Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier protesta. Silencios que no nacen de la paz, sino del miedo; no de la prudencia, sino de la resignación. Cuando una sociedad aprende a callar frente a las injusticias, no porque no la vea, sino porque ha decidido tolerarla, ha comenzado a transitar un camino peligroso: el de la normalización del abuso. En ese punto, la violencia ya no necesita armas ni amenazas; se ejerce desde el aplauso, desde la burla, desde la indiferencia cómoda de quienes repiten que «son daño colateral» mientras otros pierden su libertad, su nombre y su dignidad.

El Salvador vive hoy ese dilema moral profundo, uno que no se mide en estadísticas de seguridad ni en discursos triunfalistas, sino en la capacidad —cada vez más erosionada— de conmovernos ante el sufrimiento ajeno. No estamos ante un simple debate político ni frente a una discusión jurídica técnica. Estamos ante una crisis ética y espiritual que ha dividido a la sociedad salvadoreña entre quienes creen que la justicia puede sacrificarse en nombre del orden y quienes insistimos en que ningún orden es legítimo si se construye sobre la negación de la presunción de inocencia.

La violencia estructural no siempre se manifiesta con sangre en las calles; a veces se manifiesta en la facilidad con la que se acepta que un inocente pase meses o años encarcelado, mientras la sociedad mira hacia otro lado o, peor aún, celebra. Durante años, el país vivió bajo el terror real de las pandillas. Ese dolor no es imaginario ni exagerado; está inscrito en la memoria colectiva de madres que enterraron hijos, de niños que crecieron con miedo, de comunidades enteras sometidas por la extorsión, la amenaza constante y la muerte. Negar esa historia sería deshonesto y ofensivo para quienes la sufrieron en carne propia.

Pero una cosa es recordar el dolor para buscar justicia, y otra muy distinta es usar ese dolor como licencia moral permanente para suspender derechos, anular la presunción de inocencia y justificar abusos. Porque una cosa es perseguir al culpable con pruebas, y otra es castigar al sospechoso sin ellas. Una cosa es proteger a la sociedad, y otra es sacrificar al inocente para tranquilizar conciencias. Una cosa es hacer justicia a las víctimas del pasado, y otra muy distinta es producir víctimas nuevas desde el peso punitivo del Estado. Cuando el sufrimiento causado por las pandillas se convierte en excusa para endurecer el corazón colectivo.

La sociedad no avanza hacia la justicia: se desplaza hacia otra forma de violencia, más silenciosa, más sofisticada y por ello más peligrosa. No es menos grave; simplemente no hace ruido. No deja cadáveres visibles en la calle, pero deja familias rotas, niños sin padres, madres envejecidas por la angustia y esposas marcadas por el estigma social. Hoy se ha instalado una narrativa tan cómoda como destructiva: todo detenido es pandillero; todo encarcelado merece estarlo; y toda voz que exige legalidad, pruebas y debido proceso es automáticamente sospechosa.

Bajo esa lógica, quienes alzamos la voz por los detenidos injustamente somos tildados de «defensores de pandilleros», de «olvidar el dolor del pasado» y de «ponernos del lado del mal». No se discuten argumentos; se reparten etiquetas. No se analizan casos; se generalizan culpas. El pensamiento jurídico se vuelve traición, y la compasión, una debilidad moral. La ironía es dolorosa. Defender la presunción de inocencia no borra los crímenes cometidos por las pandillas ni minimiza el sufrimiento de miles de salvadoreños. Lo que hace es impedir que el Estado, en nombre de la seguridad, reproduzca la injusticia.

Porque detrás de cada detención injusta no hay solo un expediente: hay una madre que pasa noches sin dormir preguntándose cómo explicar a sus vecinos que su hijo no es un criminal; hay niños y niñas que crecen sin un padre, no porque éste haya cometido un delito probado, sino porque fue capturado por una llamada anónima, por la malicia de alguien que mintió o por la ligereza de un agente que «pensó que era sospechoso». El dolor de una madre cuyo hijo es detenido injustamente no es un daño colateral. Es un sufrimiento constante, humillante y silencioso.

