En un artículo reciente sobre la catástrofe provocada por la DANA en la región de Valencia, España, en 2024, reflexioné sobre cómo el cambio climático nos obliga a replantearnos muchas certezas y, al mismo tiempo, deja al descubierto debilidades estructurales: limitaciones institucionales, ineptitudes e incluso corrupción de los actores involucrados —gobiernos locales y sistemas de emergencia—. Un fenómeno natural puede, de manera sorpresiva, evidenciar la fragilidad institucional, el mal proceder y las intenciones de quienes, a toda costa, buscan beneficiarse sin sopesar los daños y las consecuencias que generan.

Sin embargo, hay un factor del que debemos estar plenamente conscientes: los fenómenos climáticos se repetirán y se volverán cada vez más mortales y catastróficos, poniendo en evidencia tanto las buenas como las pésimas gestiones. Esa es la naturaleza sorpresiva del cambio climático: sin previo aviso puede afectar gravemente cualquier punto geográfico del país, arremetiendo con fuerza y crueldad, sin distinguir entre zonas urbanas o rurales, sectores de alto poder adquisitivo o comunidades en extrema pobreza. Por muy ordenada e intachable que sea la planificación, no existe forma absoluta de evitar o contrarrestar un imprevisto climático.

¿Quién iba a imaginar que, siguiendo el ritmo normal de la estación seca, los primeros días del año sorprenderían al área metropolitana y sus alrededores —Nejapa, Quezaltepeque y San Juan Opico— con una lluvia inesperada que se transformó en un torrencial aguacero? Este fenómeno llegó a afectar una colonia relativamente nueva, aún inconclusa y en proceso de comercialización inmobiliaria camino a San Juan Opico. Fue lamentable observar en redes sociales cómo las familias intentaban salvar sus pertenencias —electrodomésticos, camas, motocicletas e incluso vehículos—, bienes que con mucho sacrificio, y en muchos casos aún pagando, habían logrado adquirir. En cuestión de minutos, muchas personas lo perdieron todo, iniciando el año con impotencia y frustración.

Los habitantes de la colonia acusan a la empresa constructora de negligencia debido a fallas técnicas en el sistema de drenaje de la colonia. Al menos veinte viviendas resultaron directamente afectadas. También se señaló la responsabilidad del Estado, por haber autorizado la construcción en febrero de 2020 mediante los permisos correspondientes otorgados por el MARN, en una zona considerada de alto riesgo, sobre terrenos epiclásticos —lava enfriada—, sin prever adecuadamente este tipo de eventos.

Ante el escándalo y la viralización del caso, la respuesta estatal no se hizo esperar. Destacó la intervención del ministro de Obras Públicas y de la ministra de Vivienda, quienes se reunieron de emergencia con los habitantes afectados. Como resultado, el Gobierno decidió inhabilitar a la empresa constructora, ordenarle cubrir el 100 % de los daños, prohibir nuevos cobros y suspender los créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV) relacionados con dicha empresa. Asimismo, se garantizó que no habría desalojos y se atendió a las familias para evaluar daños y necesidades inmediatas.

A pesar del monitoreo climático, del radar de lluvias accesible en internet y de los avisos emitidos por el MARN sobre el ingreso de lluvias y tormentas ese día, el evento específico se intensificó de forma imprevista. Sobre la colonia citada llovió con especial fuerza, lo que nos obliga a comprender, una vez más, lo que realmente significa el cambio climático y sus sorpresas.

Conviene repetirlo: El Salvador es un territorio pequeño, y cualquier construcción inadecuada o proceso de deforestación terminará afectando directa o indirectamente a la población, ya sea en el corto o en el largo plazo. Por ello, los manuales y protocolos deben actualizarse con mayor frecuencia. Aunque no existe una cifra consolidada de espacios autorizados para construir, hacia 2026 la gestión del territorio y los permisos de construcción se rigen por mecanismos de control como la centralización y verificación por parte del Ministerio de Vivienda, especialmente para construcciones menores a 250 m², con el fin de evitar edificaciones en zonas de riesgo.

Asimismo, la zonificación ambiental aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente establece directrices específicas, como las restricciones en el área del volcán de San Salvador, donde se condiciona la construcción en zonas de recarga acuífera. De igual forma, los proyectos estratégicos priorizan desarrollos habitacionales en terrenos previamente evaluados y libres de vulnerabilidades críticas.

¿Y qué papel juega la OPAMSS en estos acontecimientos? No tiene una función directa en el otorgamiento de permisos en este caso, ya que no es su jurisdicción, al tratarse de un territorio perteneciente a San Juan Opico, bajo la responsabilidad de OPVSA. Sin embargo, no debe subestimarse el alcance de la OPAMSS en materia de digitalización y eficiencia, especialmente a través del Reglamento de Seguridad Estructural de las Edificaciones, que busca evitar construcciones en zonas vulnerables dentro del AMSS, donde existen antecedentes históricos de destrucción por fenómenos telúricos.

Además, la OPAMSS dispone de una herramienta pública y valiosa: el Geoportal, una plataforma cartográfica que permite a inversionistas y ciudadanos acceder a información clave, como la vulnerabilidad de acuíferos, zonas de recarga hídrica y áreas de contaminación.

Urbanistas y ciudadanos tienen a su alcance estos recursos para informarse. No hay excusa para permanecer desinformados frente a los efectos del cambio climático.

Experto en temas ambientales y descarbonización