se dice que estas reformas podrían abrir la puerta a que funciones esenciales del Estado terminen en manos privadas sin un marco sólido que las regule. Si eso ocurre, revertirlo será casi imposible. Y sí: lo pagaremos todos; primero con dinero, después con inequidad, finalmente, con salud.

Quienes defienden la privatización citan modelos exitosos, pero omiten los que fracasaron. Colombia es el ejemplo más evidente: aseguradoras privadas que se enriquecieron mientras hospitales quebraban y los pacientes esperaban meses por tratamientos básicos. Hoy el sistema colapsa por su propio peso, repetir ese error sería una irresponsabilidad histórica.

Argentina muestra otro riesgo: cuando la economía cae, los prestadores privados colapsan y exigen rescates millonarios. El Estado termina subsidiando la ineficiencia mientras la población enfrenta deterioro y desigualdad. El ciudadano siempre paga dos veces.

Chile, con sus ISAPRE, creó un sistema donde enfermar siendo pobre es una condena. Lo que empezó como solución terminó profundizando brechas y deteriorando la confianza pública. Esa desigualdad no fue accidente: fue diseño.

Si esos países, con economías más fuertes que la nuestra, cayeron en esa trampa, ¿por qué creemos que El Salvador está blindado?

No somos excepcionales. No estamos inmunes. Y no tenemos margen para repetir errores ajenos.

DoctorSV es un ejemplo claro del riesgo. La plataforma promete acceso rápido, medicamentos y exámenes gratuitos, pero rara vez se discute el costo real:

¿Cuánto paga el Estado por cada servicio?

¿Quién controla la pertinencia de los estudios?

¿Quién verifica la calidad?

Peor aún: ¿existe un plan para evitar que la red pública se debilite mientras el sector privado absorbe funciones financiadas con dinero público?

Porque sin controles, lo digital no moderniza: sustituye.

Sin respuestas claras, DoctorSV puede convertirse en lo que muchos temen: una privatización silenciosa, políticamente vendible y fiscalmente insostenible.

Un camino que inicia cómodo… y termina sin retorno.

Recordemos: lo que hoy se contrata, mañana se depende.

Y cuando el sistema público pierde músculo, recuperarlo puede tardar generaciones.

Esto no significa que lo privado no tenga un papel. Lo tiene, pero uno bien delimitado, subordinado al interés público y sometido a controles estrictos. Las áreas donde puede complementar son específicas: diagnósticos, imagenología, cirugías electivas, apoyo logístico y tecnología.

Pero bajo tres condiciones innegociables:

1. Regulación fuerte: tarifas claras, límites de volumen y penalizaciones reales.

2. Auditoría independiente: indicadores de calidad y datos públicos verificables.

3. Propósito claro: complementar, no sustituir al sistema público.

Todo lo demás es ilusión. Y las ilusiones, en política pública, se pagan caro.

El estribillo de «la salud es gratis» nos ha adormecido. Nada es gratis. Cada consulta, estudio o medicamento tiene un costo que nuestro país —con una economía débil y una deuda creciente— no puede darse el lujo de malgastar.

Los errores de hoy serán la precariedad del mañana.

Este momento histórico exige algo más que entusiasmo tecnológico y discursos triunfalistas: exige responsabilidad, evidencia y valentía para decir lo que muchos prefieren callar. Callar, en este tema, es una forma de complicidad.

La salud pública no es un negocio. Cuando se convierte en mercancía, gana quien puede pagar; pierde quien más necesita. Y cuando se privatiza sin controles, el desenlace es inevitable: desigualdad, sobrecostos y deterioro institucional.

Nadie debería aplaudir eso.

En el INCAE aprendí que no hay almuerzo gratis.

Hoy veo que El Salvador corre el riesgo de pagar uno muy caro.

Y esta vez, el costo no será financiero: será humano.

Y el país no puede permitirse ese lujo.

Tesorero, Colegio Médico de El Salvador