Juan Josué Castillo Arévalo, alias «Samurai», es uno de los salvadoreños que aún son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Es acusado en El Salvador por el feminicidio de la agente Carla Ayala en diciembre de 2017.

Castillo Arévalo se encuentra en un listado de más de 800 salvadoreños que tienen una notificación roja por parte de INTERPOL y que son buscados en 196 países a nivel mundial, tras ser señalados por diferentes delitos.

En total, 813 salvadoreños cuentan con una notificación roja de INTERPOL y, según esta organización con sede en Lyon, Francia, esta es una solicitud dirigida «a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega o acción legal similar».

Al comparar la cantidad de personas buscadas en INTERPOL por cada país centroamericano, de un total de 1,078, El Salvador está a la cabeza con el 75 % de todas estas notificaciones emitidas.

En segundo lugar está Guatemala, con 169 de sus ciudadanos buscados por la Policía Internacional; seguido de Nicaragua, con 63; luego está Honduras, con 28 y finalmente Costa Rica que tiene cinco personas en esta situación.

Una notificación no es una orden de arresto internacional, ya que INTERPOL solamente se encarga de localizar a las personas buscadas y son los países solicitantes los que aplican las leyes correspondientes de acuerdo al delito cometido en la nación de origen, según los protocolos de la organización.

La mayoría de buscados por INTERPOL son hombres, con un total de 748; mientras que en la lista hay 65 que son mujeres.

El rango de edad donde se concentra la mayor cantidad de salvadoreños buscados se encuentra entre los 31 a 50 años, con 579 personas con difusión roja.

Los salvadoreños prófugos de la justicia enfrentan acusaciones por diferentes delitos, y sobresale del resto el de homicidio agravado. En total 279, es decir, un 33 % de estos, tienen una cuenta pendiente por asesinato.

En segundo lugar se encuentra el delito de agrupaciones ilícitas, con 131 casos; seguido por el de extorsión, con 36 procesos y feminicidio agravado con 26 ciudadanos acusados por este delito.

Al realizar una búsqueda sobre personas que son reclamadas por cada país, El Salvador también encabeza esta sección con un total de 828 ciudadanos. Es decir, están los 813 con nacionalidad salvadoreña más otros 15 de otros países, entre estos se encuentran un sacerdote guatemalteco acusado de agresión sexual.

A nivel mundial existen 6,525 notificaciones rojas activas que son públicas, según el sitio de búsqueda de INTERPOL. El Salvador concentra prácticamente el 13 % de todas estas difusiones.

Modalidades de INTERPOL

Un abogado penalista consultado sobre el tema y que pidió no ser identificado aseguró que la Policía Internacional tiene dos modalidades: hay alertas que son públicas y otras que no lo son, pero que sí se encuentran activas.

Es el caso de los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya. El pasado 19 de noviembre, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) externaron su preocupación por la emisión de notificaciones rojas en contra de los dos defensores de derechos humanos.

Ivania Cruz fue consultada por El Diario de Hoy sobre esta situación y mencionó que es curioso que en la página web de la INTERPOL no aparecen sus nombres, pero que en el Sistema de Alerta de la Policía de todo el mundo sí están.

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Los expertos de la ONU afirmaron que los cargos presentados contra Cruz y Joya, al igual que las órdenes de arresto emitidas por las autoridades, «parecen carecer de fundamento y estar directamente relacionadas con su legítimo trabajo de derechos humanos, apoyando a comunidades en riesgo y denunciando acciones del Gobierno bajo el estado de emergencia declarado en 2022».

Agregaron que en septiembre de 2025, Joya fue citado por la policía española bajo el argumento de su solicitud de asilo en España; pero al presentarse ante las autoridades fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional española.

Ivania Cruz también fue citada y se presentó ante la Audiencia Nacional, que ordenó medidas alternas a los dos abogados, entre las que están: acudir a firmar ante el juzgado cada 15 días, no abandonar el país, entregar su pasaporte y notificar cualquier cambio de domicilio.

Otro salvadoreño, sobre quien pesa una orden de captura pero tampoco aparece en el sistema público de la INTERPOL es el empresario José Aquiles Enrique Rais, quien tiene actualmente dos procesos judiciales en su contra. El primero es denominado Rais-Martínez, vinculado con una supuesta fabricación de pruebas falsas, en el que ya fue condenado el exfiscal Luis Martínez a 10 años de cárcel.

El segundo proceso judicial abierto en contra de Rais es el denominado Corruptela, en el que es procesado por supuestamente entregar dádivas al exfiscal general, Luis Martínez, y a su fiscal adjunto, Edgar Isaías Márquez.

Este caso es ventilado en el Juzgado Cuarto de Instrucción y esta sede ordenó el pasado 9 de septiembre de 2025 librar una nueva orden de captura en contra del imputado e informar a la oficina de INTERPOL de El Salvador para que verifiquen la vigencia de difusión roja registrada bajo el número A-2256/2-2019.

¿A quiénes busca El Salvador?

Pandilleros, un expolicía y un sacerdote se encuentran en el listado de personas que son buscadas por El Salvador a nivel mundial.

Castillo Arévalo, el exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), sentenciado por el feminicidio de la agente Carla Ayala sigue en el listado de INTERPOL y es prófugo de la justicia desde diciembre de 2017.

Fue sentenciado en junio de 2024 a 50 años de prisión por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de Santa Ana.

Carla Ayala fue herida de bala por Castillo Arévalo, entre la noche del 28 y madrugada del 29 de diciembre de 2017. Durante meses su paradero se mantuvo desconocido y no fue hasta el 7 de septiembre de 2018, que hallaron sus restos en un terreno rústico del cantón Los Hornos, distrito de San Francisco Javier, en Usulután.

Otro de los que aparecen en la lista, que no es salvadoreño, pero sí es reclamado por la justicia de este país es el sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió en noviembre de 2020 al sacerdote tras ser acusado del delito de agresión sexual de una menor de edad.

En febrero de 2021, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó repetir el juicio en contra del sacerdote y el caso fue enviado al Tribunal Sexto de Sentencia, en el que fue absuelto por segunda ocasión.

Sin embargo, ese mismo mes la Cámara nuevamente anuló ese sobreseimiento y ordenó repetir la vista pública del caso. En abril ordenaron recapturarlo, pero el sacerdote ya estaba prófugo.

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Además, en el listado de la Interpol aparecen nombres de salvadoreños que ya fueron capturados. Es el caso de Freddy Iván Jandres Parada, cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fue detenido el 20 de marzo de 2025, en San Diego, California.

También se encuentra con difusión roja Michael Alejandro Castillo Murga, acusado del feminicidio de Fernanda Nájera, en un hecho ocurrido el 31 de enero de 2019. Sin embargo, Castillo Murga fue capturado por la INTERPOL en Estados Unidos el 23 de octubre de 2024.

El Diario de Hoy consultó a INTERPOL sobre los casos públicos y respondieron que «la mayoría de las notificaciones rojas (alrededor del 90 %) se limitan al uso exclusivo de las fuerzas del orden», y que existen criterios que determinan si un extracto de estas se hace público, incluyendo si un país miembro lo ha solicitado o si la persona representa un peligro para la seguridad pública.