Donde hay poca justicia es un pecado tener razón

Francisco de Quevedo

Por: Francisco Galindo Vélez

El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, François Crépeau, en su informe sobre la Explotación laboral de los migrantes, hace un importante repaso de la dura cotidianidad de la mayoría de migrantes regulares e irregulares, pues no se debe creer que los primeros, por tener sus papeles en orden, están todos exentos de malos tratos y vejaciones de todo tipo; la realidad de muchos es dura y difícil. 

En relación con los migrantes irregulares, el Relator Especial dice claramente que: “La situación irregular de un migrante no lo priva de la protección de sus derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, incluidos los ocho convenios fundamentales de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], se aplican a todos sin discriminación alguna. Sin embargo, los migrantes irregulares suelen ser víctimas de explotación laboral. Debido a su situación precaria, a menudo aceptan trabajar por salarios más bajos que los migrantes en situación regular y los nacionales, y en condiciones de suciedad, difíciles y peligrosas. Además, habitualmente tienen dificultades para acceder a los servicios sociales y de atención de la salud y viven con un temor constante a ser descubiertos, detenidos, internados y expulsados si tratan de mejorar sus condiciones de trabajo. Así, el miedo a llamar la atención sobre su estatus migratorio impide a muchos migrantes irregulares organizarse y pedir a las autoridades que protejan sus derechos laborales, en particular en caso de impago o retraso en el pago de su salario, o exigir la aplicación de la normativa de salud y seguridad. Los migrantes irregulares también son vulnerables a los abusos y la corrupción. Por ejemplo, el Relator Especial se ha reunido con migrantes irregulares que denunciaron haber sido detenidos y posteriormente puestos en libertad después de pagar un soborno a la policía”. 

Así las cosas, en una de sus conclusiones el Relator Especial es enfático al afirmar que: “Los migrantes, en especial los que tienen una situación precaria en materia de residencia, son vulnerables a la explotación laboral. Determinadas categorías de migrantes son más vulnerables a esa explotación, como los trabajadores migrantes temporales, los trabajadores domésticos migrantes, las mujeres, los niños y los migrantes irregulares. Su acceso a un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos puede ser muy difícil o imposible”.

La situación de vulnerabilidad que detalla el Relator Especial en su informe choca claramente con el marco de protección de los migrantes que se encuentra en los derechos humanos. Hoy en día, por ejemplo, hay voces que cuestionan los derechos de los migrantes y amenazan con expulsarlos de manera masiva, y no solo a los de los que están en situación irregular, sino también a los cuentan con todos los permisos y tienen sus documentos en orden e incluso, en algunos países, a los que han obtenido la nacionalidad por naturalización. 

Esta realidad llevó a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) a adoptar, en 2019, la Resolución 04/19 titulada Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata y a observar “con preocupación el aumento de movimientos políticos y tendencias xenófobas, acompañado del recrudecimiento de una retórica agresiva y de acciones represivas por parte de agentes estatales y no estatales y sus consecuencias para la seguridad humana en las zonas fronterizas, así como en las ciudades, con repercusiones directas para el bienestar, tanto de los migrantes como de las comunidades locales”.

Allí está resumida la migración desde la perspectiva política con una clara voluntad de obviar el marco jurídico de protección de los migrantes, pero existe un marco internacional de derechos y protección que no se puede descartar o desechar con palabras fuertes o gestos desdeñosos. Y ese marco jurídico empieza por recordar, como lo hace la Comisión en esta resolución, “la obligación de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria”, así como “la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación, progresividad y no regresividad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y la necesidad de garantizar a todas las personas independientemente de su situación migratoria, el pleno respeto de sus derechos humanos”.

En esa misma resolución, La Comisión Interamericana también hace hincapié en el principio de responsabilidad compartida entre los Estados por “el carácter transnacional de la migración” y “la necesidad de cooperar y dialogar para defender y proteger los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria; la necesidad de instituir políticas, leyes y prácticas integrales que privilegien a la persona y que estén basadas en los derechos humanos, incluidas las respuestas a movimientos migratorios grandes o mixtos, aplicadas por los Estados para abordar el fenómeno de la movilidad humana, y la aplicabilidad de los principios de no regresividad e inderogabilidad en todos los asuntos pertinentes”.

Y si bien hoy en día el riesgo deportación parece que en algunos países pronto abarcará también a migrantes en situación regular e incluso a naturalizados, la condición de irregularidad sigue siendo la de mayor vulnerabilidad y, por eso, en esa misma resolución, la Comisión es clara al recordar “que la irregularidad de la salida, la entrada o la estancia de una persona en un Estado no puede constituir un delito penal y, por lo tanto, no debe ser objeto de legislación penal o similar; y que el uso del término ‘ilegal’ como calificador de personas refuerza la criminalización, discriminación y deshumanización de todos los migrantes, cualquiera que sea su situación migratoria”.

Escritor y diplomático salvadoreño