La relación entre migraciones y desarrollo es muy conocida, y se sabe que, mientras no haya desarrollo económico y social en los países de origen, muchas personas no podrán ejercer su derecho a permanecer. Así las cosas, un abordaje claro y honesto del desarrollo económico y social debe ser una prioridad para todos si verdaderamente se quiere llegar al fondo de este primordial asunto humano.

Ciertamente, algunas instituciones de la comunidad internacional han desarrollado un importante marco para tratar el tema de la migración y el desarrollo con objetivos precisos, pero otras instituciones de la misma comunidad internacional han prescrito políticas económicas que van en otro sentido. En todo caso, es importante comenzar por recordar importantes iniciativas y decisiones que tratan el tema de la migración y el desarrollo, para después estudiar las medidas prácticas que van en sentido opuesto:

El Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de 2006, para «consagrar un diálogo de alto nivel a la migración internacional y el desarrollo», así como para «debatir los aspectos multidimensionales de la migración internacional y el desarrollo a fin de determinar los medios adecuados para maximizar los beneficios en la esfera del desarrollo y minimizar los efectos negativos», centrándose «especialmente en la ardua tarea de alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que empezó en 2007 por decisión del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de septiembre de 2006, tras una propuesta del secretario general de las Naciones para profundizar los entendimientos, a través del diálogo y del «establecimiento de asociaciones, las oportunidades y los desafíos de la migración para el desarrollo y viceversa, e identificar formas prácticas y acciones orientadas a dirigir y hacer operativo todo ello a nivel nacional, regional y global».

La Declaración de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, que se adoptó durante la reunión de Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en 2013, que reconoce, inter alia, «que la migración internacional es una realidad pluridimensional que incide sobremanera en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino», y que «la migración internacional es una cuestión intersectorial que debe abordarse de forma coherente, amplia y equilibrada, integrando el desarrollo con la debida consideración a las dimensiones social, económica y ambiental y el respeto de los derechos humanos».

La Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 cuyo «objetivo es poner fin a la pobreza y el hambre y lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones mediante la promoción del crecimiento económico inclusivo, la protección del medio ambiente y el fomento de la inclusión social», y que asume los compromisos de: (1) «respetar todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo»; (2) asegurar «la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas»; (3) promover «sociedades pacíficas e inclusivas»; (4) avanzar «plenamente hacia un sistema económico mundial equitativo en que ningún país o persona quede a la zaga, posibilitando el trabajo decente y los medios de vida productivos para todos»; y (5) preservar el planeta para las generaciones futuras.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 2017, que con un «enfoque integrado basado en los derechos humanos» incluye los «objetivos básicos del desarrollo como terminar con la pobreza y el hambre», y afirma que estos «Objetivos y Metas de la Agenda 2020 son integrados e indivisibles, de naturaleza mundial y universalmente aplicables a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo», y que «presentan un equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, a saber, la económica, la social y la ambiental».

Ahora bien, en términos generales, desde hace algún tiempo, en una impresionante búsqueda de la «eficiencia» económica, las políticas económicas han prescrito austeridad, privatizaciones, recortes y reducción del Estado, lo que en algunos casos ha llevado al abandono total de programas sociales por considerarlos ineficientes en términos económicos. Sin embargo, en este tema de la «eficiencia» económica, como afirma el escritor Jacques de Saint Victor en su libro Un pouvoir invissible: Les mafias et la société démocratique XIXe – XXIe siècle (Un poder invisible: las mafias y la sociedad democrática en los siglos XIX -XXI), hay que comenzar por la «asimetría de la información», que cuestiona la teoría de la eficiencia de los mercados: pues, por la información, los que triunfan no son los más competentes, sino los mejor posicionados, es decir, los mejor informados.

Si bien los programas sociales pueden presentar cierto grado de ineficiencia desde el punto de vista puramente económico, su objetivo se basa en una concepción de la justicia que incluye ayudar a los más débiles y brindarles algunas oportunidades para salir adelante, pero también en una cierta concepción de la política y de la seguridad, que incluye tanto la pública como la humana, pública para lograr la presencia del Estado en zonas urbanas y rurales marginadas y establezca monopolio de la autoridad, y a desarticular las causas de la violencia que vienen de la exclusión y la marginación. En otras palabras, los programas sociales tienen también un importante componente de seguridad integral (pública y humana), cuando mejoraran la cotidianidad de las personas.

La idea de que todo tiene valor monetario, de que todo se puede comprar y vender, se ha vuelto predominante, pero crea desigualdad porque la vida es más difícil para los que tienen pocos recursos. El profesor Michael J. Sandel, de la Universidad de Harvard, en su libro What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales de los mercados), argumenta que cuanto más se puede comprar con dinero, más importa la riqueza, o la falta de ella y, por lo tanto, las personas adineradas y las personas con recursos modestos llevan vidas cada vez más separadas, y esto no es bueno, pues si bien la democracia no exige una igualdad perfecta, sí exige que los ciudadanos compartan una vida común; porque es así como se aprende a negociar y a aceptar diferencias y a preocuparse por el bien común.

Así las cosas, las medidas económicas que solo buscan eficiencia van en contra de la integración nacional, porque pueden ser sumamente eficientes desde un punto de vista puramente económico, pero agrandan las brechas que generan exclusión y marginación, aumentan el abismo entre diferentes sectores de una sociedad, y generan, entre otras cosas, más violencia y más necesidad del uso de la fuerza para lograr cierta seguridad pública y, para muchos, intensifica la necesidad de emigrar.