Hay imágenes que uno quisiera no volver a ver. Vehículos destruidos, ambulancias abriéndose paso, socorristas intentando auxiliar a los heridos y familias que reciben una llamada capaz de cambiarles la vida para siempre. Lo ocurrido ayer, 30 de septiembre de 2026, en las cercanías del redondel Integración no puede convertirse simplemente en otra noticia que durante unos días ocupe las redes sociales y luego desaparezca bajo el peso del siguiente acontecimiento nacional. Dos personas perdieron la vida, varias resultaron lesionadas y numerosos vehículos quedaron involucrados en un accidente de enormes proporciones protagonizado por una volqueta.

Entre las víctimas mortales se encontraba María Elisa Hernández Portillo, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. Mi solidaridad está con su familia, sus compañeros del Órgano Judicial y quienes compartieron con ella años de trabajo y servicio público. La misma solidaridad merece la familia de la otra persona fallecida, así como quienes resultaron lesionados y todos aquellos que vivieron aquellos segundos de angustia. Detrás de cada cifra existe una familia. Cuando alguien sale de casa por la mañana, sus seres queridos esperan verlo regresar. Esa dimensión humana no debería perderse entre fotografías, estadísticas y discusiones jurídicas.

Precisamente por la gravedad de lo sucedido debemos actuar con prudencia. Las primeras informaciones oficiales han señalado preliminarmente una posible falla en el sistema de frenos de la volqueta y también se ha informado sobre determinadas circunstancias administrativas relacionadas con su circulación. Sin embargo, estamos frente a una investigación que apenas comienza. Corresponderá a los peritajes mecánicos, las inspecciones, los testimonios, las grabaciones disponibles y demás elementos probatorios determinar qué ocurrió realmente. Una información preliminar no debe convertirse anticipadamente en una conclusión técnica ni mucho menos judicial.

La Policía capturó al conductor de la volqueta, Rudy Joel Rivera Hernández, relacionado inicialmente con homicidio culposo y lesiones culposas. Posteriormente también fue detenido Marvin Alexis Hernández Ramírez, representante legal de la empresa propietaria de la unidad. Sobre esta última captura debemos recordar un principio elemental: el Derecho Penal es personalísimo. El artículo 4 del Código Penal proscribe la responsabilidad objetiva. Ser representante legal de una sociedad propietaria de un vehículo involucrado en un accidente no determina, por sí mismo, responsabilidad penal. Para establecerla deberá individualizarse una conducta propia, sea activa u omisiva, determinar el deber jurídico eventualmente incumplido y demostrar su vinculación con el resultado.

Si posteriormente la investigación acredita que alguna persona conocía desperfectos graves, omitió obligaciones concretas de mantenimiento o permitió la circulación de una unidad que sabía que representaba un peligro, esos hechos deberán ser valorados conforme a Derecho. Pero esa conclusión corresponde a la investigación y, finalmente, a los tribunales. La conmoción social puede exigir respuestas rápidas; el proceso penal exige pruebas. No confundamos una cosa con la otra.

Superado ese punto, existe una pregunta quizá todavía más importante: ¿qué estamos haciendo para impedir que tragedias semejantes vuelvan a ocurrir?

El 30 de abril de este mismo año, en la carretera de Los Chorros, sector de TADISA, otra volqueta protagonizó un aparatoso accidente y también se informó preliminarmente sobre una posible falla mecánica relacionada con su sistema de frenos. Hoy otra volqueta se estrella contra una casa en Sacacoyo. No corresponde afirmar que estos acontecimientos tuvieron idéntica causa. Cada accidente debe reconstruirse técnicamente y sus circunstancias pueden ser completamente diferentes. Sin embargo, la repetición de episodios graves protagonizados por vehículos de gran tonelaje debería ser suficiente para que el país se detenga a pensar qué está ocurriendo con la seguridad del transporte pesado.

Una volqueta cargada no puede analizarse como si fuera un automóvil particular. Su peso, velocidad, capacidad de carga y distancia de frenado convierten determinados desperfectos mecánicos en riesgos extraordinarios. Cuando una unidad de esas dimensiones pierde capacidad de frenado mientras desciende por una pendiente y delante circulan automóviles, autobuses y motocicletas, unos cuantos segundos pueden separar la normalidad de una catástrofe. Por eso la seguridad del transporte pesado no puede descansar exclusivamente sobre la pericia del motorista. Existe una cadena previa que comprende mantenimiento, revisión mecánica, condiciones de los neumáticos y frenos, peso transportado, documentación, carga y características de la ruta.

