El Salvador cerró 2025 con un dato que conviene leer con calma. En el año se registraron 16,051 personas deportadas en total, un incremento de 7.1 % respecto a 2024. Y si se mira únicamente el retorno desde Estados Unidos, las cifras también describen un cambio moderado: 14,794 retornados en 2025 frente a 14,189 en 2024, es decir, 605 personas más, alrededor de 4 %. No estamos, por tanto, ante una «deportación masiva» en términos de volumen. La clave de 2025 no es el tamaño del número, sino la caracterización de la población que está retornando.

Lo que sí marca el año es el cierre acelerado. En el último trimestre —octubre a diciembre— el retorno superó los 5,000 casos, cuando en trimestres anteriores se observaban cifras cercanas a los 3,000. Ese patrón no solo habla de tendencia, sino de ritmo operativo: más capacidad, más coordinación, más remociones concentradas en un periodo corto. Y un detalle complementario ayuda a entender el contexto: se registraron 175 vuelos de deportación desde Estados Unidos en 2025. Pero vuelos no equivalen a personas; los vuelos miden operaciones, logística, intensidad. Las personas miden impacto humano.

Ahí está el corazón del debate: el perfil del retornado que se está consolidando. Cada vez hablamos menos de personas interceptadas en tránsito y más de personas removidas desde el interior de Estados Unidos. Personas que tenían años —a veces décadas— viviendo allá. Muchos salieron de El Salvador jóvenes, con 19 o 25 años, en el mejor momento de su energía laboral. Allá trabajaron en sectores que no solo sostienen economías locales, sino que han moldeado territorios enteros: construcción, agricultura y actividades agroindustriales, servicios y múltiples oficios que mantienen en pie la vida cotidiana de muchas ciudades.

El resultado es una ironía difícil de ignorar: durante años, Estados Unidos recibió la fuerza de trabajo joven de nuestra gente y hoy devuelve a una parte de esa población en edades de 50, 60 años o más, muchas veces con desgaste físico acumulado, con padecimientos crónicos y con necesidades de atención médica que no se resuelven con un simple «bienvenido a casa». El retorno deja de ser un asunto administrativo y se vuelve un desafío social: salud, empleo en edades tardías, reunificación familiar, salud mental y reintegración comunitaria.

Esto abre una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿quién paga el costo social del retorno de una población que aportó décadas de trabajo al desarrollo de otro país? El Salvador necesita fortalecer su respuesta —recepción digna, atención psicosocial, rutas laborales, formación y acceso a servicios—, pero también se impone una discusión de responsabilidad compartida. Si la economía estadounidense se benefició de manera estructural de esa mano de obra, ¿por qué no avanzar hacia acuerdos que reconozcan ese aporte y apoyen, al menos parcialmente, la reintegración y la atención en salud de quienes retornan?

En 2025 los números no gritan «deportación masiva». Pero el perfil del retornado sí anuncia una transformación profunda: estamos recibiendo, cada vez más, a personas que ya habían construido una vida completa en Estados Unidos. Y esa es la discusión de fondo: no cuántos regresan, sino quiénes regresan, en qué condiciones y qué país estamos preparados —o no— para ofrecerles cuando vuelven.