NOTA DEL DÍA

La niñez salvadoreña se encuentra en una encrucijada histórica. Los datos recientes del censo y de las encuestas nacionales confirman que El Salvador es un país joven —con poco más de 6 millones de habitantes según el Censo 2024— y que las políticas públicas que diseñemos hoy determinarán si esa generación alcanza o pierde su potencial. Cuidado emocional y afectivo, educación, nutrición, salud, profilaxis, son temas claves para pensar el futuro de la niñez.

Desde la neurociencia sabemos que los primeros años de vida son decisivos para la construcción cerebral: durante la gestación y la primera infancia se forman millones de conexiones neuronales y la calidad de las interacciones, la nutrición y la protección frente al estrés moldean la arquitectura cerebral. Esa plasticidad cerebral —la capacidad del cerebro para fortalecerse, adaptarse o debilitar conexiones en respuesta a la experiencia— ofrece una ventana de oportunidad para la intervención temprana, pero también una ventana de vulnerabilidad si las condiciones son adversas. En términos prácticos, esto significa que programas de cuidado parental, salud materno-infantil, estimulación temprana y protección social no son gasto sino inversión sobre la base biológica del aprendizaje y la salud mental. 

Las redes sociales, el teléfono móvil o pantallas y los videojuegos están impactando significativamente en la vida de los niños (as), sustituyendo el juego cooperativo, el juguete, la imitación y las habilidades imprescindibles de motricidad fina y gruesa, con serias implicaciones en la sociabilización. En un estudio desarrollado en 2022 y 2023 con la Universidad de Notre Dame, se descubrió un fenómeno adicional: «la sobre representación de expectativas»; es decir, niños (as) de comunidades desfavorecidas y pobres están diseñando en su mente un mundo irreal asociado a las redes sociales, el cual más tarde generará frustraciones en la adolescencia y juventud.

En el plano educativo, la evidencia nacional muestra brechas persistentes en la cobertura de primera infancia y educación parvularia. La transición a la educación primaria mejora cobertura, pero seguimos viendo desigualdades por departamento, condición socioeconómica y zona rural-urbana que reproducen desventajas tempranas. La calidad educativa —docencia, infraestructura, material didáctico y vinculación con la familia— es crucial para transformar la plasticidad infantil en capacidades sostenibles. Programas integrados que combinen nutrición, salud y estimulación pedagógica en los primeros años obtienen mejores resultados que intervenciones aisladas; coopera además el fortalecimiento de la formación docente en neurodesarrollo y prácticas de aula basadas en evidencias. (Fuentes técnicas en educación y neurociencia reiteran este punto). 

La niñez es una etapa crucial para el desarrollo físico, emocional e intelectual de una persona, y durante este periodo las vacunas juegan un papel fundamental en la protección de la salud. La inmunización en los primeros años de vida ayuda a prevenir enfermedades graves como sarampión, poliomielitis, tos ferina y tétanos, que en el pasado causaban altas tasas de mortalidad infantil. Vacunar a los niños no solo los protege a ellos, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación de enfermedades en la comunidad. Por ello, seguir el calendario de vacunación recomendado por las autoridades de salud es una de las formas más efectivas de garantizar un crecimiento sano y prevenir brotes de infecciones evitables.

La nutrición en la niñez es determinante para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el bienestar general de los niños. Una alimentación balanceada, rica en proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos de calidad, favorece un sistema inmunológico fuerte, un adecuado desarrollo cerebral y un buen rendimiento escolar. La desnutrición, en cambio, puede provocar retrasos en el crecimiento, dificultades de aprendizaje y mayor vulnerabilidad a enfermedades, mientras que el exceso de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de obesidad y problemas metabólicos. Garantizar el acceso a alimentos nutritivos, educación alimentaria y entornos saludables es una inversión esencial en el futuro de la sociedad.

