Crece la expectación entre los trabajadores salvadoreños por la reforma al sistema de pensiones requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para darle al gobierno un financiamiento de 1,400 millones de dólares.

Los comentarios de los especialistas van desde que se impropondrá un aumento de la edad y tiempo de jubilación, así como que se incrementará la cuota de aportación, de lo cual no se ha sabido nada.

Algunos creen que por ahora sólo aumentará la aportación de los empresarios y dejará el aumento de edad y tiempo de servicio para después de las elecciones por razones obvias.

Lo cierto es que el gobierno tenía como plazo este 10 de febrero para presentar la reforma a la Asamblea, pero hasta ahora no se ha confirmado que haya sucedido.

El problema estriba en que sucesivos gobiernos no respetaron el compromiso de establecer un sistema de ahorro previsional netamente, en el que cada trabajador tuviera su cuenta individual y podría disponer de su dinero por cuotas al retirarse.

En lugar de esto lo convirtieron en una especie de «cuchubal» y le metieron la obligación de sufragar las pensiones del viejo sistema estatal con un interés simbólico para luego darse a la tarea de sacarle cuanto pueden vía préstamos sin pagar intereses por cuatro años.

Muchos recuerdan a un ministro obeso e indolente, reacio a pagar el interés justo, incluso pese a que la Corte Suprema lo ordenó, de la misma forma que él mismo libraba de culpas a su jefe en público «por haber encontrado la manera de no pagar intereses» al mismo Estado en una transferencia de millones de dólares.

Según informes oficiales, la deuda del gobierno con los fondos de los trabajadores era de más de 11,241 millones de dólares hasta diciembre pasado.

El gobierno ha ido disponiendo de los fondos sin tomar en cuenta que no son su «caja chica», sino recursos para asegurar un retiro aceptable para quienes los han acumulado por décadas. Es decir, más que una garantía de una pensión aceptable para la vejez, el sistema se ha convertido en un financista del Estado

Los trabajadores temen que se termine sacando todo el dinero y al final quieran pagarles con vales o simplemente «ni la mano les van a dar», como decía el dirigente sindical Ricardo Soriano, de grata recordación.

Soriano, quien murió víctima de la pandemia en 2020, advertía que el manoseo y saqueo de fondos llevaría al colapso del sistema y que no quedará un penique para distribuir a las personas que vayan jubilándose, lo que en el caso de cotizantes con enfermedades crónicas o limitaciones físicas conducirá a cuadros conmovedores, como los que se han venido dando en naciones africanas donde muchísima gente y sus hijos se mueren literalmente de hambre.

Nada garantiza el futuro de los ahorrantes

La última reforma que se hizo sólo permitió al Estado tener más campo de acción para disponer de los recursos, pero nada garantiza el futuro para los ahorrantes.

De hecho, se teme el agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria, el fondo común que cubre a quienes ya no tienen dinero en sus cuentas, además de que las pensiones son mínimas y no hay esperanzas de aumentos.

En conjunto, la deuda previsional representa alrededor del 73% de los fondos administrados por las AFP, equivalentes a 11,564 millones de dólares, según el BCR. De cada 10 dólares que uno cotiza, más de 7 están «prestados» al «Estado».

El mismo FMI ha advertido que el 89 % de los activos está invertido en deuda pública, ya sea de forma directa o indirecta a través del sistema financiero, lo cual limita la rentabilidad y aumenta el riesgo del sistema.

La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna ha propuesto que la edad de retiro se mantenga en 60 años para hombres y 55 para mujeres y que se hagan aportaciones de acuerdo con un nuevo esquema.

Lo más importante es que se respete el dinero de cada quién y que los fondos de los trabajadores dejen de ser la «caja chica» para que despilfarren los políticos sin rendir cuentas a nadie.