El examen del primer año de gobierno provee indicadores sobre aciertos, desatención a problemas crónicos, errores propios, y exhibir así opciones de rectificación al gobernante, la oposición y la sociedad civil. La evaluación de la administración de turno en una potencia mundial comprende decisiones en política exterior y su impacto en el sistema internacional.

Es complicado imaginar al presidente Donald Trump para el 20 de enero de 2026, pues su retorno a la Casa Blanca como criminal convicto por decenas de delitos federales configuró política y éticamente su ejercicio. El caso Epstein es un tifón que no se disipa para él y su entorno de amistades, socios empresariales y aliados políticos. No menos grave, la retórica y la actividad antidemocrática que materializó en su primer gobierno. 

Sus promesas no eran menos contradictorias e inconstitucionales. Tan sólo su proyecto de expulsar a millones de extranjeros -la mayoría honrados y trabajadores- era imposible que no vulnerara los derechos civiles de víctimas y familiares, y que no se instalara un clima de odio y terror en EE. UU. 

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) anunció a finales de octubre que 527 mil migrantes fueron deportados y millón y medio se habrían deportado por cuenta propia, totalizando más de dos millones de personas. El informe del DSN obvió casos colectivos e individuales de abominables abusos como el contrato CECOT con el régimen de Nayib Bukele y el maltrato inhumano contra el salvadoreño Kilmar Abrego. La última amenaza del DSN: expulsar a Abrego a una nación africana.

El colapso de Trump no requirió un año. Se burló de los millones de manifestantes en las jornadas No Kings («No a los Reyes»). En 9 meses, elevó su desaprobación encima del 60%. CNN situó el rechazo en 63%, el cual va desde la condena a la draconiana política migratoria por la que no votaron hasta el costo de alimentos y víveres que subió, no disminuyó. Fox News reportó que 6 de cada 10 encuestados atribuyen esa alza a Trump debido al pésimo manejo de la economía y su agresión arancelaria contra el resto del mundo. Respecto a estos aranceles que por cierto afectan las exportaciones salvadoreñas, en las audiencias de la Corte Suprema está imponiéndose el fundamento constitucional de que la fijación de aranceles son potestad del Congreso -y no de la Casa Blanca- porque son impuestos que paga el contribuyente estadounidense.

Trump es identificado en los sondeos tras el 4 de noviembre como la causa principal para la victoria de varios candidatos demócratas. A mi juicio, la derrota más emblemática -no es New York- fue por la gobernación de Virginia donde la candidata de Trump, militante del ultraderechista CPAC, Winsome Earle, fue vencida por la demócrata Abigail Spanberger quien enarboló la lucha contra los recortes de fondos federales en salud y educación, y la defensa de los funcionarios federales despedidos por Trump. Spanberger recibió más del 55 % de votos para convirtirse en la primer mujer gobernadora de Virginia.

Ante este proceso, mis colegas en política internacional han sido perspicaces. Suzanne Nossel, del Chicago Council of Global Affairs, sugiere la tesis de que Trump actúa en geopolítica en «tiempo real», sin doctrinas ni orientaciones normativas, con desprecio al Derecho Internacional. Un enfoque impropio para un líder estadounidense, que puede eventualmente producir aciertos, pero condenado a generar más problemas que soluciones como la veleta interminable con el tirano ruso Putin, confundir cese al fuego con proceso de paz en su mediación en Gaza y el Medio Oriente, y simplificar el combate al narcotráfico al gran poder militar de EEUU para estallar lancheros en el Caribe y el Pacífico, sin ofrecer pruebas, evidencias, de culpabilidad. 

El derrumbe de Trump arrastra a sus amigos de ahora, que mañana pueden dejar de serlo: a los onerosos como el argentino Milei quien puede ver en peligro el rescate de Trump por US$ 40 mil millones, salvavidas muy criticado aún en las filas MAGA; y los baratos como Bukele, dependiente de un contrato carcelario y colaborar con aviones que parecen protagonizar los ataques contra lancheros, en aras de recuperar líderes mareros que Bukele mismo excarceló. El 6 de noviembre, The New York Times reveló que tres naves han realizado misiones utilizando nuestro aeropuerto en Comalapa. El periodista Riley Mellen identificó un AC-130J Ghostrider diseñado para disparar misiles contra objetivos en tierra o mar, una nave de reconocimiento de la Marina, y «un avión de la Fuerza Aérea pocas veces visto y sin distintivos». Este escenario me recuerda la conspiración Irán-Contra de los Ochenta cuando la base militar de Ilopango sirvió para actividades ilegales del gobierno estadounidense contra sus enemigos en la región durante los últimos estertores de la Guerra Fría en Centroamérica. Una complicidad que hundió internacionalmente a El Salvador de entonces.

Esto hoy. ¿Y cuando cumpla el año?