La sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de invalidar los aranceles impuestos unilateralmente por el presidente Trump a más de 250 países, ha sacudido a la administración estadounidense hasta los cimientos y ha generado incertidumbre en la recuperación de los impuestos pagados hasta ahora.

El máximo tribunal le dijo que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y, por lo tanto, requiere de la aprobación del Congreso.

El fallo es un duro golpe a una de las políticas insignia del nuevo mandato de Trump, junto a la resolución de un tribunal federal de prohibir una serie de disposiciones de las autoridades migratorias para emprender capturas masivas y brutales y deportaciones expeditas, en muchos casos sin respetar derechos humanos. El mismo gobernante lo reconoció: «Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional», dijo.

Enfurecido con el tribunal supremo, Trump ha respondido imponiendo un arancel global primero del 10 por ciento y, horas más tarde, del 15 por ciento, además de aclarar que tiene más instrumentos legales para imponer tributos.

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

El gobernante se estrenó precisamente en 2025 sacudiendo al mundo con la imposición unilateral de aranceles, en el caso de China de hasta el 150 por ciento y presionando con otros tantos a sus vecinos, Canadá y México, con el 25 por ciento, alegando que no aportaban la suficiente colaboración en la lucha antidrogas. En el caso de Canadá, pretendía una anexión sin complicaciones, cosa que no consiguió.

El gobierno canadiense fue el primero en aplaudir la decisión de la Corte y aseguró que los «aranceles ilegales causaron un inmenso caos económico, aumentando los costos para las familias y las empresas en todo nuestro país».

La decisión de la Corte anula también los impuestos de hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Trump, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Incertidumbre hacia el futuro

La sentencia podría significar el reembolso de entre 175,000 y 240,000 millones de dólares recaudados.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos.

Ahora hasta la asociación de pequeñas empresas de Estados Unidos pide que se indemnice a las compañías afectadas.

Trump ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores.

La gran lección especialmente para los gobernantes es que no pueden personalizar sus administraciones, porque terminarán por afectar a todos y, muchos casos, sus efectos se revertirán. A todas luces, eso fue lo que faltó en este caso: una renegociación de impuestos con las partes afectadas y manteniendo la armonía y las alianzas por el bien de la economía estadounidense y de cada país.

Además de que ahora la administración tendrá que obrar con más cuidado, tendrá que enfrentar los reclamos de reembolsos de impuestos pagados, porque no podrá alegar que «lo bailado nadie te lo quita».