UES advierte falta de presupuesto para aplicar plenamente ley de acceso a la información
Aunque la universidad mantiene un portal de transparencia y unidades de acceso a la información, parte de la información pública disponible está desactualizada.
La Universidad de El Salvador (UES) advirtió este domingo que, a pesar de su compromiso con la transparencia y la inclusión, no cuenta con un presupuesto específico que le permita implementar de manera plena la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, conmemorado cada 28 de septiembre, la institución recordó que este derecho es un pilar fundamental de la democracia, ya que permite a la ciudadanía ejercer otros derechos y participar activamente en la vida pública.
“La Universidad mantiene una Unidad y varias unidades auxiliares en distintas facultades que facilitan el ejercicio de este derecho a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, a pesar de no contar con fondos asignados para ello”, expresó la academia en un pronunciamiento.
Un estudio reciente de Acción Ciudadana la identificó como una de las instituciones de las que se rigen por fondos públicos con mayor cantidad de índices de información pública oficiosa desactualizada.
Aún así, la UES destacó que el acceso a la información ha sido clave para investigar y conocer la verdad sobre la represión sufrida por integrantes de la comunidad universitaria entre 1970 y 1992.
Asimismo, la institución recordó que fue pionera en incluir, en sus formularios de acceso a la información, categorías que visibilizan a personas no binarias, indígenas, afrodescendientes y con discapacidad.
Con estas acciones, la universidad señaló que busca reafirmar su compromiso con la inclusión, la diversidad y la defensa de los derechos humanos, aunque insiste en que la falta de recursos limita el alcance de sus esfuerzos.
Portal UES
La universidad cuenta con un portal de transparencia propio. Información como los salarios, las adquisiciones y compras; registro de ofertantes y contratistas y el listado de los asesores están disponibles hasta 2024.
Las memorias de labores están actualizadas hasta 2023. El listado o detalle de los destinatarios privados de recursos públicos están actualizados hasta 2022.
Además, hay desactualización en las resoluciones de la Asamblea General Universitaria (AGU), máximo órgano normativo de la institución.
