La propuesta de suspender la política de asilo y revisar masivamente los casos pendientes en Estados Unidos no es un ajuste técnico ni una medida neutra de seguridad. Es un paso más en el desmantelamiento político del sistema de protección internacional que ese mismo país ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial. En la práctica, coloca a millones de solicitantes –incluidos miles de centroamericanos– en un limbo jurídico, vulnerables a decisiones arbitrarias y a la amenaza constante de perder la única protección que les queda.

Conviene recordar algo básico: el asilo no nació como un favor que un Estado concede cuando quiere, sino como una obligación jurídica. El principio de no devolución (non-refoulement) es claro: ningún país puede devolver a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o su integridad estén en riesgo. Esa es la columna vertebral de la Convención de Ginebra sobre Refugiados y de todo el edificio de protección internacional que seguimos citando en discursos, pero que, en la práctica, cada vez se respeta menos.

Cuando desde Washington se habla de “pausar” las decisiones de asilo o de “revisar” de manera masiva las solicitudes ya aprobadas, lo que se está haciendo es transformar un derecho en un permiso administrativo. Un derecho no se pausa, no se congela, no se reabre en bloque para ver a quién se le retira. Un derecho limita el poder del Estado; un privilegio, en cambio, depende de la discrecionalidad de quien gobierna. Y esa es la deriva preocupante: el asilo se está tratando como un privilegio revocable.

Para las familias migrantes esto no es un debate abstracto. Pensemos en la experiencia cotidiana de quien ha solicitado asilo: entrevistas difíciles, relatos dolorosos repetidos una y otra vez, años de espera para una audiencia mientras se sobrevive con un permiso de trabajo temporal, pagando abogados, rentas, seguros médicos. Cada carta que llega por correo puede significar un avance en su caso o el anuncio de una deportación. Ahora, a esa incertidumbre se le agrega otra capa: aunque ya tengas algún nivel de protección, el gobierno anuncia que puede revisarla y revertirla bajo criterios que no son transparentes.

El impacto es especialmente duro para las personas de países del llamado “Tercer Mundo”, una expresión que no tiene ningún contenido jurídico, pero que se usa para justificar filtros políticos, raciales y económicos. Cuando se declara que se quiere “suspender la inmigración de países del tercer mundo”, en realidad se está aludiendo a quienes huyen de contextos de pobreza, autoritarismo, violencia criminal y crisis climática. Es decir, a buena parte de la población que hoy solicita asilo: centroamericanos, caribeños, africanos, asiáticos de países empobrecidos.

En el caso centroamericano, el mensaje es particularmente cruel. Miles de personas han huido de maras, pandillas, crimen organizado, violencia política o estructuras de corrupción que han capturado el Estado. Muchas de ellas han buscado asilo en Estados Unidos después de recorrer rutas peligrosas, de ser extorsionadas por traficantes y de sobrevivir a secuestros y abusos. Al llegar, entran en un sistema saturado, con millones de expedientes pendientes, donde una audiencia puede tardar años. En lugar de fortalecer ese sistema y garantizar decisiones rápidas y justas, se plantea un congelamiento y una revisión masiva que solo alarga el limbo.

Pero el miedo no se queda en los albergues, las cortes migratorias o los barrios donde vive la diáspora. El temor se ha instalado también en los pasillos de los organismos multilaterales y en las cancillerías de nuestros países. Organizaciones internacionales que deberían levantar la voz frente a estas medidas optan por un lenguaje cuidadosamente neutro, que no incomode demasiado a la principal potencia del continente. Gobiernos de origen que dependen de la cooperación, de los programas de seguridad o de los acuerdos comerciales con Estados Unidos prefieren guardar silencio.

Nuestros gobiernos han aprendido a vivir de las remesas, pero les cuesta mucho más defender a quienes las envían. Entre proteger los derechos de su gente en el exterior y evitar un conflicto diplomático con Washington, casi siempre gana la prudencia mal entendida. Vemos comunicados suaves, referencias generales a los “derechos humanos” y llamados al “diálogo constructivo”, pero rara vez encontramos una condena clara a políticas que golpean directamente a sus propios nacionales.

Hay que decirlo sin rodeos: el silencio también es una forma de complicidad. Cuando un gobierno acepta sin protesta que se revise en bloque el estatus de protección de sus connacionales, está enviando el mensaje de que su ciudadanía en el exterior es negociable. Cuando los organismos multilaterales evitan nombrar las cosas por su nombre, contribuyen a normalizar prácticas que vacían de contenido las convenciones y acuerdos que dicen defender.

¿Qué debería hacer la región ante este escenario? No se trata de romper relaciones ni de ignorar la importancia estratégica que Estados Unidos tiene para nuestras economías. Pero sí de establecer límites mínimos. Los países de origen y tránsito deberían, como bloque, plantear en foros multilaterales algunos puntos básicos: el respeto al principio de no devolución, la negativa a aceptar deportaciones que violen garantías procesales, la demanda de transparencia en los procesos de revisión masiva y la creación de mecanismos de monitoreo independiente sobre asilo y retorno.
Al mismo tiempo, nuestros propios Estados tienen una enorme deuda en casa. Si la política es que “cada vez habrá más retornados”, entonces la pregunta inmediata es: ¿cuáles son los planes reales de reintegración económica y social para esas personas? ¿Qué programas existen para que quienes regresan no pierdan todo su patrimonio, sus casas, sus ahorros, sus vehículos? ¿Dónde están las políticas de protección del patrimonio migrante y de acompañamiento legal para que la deportación no implique, además, la pérdida absoluta de lo que construyeron durante años de trabajo?

Suspender la política de asilo y revisar masivamente las solicitudes pendientes no resolverá los problemas de seguridad en Estados Unidos. Lo que sí producirá es más miedo, más incertidumbre y más vidas quebradas. Detrás de cada expediente hay una historia de huida, de duelo y de resistencia. Si permitimos que el asilo se convierta definitivamente en un privilegio revocable, estaremos aceptando que la vida de millones de personas quede sujeta al cálculo electoral de turno.}

La pregunta ya no es solo qué hará Washington, sino qué haremos nosotros como región. Seguir callando tiene un costo: cada silencio de hoy se traduce en una vulnerabilidad más para las familias migrantes de mañana. El asilo no se agradece; se exige y se defiende como lo que es: un derecho que pone límites al poder y protege la vida de quienes ya han perdido demasiado.

Director de AAMES, Asociación Agenda Migrante El Salvador