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2025: desarrollo y destrucción

El aspecto climático ha alcanzado un punto crítico. Los planes sostenibles eran viables hace veinte años; hoy solo queda esperar y defenderse. Aun así, muchos sectores —e incluso el Estado— apuestan por la temeridad: a ver qué sucede o, simplemente, a asumir que no pasará nada. Casi como jugar a la ruleta rusa.

Un año más llega a su fin entre logros, desaciertos y preocupaciones. El tema del desarrollo versus la destrucción del medio ambiente ha sido uno de los sinsabores que han predominado en este 2025, un año lleno de sorpresas y lamentables pérdidas.

Una de las más sobresalientes y angustiantes es la situación de la zona de El Espino, que gracias a Google Maps hemos podido observar cómo, desde hace varias décadas, ha venido sucumbiendo ante el avance de la ciudad. Entre intentos y acciones para protegerla —por medio de cooperativas, comodatos, fideicomisos, oenegés, entre otros— se libró una lucha constante entre la conservación y el desarrollo. Hoy, más que nunca, esa batalla parece perdida: la depredación ha vencido y ahora solo queda esperar que, poco a poco, más áreas de ese casi extinto bosque sean ocupadas y urbanizadas.

Con un cambio climático cada vez más inesperado, sorpresivo y furioso, estamos a merced de calamidades y desastres futuros, sobre todo en las zonas bajas de la ciudad. Quizás no por falta de resistencia, exigencia o intentos de impedirlo, sino por un sistema que se desliga del tema ambiental y lo relega a un segundo plano. En el contexto latinoamericano, y debido a su reducido territorio, El Salvador resulta, en términos geopolíticos, casi irrelevante frente al impacto ambiental global: que se afecte o no su territorio, que retroceda en deforestación, biodiversidad o recursos hídricos, no parece pesar frente a países como México, Honduras, Nicaragua o Colombia, jugadores de grandes ligas en materia ambiental. El Salvador no parece contar, ni aportar, ni afectar. Claro está, para su población sí importa, porque serán sus habitantes quienes sufrirán las consecuencias de una agenda de desarrollo que reduce cada vez más las zonas de reserva.

Existe hoy un sentimiento generalizado de que expresar repulsión ante la depredación de áreas protegidas equivale a ir en contra del desarrollo del país, quedando estigmatizado como “antidesarrollo”. Por ello, la opinión se sofoca y parece que no hay nada más que hacer.

Si existiera una formación profesional más racional, capaz de sopesar la sostenibilidad y equilibrar lo ambiental con lo urbanístico, la perspectiva sería distinta. Sin embargo, aun así, ya vamos tarde.

El aspecto climático ha alcanzado un punto crítico. Los planes sostenibles eran viables hace veinte años; hoy solo queda esperar y defenderse. Aun así, muchos sectores —e incluso el Estado— apuestan por la temeridad: a ver qué sucede o, simplemente, a asumir que no pasará nada. Casi como jugar a la ruleta rusa.

En 2026, geólogos, biólogos, vulcanólogos y meteorólogos no pueden garantizar que no ocurrirá nada, ni tampoco predecir con exactitud un terremoto de gran magnitud. Lo que sí pueden asegurar es que el cambio climático escalará a niveles aún mayores y que lo mejor es estar preparados. Debería crearse una institución alterna al Ministerio de Medio Ambiente, dedicada única y exclusivamente a la amenaza del cambio climático.

En el frenesí del desarrollo, incluso los defensores ambientales retroceden por temor a ser catalogados como antidesarrollo y a enfrentar severas críticas o incluso persecuciones. La defensa pacífica del medio ambiente es cada vez menor; pese a los argumentos racionales y científicos, parece no importar. Resistirse a ignorar el tema ambiental implica múltiples renuncias: para los políticos, dejar de prometer grandes obras de infraestructura; para algunos empresarios, frenar la expansión urbana y la obtención de mayores ingresos; para los organismos multilaterales, limitar el otorgamiento de préstamos a estos países.

Nuestra sociedad, aunque no lo demande ni tenga una voz fuerte en estos temas, debe evaluar los pilares éticos que permitan la construcción de una sociedad menos desordenada, mediante criterios acordes con el equilibrio ambiental, como los conocidos estándares ESG: Environmental (Ambiente), Social (Social) y Governance (Gobernanza).

Pese a la agenda nacional y a la agenda global debatida en cumbres climáticas como la COP30, desarrollada el pasado noviembre en Belém, Brasil, no se observaron más que estancamientos y avances lentos en torno a la reducción de combustibles fósiles. La lucha por una movilidad más sostenible y eléctrica avanza, pero se desacelera ante el poderoso bloque petrolero, la OPEP, que continúa siendo predominante y hegemónico dentro del sistema económico que rige al mundo moderno.

Exponente de las crisis provocadas por el cambio climático.

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