En marzo de 1964, Guillermo Manuel Ungo, entonces joven docente de derecho en la Universidad de El Salvador, publicó en “Vida Universitaria” un artículo titulado “La insurrección en el derecho constitucional salvadoreño”. Discutía sobre cómo la constitución de 1962 planteaba el derecho de insurrección. Ungo aceptaba la validez del derecho de insurrección por violación expresa de la constitución (alternabilidad en la presidencia de la república). Ese derecho abarcaba al pueblo en general. Ungo reconocía que este podía tener la voluntad y la razón, pero difícilmente tendría los recursos y las capacidades para hacerlo. Incitar al pueblo a la insurrección puede ser irresponsable si no se le dan los medios para lograrlo.

El artículo 7 de la Constitución de 1962 decía: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, lo mismo dice el artículo 87 de la actual. Según Ungo, ese derecho no atañe directamente al pueblo, que no tiene los medios para hacerlo valer, sino “a esa institución que se supone es representativa del pueblo”. Esa institución es la Fuerza Armada; y añadía “Sería absurdo concluir que se puede obligar al verdadero titular de la soberanía, el pueblo, a realizar algo que tal vez no pueda materialmente poner en ejecución”.

¿Por qué razón, Ungo interpelaba directamente a la Fuerza Armada? Porque reconocía una realidad fáctica: desde 1931, la Fuerza Armada había asumido un protagonismo en la política nacional, como bien claro lo dejaban ver los discursos Maximiliano Hernández Martínez. Este sostenía que la estabilidad y progreso del país requerían del concurso de dos actores: la fuerza armada en el ámbito político y el capital en el económico; cada uno debía respetar el campo del otro, lo cual no impedía consultas y acuerdos.

Martínez perdió el apoyo de una parte importante del ejército cuando violó la constitución de 1886 para reelegirse; vale decir que esta fue la primera que reconoció el derecho de insurrección. Hubo varios conatos de golpes de estado; el más conocido es el de abril de 1944, ahogado en sangre por el dictador. Martínez cayó, no por un golpe militar, sino por un paro cívico. No obstante, un sector importante de los militares se movilizó en defensa del orden constitucional.

El papel político del ejército quedó manifiesto con la revolución de 1948 y se acrecentó a lo largo de las décadas de 1950 y 1960; los militares acompañaron — cuando no determinaron —, el rumbo de los gobiernos del PRUD y del PCN. En una complicada mezcla de autoritarismo y reformismo se impulsaron importantes cambios en el país. Lo poco que el país tuvo de Estado de bienestar se construyó en esos años. Vale decir que también se lograron altos niveles de crecimiento económico, al menos muy superiores a los posteriores, incluyendo los presentes.

Lo anterior abre espacio para una discusión quizá incómoda, pero necesaria. Hay una tradición de participación directa de la Fuerza Armada en la política; y esto no es negativo per se. Podría afirmarse que desde mediados del siglo XX en la oficialidad castrense había inquietudes políticas; una interesante, pero problemática combinación de ideales republicanos y modernizantes con las tentaciones autoritarias y el riesgo siempre presente de ser seducidos por las mieles del poder. Y no se pueden obviar los encuentros y desencuentros con el capital. Basta leer los escritos de los coroneles Mariano Castro Morán y Arnoldo Majano para constatarlo.

Quizá el obstáculo insalvable fue el tema de la democracia. Para finales de la década de 1960 e inicios de la siguiente, el país vivía una democracia peculiar. En 1963 se introdujo la representación proporcional en la Asamblea Legislativa; en adelante, la oposición no solo ganó diputaciones, sino que ganó las alcaldías de importantes ciudades. Parecía factible que la oposición pudiera ganar la presidencia. Así se explicaría la candidatura de Fabio Castillo en las presidenciales de 1967, y la formación de la Unión Nacional Opositora que llevó como candidato a la presidencia a José Napoleón Duarte en 1972. Sin embargo, ciertos grupos, incluyendo a algunos en la FAES no estaban dispuestos a llevar los cambios hasta ese punto.

