El problema de la falta de nacionalidad es una dura realidad que enfrentan miles de personas en el mundo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estima que a fines de 2024 había 4,4 millones de personas apátridas, pero añade que «se cree que la cifra real podría ser mucho más elevada debido a que muchas personas apátridas viven apartadas de la sociedad y no tienen documentos de identidad; además, un gran número de países no genera estadísticas al respecto». Así, el Forced Migration Review estima en 11 millones el número de apátridas en el mundo.

Para las Naciones Unidas, la apatridia ha sido una preocupación permanente y bajo sus auspicios se han adoptado dos convenciones: La Convención de 1954 sobre el estatuto de los apátridas; y la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia. En la Convención de 1954 se define como apátrida a «toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación», y en la Convención de 1961, se establece, inter alia, el compromiso de «promover la creación dentro de la órbita de las Naciones Unidas, tan pronto como sea posible…de un organismo al que podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la…Convención, para que examine su pretensión y las asista en la presentación de la misma ante la autoridad competente». Una suerte de Alto Comisionado para los Apátridas, pero en 1974, la Asamblea General optó por ampliar el mandato del ACNUR para que incluyera esa función.

Sobre la realidad cotidiana de los apátridas, el ACNUR afirma que: «Dado que no pueden acreditar su ciudadanía, es probable que enfrenten desafíos de por vida al tratar de acceder a servicios básicos y derechos fundamentales. Con frecuencia, no pueden ir a la escuela, recibir atención médica, conseguir un empleo en el mercado formal, abrir una cuenta bancaria, adquirir una propiedad ni contraer matrimonio. Esto genera y perpetúa ciclos de pobreza que se pasan de una generación a otra».Desde 2014, sin embargo, el ACNUR ha ayudado a más de 550 mil personas a obtener una nacionalidad.

En relación con la apatridia, el cambio climático y las migraciones, como claramente afirman Shirley Llain Arenilla y Cindy Hawkins Rada en su estudio titulado Cambio climático y migración forzada, «La apatridia se ha convertido en un riesgo inminente derivado del cambio climático, ya que el aumento del nivel del mar podría inundar, en un futuro, a los países de tierras bajas, conocidos como Estados Insulares en Hundimiento. Naciones como Las Maldivas, Kiribati, Tuvalu y las Islas Marshall ya han experimentado ejemplos de esta realidad. En estos Estados, la población ha tenido que dejar sus países como consecuencia del cambio climático, y serán apátridas cuando estos territorios dejen de existir. Aun cuando algunos autores dudan que esta situación efectivamente llegue a suceder en el corto plazo, la inhabitabilidad de ciertos territorios ya ha comenzado a provocar migración forzada: tómense en cuenta casos como el de las Islas Carteret, en donde 1 000 residentes fueron evacuados a Buganvilla, como consecuencia de la erosión e intrusión de agua salada derivados de tormentas».

Esta situación plantea un problema que no está previsto en el derecho internacional: la desaparición física de Estados. Hasta ahora «En el Derecho Internacional, la sucesión de Estados se refiere al reemplazo de un Estado por otro en la responsabilidad sobre las relaciones internacionales de un determinado territorio. Esta situación implica la transmisión —total o parcial— de derechos, obligaciones y vínculos jurídicos que antes correspondían al Estado predecesor. El nuevo sujeto internacional que asume dicha responsabilidad es denominado Estado sucesor, mientras que el que la pierde se conoce como Estado predecesor. Este fenómeno se presenta en contextos como la disolución de Estados, la descolonización, las secesiones o las unificaciones».

Como argumentan Shirley Llain Arenilla y Cindy Hawkins Rada en el estudio ya citado, la diferencia que plantea el cambio climático está en que «‘el territorio abandonado no será (no podrá) ser tomado por otro Estado’. En este sentido, el principio de presunción de continuidad de existencia como Estado no puede obviar que el territorio se vuelva inhabitable, siendo la habitabilidad una condición necesaria para la categoría de Estado. Si la población de un Estado nación con territorio inhabitable o desaparecido no cuenta con otra nacionalidad, serán apátridas de jure, además de que las dificultades de la apatridia no conciernen solamente al derecho a la nacionalidad, sino también a otros derechos que dependen del reconocimiento del individuo como ciudadano de un Estado específico».

El aumento del nivel del mar por el cambio climático obliga a reflexionar sobre una realidad en la que ya no habrá sucesión de Estados, sobre las consecuencias para sus habitantes y sobre cómo ayudarles, pero no es el único problema que causa la apatridia, ya que otros desastres naturales también lo hacen y la falta de un estatus legal de las personas apátridas las hace más vulnerables a la pobreza, la falta de vivienda, agua y comida. 

Jesse Connell, en su escrito La apatridia y el desplazamiento medioambiental, lo resume de la siguiente manera: «Las personas apátridas y los migrantes a menudo residen en refugios que son provisionales, ‘ilegales’ y en entornos que geográficamente están más expuestos al impacto medioambiental. Además, estos colectivos son especialmente vulnerables al desplazamiento medioambiental y al desplazamiento inducido por el desarrollo, debido a su frágil condición jurídica y a la facilidad con la que se les puede ‘trasladar’ sin ninguna compensación o ayuda. También existen pruebas que sugieren que ser apátrida o residir como migrante (legal o ilegal) en lugares afectados por procesos medioambientales como desastres dificulta el acceso a los servicios de ayuda».

Abogado y exdiplomático.