Lo peor que le puede pasar a El Salvador es seguir perdiendo cobertura arbórea de manera acelerada, teniendo una extensión territorial en desventaja y opciones limitadas de jugadas en el ajedrez climático.

Cualquiera enciende una motosierra y tala un árbol en su casa, sin pedir permiso, pasando por encima de la autoridad, que no ejerce mayor control sobre esa mala acción. En artículos anteriores he fijado postura de que los árboles en la capital no son meramente ornamentales, sino bienes públicos, por lo que aportan ambientalmente. Por eso, es necesario que las autoridades entiendan que hay que proteger los remanentes de zonas verdes que aún quedan —que aún son vulnerables—, cuantificando lo que estas zonas verdes del país aportan en captura de carbono, certificándolas y creando un inventario de carbono metropolitano. El plan piloto podría iniciar con el Parque Infantil y el Parque Cuscatlán, que son auténticos pulmones verdes de San Salvador.

El Salvador perdió alrededor de 87,000 hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2025. Esto equivale aproximadamente al 9 % de toda la superficie forestal que el país registraba al inicio de este siglo (Global Forest Watch / GFW).

La tendencia se ha intensificado en los últimos años. Una porción alarmante de esas pérdidas —13,000 hectáreas— ocurrió en un corto período comprendido entre 2019 y 2025. El 96 % de la desaparición arbórea registrada recientemente afectó directamente a los bosques naturales, que son los ecosistemas más cruciales para la biodiversidad y la recarga hídrica (según una nota de este prestigioso medio de comunicación).

Siempre siguen siendo tres las causas del in crescendo de la deforestación:

• Crecimiento de la construcción: acelerado crecimiento de proyectos residenciales, comerciales y turísticos en zonas vulnerables. Recientemente, construcciones e intervenciones en áreas de valor ecológico, como en la finca El Espino y en los alrededores del lago de Coatepeque, han estado en el centro del debate público (según una nota de este prestigioso medio y EDM).
• La expansión agrícola: conversión de los suelos forestales para actividades agropecuarias, permanentes o de subsistencia (GFW).
• Según la Ley Forestal actual, se regula el aprovechamiento de bosques naturales mediante planes de manejo aprobados por el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y se prohíbe el cambio de uso de suelos de las clases VI, VII y VIII cubiertos de árboles. Por otra parte, el MARN utiliza una categorización ambiental en la inspección del sitio para determinar el nivel de impacto de determinados proyectos.
• Un FFA (Filtro Forestal Ambiental) es necesario: un filtro de ubicación que antes identifique cobertura arbórea existente, áreas de bosque, zonas de recarga hídrica, riberas y nacimientos, pendientes pronunciadas, áreas naturales protegidas o de importancia ecológica y conectividad entre fragmentos de bosque. También debería contemplar un inventario obligatorio de árboles (especie, diámetro, ubicación, estado fitosanitario, valor ecológico, etc.) y recordar que la compensación no debería convertirse en un mecanismo para comprar el derecho a deforestar.
• Un filtro económico para el desarrollador: se debería incorporar un costo ambiental de la pérdida forestal, calculando número y tamaño de árboles, edad aproximada, servicios ecosistémicos, ubicación, pérdida de sombra, captura de carbono, protección del suelo y regulación hídrica. El MARN ya utiliza el concepto de fianza de cumplimiento ambiental en sus procedimientos.
• El Salvador perdió 87,000 hectáreas de cobertura arbórea en el período 2001-2025. Hay que construir —e invito a las ONG, organizaciones ambientales e instituciones a sumar esfuerzos y hacerlo— el Balance Nacional de Pérdida de Cobertura Arbórea y Carbono 2001-2025, calculando: hectáreas perdidas, toneladas de CO₂e asociadas, toneladas de CO₂ que dejaron de capturarse, pérdida de regulación hídrica, fragmentación de ecosistemas y zonas críticas por departamento/municipio.
• Documentar en una sólida Mesa Ambiental cuántas toneladas de CO₂ tendría que capturar El Salvador mediante una restauración forestal para compensar solamente la pérdida ocurrida entre 2001 y 2025.
• Otorgamiento masivo de permisos: organizaciones locales señalan un promedio preocupante de más de tres autorizaciones ambientales aprobadas por día calendario en años recientes, lo que facilita el avance de la infraestructura sobre los bosques (nota de este medio digital).

Antes de que nos convirtamos en un Haití, se deberían cambiar varios mecanismos que eviten acelerar la deforestación, entre ellos, el enfoque de la tramitología. Que la tala no sea el último problema que se revisa dentro de un permiso, sino un filtro ambiental previo que determine si el proyecto puede avanzar.

Especialista en Huella de Carbono y Cambio Climático