“Nos están matando, Auxilio esto es en El Salvador”, publicó el pasado 26 de octubre, el refugio Meneando Colitas en sus redes sociales, tras una denuncia ciudadana que recibieron de una perrita que estaba muriendo por envenenamiento en Apastepeque, San Vicente.

En la denuncia la persona expresó que el maltrato animal no tiene fin en el país, y que alguien se ha dado a la tarea de aprovecharse de la necesidad de muchos perritos que a diario buscan qué comer para colocarles veneno para que fallezcan.

“Vi esta perrita ya casi muerta, estaba envenenada, vi una publicación también de una gatita y de otro perrito envenenado que lograron rescatar; tengan cuidado con sus mascotas” advirtió en su perfil Eliza Ticas, ciudadana.

La situación ha puesto en preocupación y alerta a ciudadanos y rescatistas en ese sector. San Vicente ha sido uno de los departamentos donde se ha registrado la mayor matanza de animales con signos de envenenamiento este año. En agosto, rescatistas voluntarios de Salva Huellitas San Esteban Catarina dijeron que fueron alrededor de 12 perros los envenenados cerca de las oficinas distritales.

Tras meses del caso no hubo responsables y por ahora ha quedado en la impunidad, señalaron los voluntarios.

El refugio Salva Huellitas sigue recibiendo casos a diario porque muchas personas están abandonando caninos.

“Ahora tenemos a esta perrita que ha aparecido y no se mueve del lugar; las personas que viven en la zona dicen que de la nada empiezan a aparecer perritos, con este ya contamos con 4 reportes” en los últimos días, indicaron los rescatistas, quienes solicitaron apoyo a los pobladores con hogar temporal o definitivo ya que está embarazada y expuesta a las lluvias y a muchos peligros.

“Todos los días abandonos, todos los días hay un nuevo caso”, expresó la Fundación en una denuncia a través de las redes sociales.

Los reportes no solo son de perros, también muchos gatos están en las mismas circunstancias. A mediados de este mes, las rescatistas de Salva Huellitas San Vicente reportaron el caso de un gato que había sido lanzado a una quebrada, y que personal de Bomberos logró rescatar. Lo trasladaron a una clínica veterinaria debido a que presentaba un herida con arma blanca a la altura del cuello y que estaba infectada y con gusano barrenador. Tuvieron que ponerlo a dormir debido a la gravedad de su condición.

Además de casos de envenenamiento y abandono, se suman los atropellos. Varios conductores han sido captados arrollando animales sin que alguna institución proceda a aplicar la ley.

Posteriormente, el 27 de octubre, otra denuncia fue publicada por la página De Huella en Huella El Salvador, medio de difusión que apoya a la comunidad animalista del país, en la que una persona informó que en Tacuba, distrito del municipio de Ahuachapán Centro, del departamento de Ahuachapán, una perra aparentemente comunitaria se encontraba herida, en el desvío del Carrizal.

“Por favor la autoridad tome cartas en el asunto, ya que aquí en Tacuba se ha disparado el maltrato animal, tiene una (herida) en el cráneo y una en el cuello, se los acaban de dar”, indicó la denunciante de forma anónima; en la misma adjuntó las evidencias fotográficas de la perra con hemorragias. 

Cabe recordar que no todos los casos son denunciados; los que sí, se dan a conocer generalmente a través de publicaciones de los ciudadanos por redes sociales.

Repunte

Rescatistas a nivel nacional coinciden en que, tras el cierre del Instituto de Bienestar Animal en El Salvador (IBA), las denuncias se han incrementado.

El IBA, fundado el 5 de octubre de 2021, fue cerrado por orden del presidente Nayib Bukele en marzo de este año, luego de una ola de denuncias contra el exalcalde de Ilopango, en San Salvador Este, José Chicas. 