Es hacer filas interminables para llevar un paquete, soportar miradas acusadoras, escuchar cómo otros celebran la desgracia ajena con frases como «algo habrá hecho». Es saber que su hijo es inocente y descubrir, con crudeza, que la verdad importa menos que la narrativa dominante. Ese dolor no aparece en estadísticas ni en informes oficiales, pero existe y clama. Del mismo modo, el dolor de un hijo o una hija que crece sin su padre por una detención injusta es una herida profunda. Es la ausencia en la mesa, el silencio en los actos escolares, la pregunta que nadie sabe responder: «¿Por qué se llevaron a mi papá?».

Ese niño no entiende de políticas públicas ni de estrategias de seguridad; solo entiende que alguien arrancó a su padre de su vida sin justicia. Normalizar ese dolor es una forma de crueldad social. Y qué decir del sufrimiento de una esposa que ve a su esposo capturado por el mal corazón de una persona que hizo una llamada falsa, por una venganza personal o por un agente que actuó sin verificar. Esa mujer no solo pierde compañía y sustento; pierde tranquilidad, dignidad y seguridad emocional. Pasa de un día para otro de ser esposa a ser sospechosa por asociación. Su dolor se vuelve invisible porque no encaja en el relato heroico que algunos prefieren repetir.

Frente a estas realidades humanas, la respuesta social ha sido, en demasiados casos, la indiferencia o incluso la saña. Se ha aprendido a deshumanizar al detenido injustamente, a reducirlo a una etiqueta, a negar su condición de persona. Esta actitud se ve reforzada por un hecho incómodo que muchos prefieren ignorar: las mismas autoridades del Estado salvadoreño han reconocido públicamente que más de 8,000 personas han sido liberadas tras haber sido encarceladas injustamente, y han afirmado que seguirán saliendo más, porque existe un margen de error, un daño colateral. No es una denuncia marginal ni una teoría conspirativa; es un reconocimiento oficial.

Ante ese reconocimiento, cabría esperar reflexión, corrección y empatía. Sin embargo, lo que predomina es la resignación: «es el precio a pagar». Esa resignación es el núcleo de la violencia estructural. Cuando una sociedad acepta que el inocente encarcelado es un costo razonable, ha cruzado una línea peligrosa. Desde la perspectiva bíblica, esta actitud no es neutra ni comprensible; es condenable. La Escritura es clara: «El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová» (Proverbios 17:15). No hay excepciones contextuales ni justificaciones emocionales. Condenar al inocente es tan grave como absolver al culpable.

Desde el punto de vista jurídico, el problema es igualmente grave. La presunción de inocencia no es un tecnicismo; es la piedra angular del Estado de Derecho. Cuando se normaliza su desconocimiento, el poder punitivo del Estado se vuelve arbitrario. Hoy afecta a quienes nadie defiende; mañana puede alcanzar a cualquiera. La historia jurídica demuestra que los Estados que sacrifican garantías en nombre de la eficacia terminan erosionando la confianza social y produciendo más injusticia de la que dicen combatir. Alzar la voz frente a esta realidad no es defender delincuentes; es defender principios.

Es recordar que la justicia no se mide por aplausos ni por popularidad, sino por legalidad y humanidad. La Biblia lo expresa sin ambigüedad: «Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos» (Proverbios 31:8). Que no perdamos la capacidad de llorar con los que lloran. Que no perdamos la valentía de llamar injusticia a la injusticia. Y que no dejemos de orar, como Iglesia, por todos los que hoy sufren detención injusta, confiando en que el Señor Jesucristo, justo juez, no olvida al inocente ni desprecia el clamor del afligido.

Abogado y teólogo.