Un estudio de la organización independiente Socorro Jurídico Humanitario (SJH) da cuenta que la mayoría de los casi 500 reos del régimen de excepción que han muerto bajo custodia no tenían que ver con pandillas.

La violencia física encabeza las causas de muerte en las prisiones salvadoreñas en el contexto del régimen de excepción, de acuerdo con la misma fuente, que ha establecido que el «94 % de los fallecidos no eran pandilleros, en la mayoría de casos no tenían antecedentes o récord criminal y algunos casos tenían antecedente, pero no relacionadas con pandillas».

El informe indica que el 31.8 % de los casos fueron «muertes violentas», mientras que un 31.6 % de las personas habría fallecido por «falta de atención médica por enfermedades».

El documento del SJH sostiene que «en pocos casos se hizo la debida inspección ocular policial y reconocimiento por delito de ‘homicidio» y que las autoridades «a pesar de que muchos de los cuerpos presentaban señales de violencia, les colocaron el supuesto delito ‘sobreaveriguar muerte’ (para no ser contabilizados como homicidio y no ser investigados como tal, buscando encubrir a los autores)».

«En muchos casos, los cuerpos fueron entregados en ataúdes cerrados para que las familias no los abrieran; y en algunos casos mandaban a policías o a militares a los velorios, con el fin de intimidar a los parientes», agrega el informe.

A esto se suma el drama de los inocentes que han sido capturados indiscriminadamente en redadas, como los 8,000 que el gobierno ha reconocido y que tuvo que dejar en libertad habiéndolos mantenido hasta meses tras las rejas.

Estas cosas no pueden calificarse simplemente como «daños colaterales» y no pueden seguir sucediendo.

En su reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el presidente Bukele habló de que siempre se priorizan los derechos de los detenidos y reconoció «que los tienen», pero lamentó que se subestiman los de las víctimas, que ha sido blanco de bombas, violadas, mutiladas, asesinadas o descuartizadas.

En esto volvemos a un punto: se debe hacer justicia, la sangre de tanta víctima y sus familias «cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos» como diría San Romero, lo exige, pero no sacrificando a inocentes y mucho menos la libertad y los derechos de un país.

«¿Destruirán también al justo con el impío?», como preguntó Abraham

«El fin no justifica los medios», dice el principio ético e insisten las iglesias cristianas –católicas y protestantes– y organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos ante la crueldad e impunidad de las redadas, que ya cobraron dos víctimas mortales y otras 30 en los centros de detención.

Mucha gente juzga a priori o de una manera simplista lo que refleja una reacción natural a lo que, como en el Dante, expone un infierno y las almas confinadas en él, culpables o inocentes. Las encuestas dicen que a muchos salvadoreños no les importa que se cometan injusticias al amparo del régimen de excepción hasta que sus familias o ellos mismos se ven afectados. «Si están ahí es porque algo deben», dirán algunos, sin pensar que no todos pueden ser culpables y no hay forma de saberlo en vista de que se han prolongado los plazos para llevarlos a juicio.

Nadie juzga con tanta dureza hasta que sus familiares o amigos o él propio se encuentran en el mismo suplicio e injustamente.

El problema de las pandillas no es fácil ciertamente. Hasta ahora no ha sido resuelto, sino que está contenido, «guardado». ¿Qué sucederá el día que tengan que salir libres?

Una vez un pastor evangélico relató que le ofrecieron un terreno de varias manzanas para construir un centro de rehabilitación de pandilleros, pero no accedió porque consideró que él podía trabajar con unos 400 y para entonces ya eran 60,000 con sus familias.

Las autoridades han dicho que «nunca saldrán libres», pero ¿qué sucederá al final con esa generación perdida?

No se trata de abogar por torvos criminales ni justificar sus crímenes, sino de darle paso a la justicia, a la razón y al sentido humano.