El Instituto funcionaba bajo la iniciativa del actual gobierno con el propósito de vigilar y regular el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal en El Salvador; además, contaba con la Polipet, la unidad de la Policía Nacional Civil que se dedicaba a combatir el maltrato animal, la cual acompañaba de oficio al personal del IBA para proceder a detenciones en caso de ameritarlo.

Los rescatistas independientes se han mantenido funcionando con fondos propios, motivados por la compasión hacia los animales, apoyando, como ellos mencionan, “cada una desde nuestras trincheras” en el país para ayudar. Atienden los casos que están en sus posibilidades, mediante la recaudación de fondos donados por personas altruistas o al recaudar dinero a través de actividades que organizan, con lo que logran lo básico para pagar la asistencia veterinaria y dar resguardo.

Los rescatistas perciben un aumento de casos este año tras el cierre del instituto, es a través de sus redes sociales personales, de las fundaciones y vía telefónica que se enteran.

La ley en vigencia estableció en un primer momento que es responsabilidad y obligación de las 262 alcaldías velar por los animales, por ello se creó la Unidad de Bienestar Animal en cada una de estas; sin embargo, a la fecha pocas reportan trabajo específico para aplicarla.

La ley establece que estas son las entidades responsables dentro del ámbito de sus atribuciones legales y territoriales: (Instituto de Bienestar Animal), cerrado, Municipalidades; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Salud; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Policía Nacional Civil; Fiscalía General de la República; Consejo Superior de Salud Pública, Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).

Por otra parte, en términos generales la población desconoce dónde debe denunciar y qué proceso seguir debido a que perciben que no hay una institución que tome el liderazgo para tomar cartas en el asunto.

“Aquí se redujo bastante el reporte de casos de maltrato animal cuando aún funcionaba el IBA, y fue bien notorio el cambio cuando dejó de funcionar la institución debido a que la gente tenía temor a que los sancionaran o los llevaran detenidos”, describió Alejandra Vaquerano, fundadora de Salva Huellitas San Vicente, quien señala que aún en el país no existe un nivel de conciencia sobre el valor de la vida animal o silvestre.

La ley fue creada en respuesta al creciente número de denuncias por maltrato animal y reconoce a los animales como seres vivos capaces de sentir alegría, miedo y dolor. Su objetivo es proteger tanto a los animales de compañía como a los silvestres, y asegurarles una vida digna.

“Hoy, como no se hacen procedimientos (para sancionar o detener a agresores), los reportes nos llueven, y a veces no alcanzamos a ayudar como quisiéramos”, añadió la rescatista, tras su preocupación por la matanza masiva de animales que se ha efectuado durante tres ocasiones en el año en San Vicente, en zonas de acceso público y de las autoridades municipales, hasta hoy, los actos siguen en la impunidad.

Silvia Ayala, rescatista independiente y fundadora del refugio Échame una pata de San Miguel, quedó a cargo del refugio de Ilopango en el momento de la crisis del cierre del IBA, y menciona que, tras ello, en los primeros 3 meses el porcentaje de denuncias por maltrato, negligencia y abandono a su refugio se triplicó.

Y aunque el IBA era solo el ente «rector» del Bienestar Animal en el país, señala que eso no hubiera sucedido si las Alcaldías, PNC, CAM, Fiscalía y Ministerios que dicta la LEY, en el Artículo 5, hubieran seguido el camino que IBA llevaba, “pero muchas lo que hicieron fue desentenderse y decir que como IBA cerró ellos ya no podían hacer nada porque ellos «solo los acompañaban», explicó Ayala.

¿Qué dice la LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL?

La Ley Especial de Protección Animal establece que toda acción u omisión que cause sufrimiento, dolor, lesiones o incluso la muerte de un animal será sancionada, las infracciones muy graves con multa comprendida entre siete hasta diez salarios mínimos del sector comercio y servicio. 

Un imputado puede enfrentar de 2 a 4 años de prisión, con aumento de la sanción si hay ensañamiento o si se da frente a menores de edad, según la normativa salvadoreña.