Aquí necesitamos pasar de la reacción a la prevención. El Estado debería revisar integralmente los controles aplicables al transporte pesado y determinar, con criterios técnicos, si el régimen actual de mantenimiento e inspección responde verdaderamente a las características, antigüedad, tonelaje y uso intensivo de estas unidades. No necesitamos necesariamente más burocracia ni una colección interminable de nuevas disposiciones. Necesitamos que las reglas existentes funcionen y, donde sean insuficientes, que se fortalezcan. Una revisión mecánica debe significar que alguien realmente examinó el vehículo y puede responder técnicamente por aquello que certificó.

También existen carreteras donde el riesgo merece especial atención. Los Chorros es un ejemplo evidente por sus pendientes, intensidad vehicular y circulación permanente de transporte de carga. El análisis debe ser técnico: condiciones de las unidades, señalización, controles, zonas de emergencia y características de la infraestructura. Una carretera moderna no solamente debe permitir que miles de vehículos circulen diariamente; debe estar preparada para responder cuando alguno de ellos sufre una emergencia.

Esta discusión tampoco puede convertirse en una campaña contra empresarios o motoristas. Miles de salvadoreños trabajan honradamente en el transporte de carga y buena parte de nuestra economía depende diariamente de camiones, rastras y volquetas. Existen empresarios responsables que invierten cantidades importantes en mantenimiento y motoristas conscientes de la enorme responsabilidad que llevan entre sus manos. Precisamente ellos deberían ser los primeros interesados en que las unidades inseguras sean retiradas de circulación. Revisar frenos cuesta. Cambiar neumáticos cuesta. Detener una unidad para mantenimiento significa perder horas de operación. Pero ninguna economía empresarial puede construirse razonablemente sobre el riesgo de perder vidas humanas.

Por eso, más que multiplicar instituciones, comisiones y nuevas estructuras, necesitamos algo bastante sencillo de formular y difícil de ejecutar: que cada quien cumpla seriamente la responsabilidad que ya tiene. Que la autoridad controle. Que la empresa mantenga sus unidades. Que quien realiza una revisión técnica la haga verdaderamente. Que el conductor reporte una falla cuando la advierta. Y que un vehículo pesado que no se encuentre en condiciones de circular simplemente no salga a la carretera.

Mientras discutimos todo esto, no olvidemos por qué estamos hablando del tema. Hay familias que hoy no están pensando en reformas legales, permisos, artículos del Código Penal ni peritajes. Hay una silla vacía en una casa. Hay personas lesionadas intentando recuperarse. Hay hijos, padres, esposos, hermanos y amigos tratando de comprender cómo una mañana aparentemente normal terminó de una manera que jamás imaginaron.

A ellos les debemos algo más que nuestras condolencias.

Les debemos una investigación seria, técnicamente sustentada y sin conclusiones anticipadas. Les debemos un proceso respetuoso de las garantías constitucionales, donde nadie sea responsabilizado simplemente por su cargo y donde, al mismo tiempo, quien haya incumplido un deber jurídicamente relevante responda si la prueba así lo demuestra. Pero, por encima de todo, les debemos aprender de lo ocurrido.

No permitamos que dentro de una semana dejemos de hablar del mantenimiento del transporte pesado porque apareció otra noticia. No esperemos otra volqueta sin control, otra fila de vehículos destruidos, otras ambulancias corriendo contra el tiempo y otra familia recibiendo esa llamada que nadie quisiera recibir. Si existen deficiencias en los controles, corrijámoslas ahora. Si existen unidades que no reúnen condiciones para circular, retirémoslas ahora. Si las revisiones técnicas son insuficientes, fortalezcámoslas ahora. La prevención que dejamos para mañana puede convertirse en la tragedia que lamentemos pasado mañana.

La seguridad vial comienza mucho antes del accidente. Comienza en el taller donde alguien revisa correctamente unos frenos; en el empresario que decide detener una unidad porque presenta una falla; en el conductor que se niega a manejar un vehículo inseguro; en el técnico que no certifica aquello que no ha revisado; y en la autoridad que fiscaliza cuando todavía no existen muertos, cámaras ni indignación pública.

Que las víctimas del redondel Integración y las de tantos accidentes ocurridos en nuestras carreteras no terminen convertidas en números dentro de una estadística. Que se investigue hasta conocer la verdad. Que responda quien deba responder, conforme a la ley y a la prueba. Y que se respete también la presunción de inocencia de quienes hoy están siendo investigados.

Pero hagamos algo todavía más importante: evitemos que otra familia tenga que pasar por esto.

Porque después del impacto el Estado puede movilizar policías, fiscales, jueces, ambulancias, bomberos y peritos. Puede capturar, investigar, acusar, juzgar, sancionar e indemnizar. Podemos reformar leyes, aumentar controles y pronunciar discursos.

Pero cuando todo termine, ninguna institución tendrá poder para hacer aquello que verdaderamente quisiera la familia que perdió a un ser querido: abrir nuevamente la puerta de su casa y verlo regresar.

Ahí está la verdadera urgencia.

No esperemos el próximo accidente para reaccionar.

Abogado y teólogo.