Sin embargo, la niñez salvadoreña enfrenta amenazas concretas: el trabajo infantil y las consecuencias del régimen de excepción que derivaron en masivas detenciones. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), los registros más recientes muestran que decenas de miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil; informes oficiales y observatorios registraron alrededor de 70,000 menores en condiciones laborales en 2023 y 2024, con una tasa de incidencia situada en cerca del 5.4% ese año. Esa realidad no solo violenta derechos, sino que rompe los ciclos de aprendizaje y pone en riesgo la salud física y mental de la infancia. 

La relación entre trabajo infantil y privación de oportunidades es directa: cada hora dedicada al trabajo resta horas de juego, descanso y estudio; la exposición a ambientes laborales peligrosos o explotadores incrementa el estrés tóxico, con efectos negativos sobre la regulación emocional y la concentración, dos pilares del aprendizaje. Políticas combinadas —transferencias condicionadas, ampliación de educación inicial de calidad, inspección laboral efectiva y rutas locales de protección— son necesarias para reducir la prevalencia y transformar contextos comunitarios. Aquí la EHPM ofrece el termómetro que permite focalizar intervenciones y medir avances. 

En los años 90 el programa OIT-IPEC abordó el problema de las peores formas de trabajo infantil (corta de caña, pesca de curil, hurgar basura, prostitución, etcétera); en ese momento más de 212,000 niños (as) trabajaban inclusive en otras condiciones menos peligrosas. Al 2024, según la EHPM, 70,171 niños (as) trabajaban, entre las edades de 5 a 17 años. Se ha mejorado, pero no es suficiente, pese a la intensidad de las políticas de primera infancia y nuevos marcos legales (Crecer juntos).

Impacto social y psicológico

Otra dimensión urgente es el impacto social y psicológico sobre los hijos e hijas de adultos detenidos en el marco del estado de excepción. Informes de organismos internacionales y de derechos humanos han documentado detenciones masivas, condiciones carcelarias preocupantes y efectos colaterales sobre familias enteras: niños que pierden la protección económica del hogar, que experimentan estigmatización o que quedan bajo cuidado informal sin suficientes redes de apoyo. La ausencia prolongada de uno o ambos progenitores, la incertidumbre jurídica y las condiciones de pobreza subsecuentes aumentan el riesgo de pérdida de escolaridad, desnutrición y problemas de salud mental. Estas consecuencias exigen respuestas multisectoriales: desde protección social ampliada hasta programas psicosociales dirigidos a menores afectados. 

No podemos olvidar que las cifras permiten también orientar la acción: el Censo 2024 y la EHPM son herramientas indispensables para identificar dónde están los niños y con qué condiciones (vivienda, acceso a servicios, distribución por edad y departamento). Utilizar esos insumos para priorizar inversión territorial —especialmente en departamentos y municipios con mayor pobreza infantil— maximiza la eficacia de los recursos. 

Una editorial responsable debe terminar con propuestas claras. Primero, priorizar la primera infancia con políticas transversales (salud, nutrición, educación inicial, apoyo a familias) porque la ciencia demuestra que ahí se generan los mayores retornos sociales. Segundo, reforzar las redes locales de protección y los programas que acompañan a niños y niñas afectados por la encarcelación de sus padres; esto incluye asegurar escolaridad continua, apoyo psicológico y acceso a servicios básicos. Tercero, reducir el trabajo infantil a través de medidas que combinen incentivos económicos a hogares vulnerables y control del empleo ilegal de menores. Cuarto, hacer del Censo y la EHPM instrumentos vivos: financiamiento para recolección de datos periódica, desagregada y de fácil acceso para gestores locales. Finalmente, garantizar que cualquier medida de seguridad pública respete derechos humanos y minimice impactos sobre la infancia: la protección del menor debe ser criterio primario en la adopción de políticas extraordinarias. 

La niñez salvadoreña merece políticas informadas por la ciencia y por los datos. Invertir en oportunidades tempranas, proteger a quienes quedan vulnerables por crisis legales o económicas y eliminar las causas estructurales del trabajo infantil es la mejor apuesta para transformar la plasticidad cerebral en ciudadanía, aprendizaje y futuro compartido. El reto es grande; el costo de la inacción, mayor.