Tiene como objeto garantizar el bienestar, la protección y el buen cuido de los animales de compañía y a los animales silvestres, reconociendo jurídicamente su condición de seres vivos y sintientes, capaces de experimentar alegría, sufrimiento, dolor y reflejar emociones, y su protección integral contra todo acto de crueldad causado o permitido por las personas, directa o indirectamente, para prevenir que les ocasione sufrimiento, lesiones físicas, etológicas o hasta la muerte.

En el marco de las medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública. Para el caso especial de los animales silvestres, se deben garantizar las condiciones de refugio y hábitat adecuados, en condiciones óptimas de su entorno natural o adecuando. 

Entre las finalidades, establece que a parte de proteger, se busca generar una cultura ciudadana de buen cuido y de óptimas condiciones de vida hacia los animales, a través de la educación, sensibilización y concientización. 

Gusano barrenador

El gusano barrenador llegó en el peor momento para los protectores de animales.  Rescatistas reportaron una innumerable cantidad de perros comunitarios y con propietarios que fueron abandonados tras ser infectados por el gusano barrenador, y que murieron por la indiferencia de las personas

“Hemos sido los rescatistas y refugios quienes incansablemente hemos luchado para salvarlos por nuestra propia cuenta, con ayuda de las personas que han donado para salvarlos”, relató Silvia Ayala, fundadora del refugio Échame una Pata de San Miguel.

Mencionó que desde antes que comenzara la epidemia a ser informada por los medios de comunicación, ella y otros rescatistas ya se encontraban atendiéndolos. Meses después, en junio,  el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comenzó a repartir KITS de asistencia a nivel nacional para apoyar la labor.

“Eso nos ayudó mucho, porque además de estos casos que eran a diario, nosotros seguíamos rescatando perritos en condiciones vulnerables, priorizando a los atropellados, embarazadas, sarna y con tumor de sticker (un tipo de cáncer que afecta a los perros y se contagia por contacto directo entre animales, principalmente a través del apareamiento)”, detalló la rescatista de Échame una Pata.

Solo en la fundación Échame Una Pata, en menos de 3 meses se asistieron a 46 perros de todas partes del país que presentaban gusano barrenador, de los cuales  7 fallecieron, algunos fueron entregados a sus familias nuevamente y otros se quedaron en el refugio, informó Silvia.

“La gente solo dice ‘ayúdenlo, rescátenlo’, pero desconocen que un rescate promedio cuesta alrededor de $100.00 si se toma en cuenta la consulta, exámenes de sangre para determinar la condición del perro, medicamentos, desparasitación, vacuna; y eso sin contar el alimento, y como funcionamos al 100% de donaciones, dependemos del aporte de las personas altruistas que se unen a nuestra causa”, explicó la rescatista.

Para Alejandra Vaquerano, de Salva Huellitas San Vicente, es necesaria la reactivación del IBA o, en su lugar, una entidad que haga valer la ley y los derechos de los animales, con personal que tenga vocación a su cargo y que se logre un cambio en el país en la mejora de la vida de los animales y su dignificación como seres sintientes.

“Necesitamos un IBA, necesitamos un regreso, necesitamos una entidad que se encargue de hacer valer la ley y que se mantenga de cerca trabajando con la comunidad animalista, porque quienes solventamos los casos de maltrato animal y solventamos las deudas somos nosotros”, indicó Vaquerano.

“Necesitamos que se regule, que las alcaldías sí hagan su trabajo, por ejemplo en San Vicente Norte dicen que ni siquiera tienen conformada la Unidad de Bienestar Animal y están completamente cerrados al tema”, agregó una de las rescatistas de Salva Huellitas San Vicente, quien prefirió no dar su nombre.

“A ellos se les ha pedido apoyo pero no lo han hecho, caso contrario con San Vicente Sur, con quienes ahora sí estamos trabajando”, agregó la rescatista.