De 1972 en adelante, el país cayó en una escalada de conflictividad política que inexorablemente nos llevó a la crisis que desencadenó la guerra civil. Para entonces, los impulsos reformistas y democráticos de la FAES habían sido neutralizados por una tendencia autoritaria y conservadora. El golpe de estado del 15 de octubre de 1979 dejó el descontento y preocupación existente en la oficialidad joven con el estado de cosas. Este grupo no solo depuso al presidente Romero, sino que propuso un programa de reformas pensado como medidas in extremis para evitar la inminente guerra civil, pero perdieron el control de proceso en cuatro meses. Por cierto, Ungo fue miembro de la primera Junta de Gobierno.

Los acuerdos de paz de 1992 pretendieron sacar a la Fuerza Armada de la política; la medida tenía sentido considerando lo ocurrido en el país en las últimas dos décadas. Para ello hubo que reformar la constitución de 1983. Por un tiempo, los militares regresaron a los cuarteles y acataron la autoridad de presidentes civiles. Volvieron a las calles para apoyar a la policía en el combate a la delincuencia. En un primer momento el FMLN lo vio con recelos, pero cuando estuvo el gobierno incluso aumentó la participación de militares en labores de seguridad.

Quitar a los militares su injerencia en la política fue en principio positivo, a condición de entender el problema de manera muy acotada. La Fuerza Armada puede incidir en la política de diversas formas. Una cosa es la acción directa y evidente, tal y como se hizo después de 1948. Esta tendencia llegó al extremo de que los candidatos del PCN a la presidencia se escogían en asambleas de oficiales, tal y como lo relatan algunos oficiales que participaron en ellas.

Pero la Fuerza Armada también juega un papel político por omisión, cuando sucede un hecho que trastoca el orden constitucional y “aparentemente” se mantiene al margen. En los últimos siete años hemos visto varios casos. En apariencia, el silencio castrense parece apoliticidad y sometimiento al poder civil; en realidad, implica validación del ejercicio del poder y conlleva una responsabilidad histórica.

Ahora bien, en una institución tan jerárquica y vertical, esa “responsabilidad” no puede ser generalizada. La tropa, en su mayoría está compuesta por individuos de estratos sociales bajos, con un nivel de educación limitado y sometidos, desde su ingreso, a la disciplina y la obediencia a sus jefes. No tiene sentido pedirle a la tropa, análisis y posicionamientos más allá de su realidad y capacidades. Diferente es el caso de la oficialidad. Estos son profesionales formados y debieran ser más conscientes de las implicaciones de sus acciones y omisiones.

Históricamente, ha habido diferencias al interior de la oficialidad. En general, los jefes tienden a ser más afines al poder constituido, su pensamiento político es conservador. Pero la oficialidad joven, con grados inferiores tiende a posiciones más progresistas y críticas. Por eso han sido los protagonistas de proyectos políticos, como la revolución de 1948, el proyecto modernizador de los cincuenta o el golpe de Estado de 1979. Vale señalar que, en los tres casos, hubo un choque con la facción más conservadora que terminó imponiéndose.

Hoy día, la Fuerza Armada es un pilar fundamental del gobierno. Cuando recibió el bastón de mando de la Fuerza Armada en junio de 2019, el presidente no le pidió respeto a la Constitución; le exigió un inusual juramento: “¿juran cumplir las órdenes de su comandante general y juran ser leales y tener disciplina, honor, hacia este servidor y hacia nuestra patria, así como yo les juro tenerles lealtad, honor hacia ustedes y nuestra patria?”; lo acontecido desde entonces demuestra que han cumplido. Miembros de la Fuerza Armada lo custodiaron cuando invadió el recinto legislativo el 9 de febrero de 2020. Después se violó la Constitución al permitir la reelección y nada pasó. Algunos dirán: es porque la institución es apolítica. Es todo lo contrario.

Historiador, Universidad de El Salvador