Cuatro inmuebles de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) fueron inmovilizados por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2023, luego que desde el Ministerio de Hacienda notificara que la sociedad tenía una deuda de pago de impuestos del año 2009 por $1.4 millones. 

Un escrito enviado por la Fiscalía al Centro Nacional de Registros detalla que pidieron anotar preventivamente los inmuebles ubicados en parcelas de Joya Grande, en el distrito de Apopa y hacienda Mapilapa, de Nejapa, lo que impide que estos puedan ser vendidos o sean traspasados a otros propietarios.

Además de la deuda de 2009, MIDES tiene pendiente de pago de impuestos de otros cinco años. En total, la empresa debe $8,916,199.34 en concepto de impuestos sobre la renta. 

Una fuente vinculada al caso mencionó que MIDES continúa operando igual solamente que no posee cuentas bancarias y que los cheques de pago que les entregan las alcaldías, los cambia el personal de la empresa. 

“A nivel de impuestos, le deben a Hacienda y el relleno sanitario está inmovilizado por orden de la FGR por una investigación de evasión fiscal, entendemos”, mencionó la fuente que pidió no ser identificada. 

El balance financiero de 2024 de MIDES da cuenta de estos procesos de cobro por vía judicial del impuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales de los años 2009, 2012, 2013, 2019, 2020 y 2021. Además, también existe un cobro del IVA del año 2014. 

Con respecto al año 2009, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó una sentencia definitiva el 24 de febrero de 2023 sobre el juicio  contencioso con referencia 125-2015, en el que se estableció un monto sobre la renta por la cantidad de $1,406,209.83.

MIDES se amparó el 8 de diciembre de 2023 al beneficio establecido por la “Ley Especial y Transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras” con respecto al impuesto sobre la renta del ejercicio 2009. 

La empresa logró un plan de pagos de 10 cuotas de $140,620.98 cada una. Sin embargo, solamente cancelaron la primera de estas.  

“A la fecha MIDES no ha seguido cancelando el plan de pagos, solo ha efectuado abonos parciales mediante los mandamientos de pagos emitidos en sede fiscal”, mencionan en el balance financiero de la compañía. 

Los documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy revelan que MIDES solamente realizó nueve abonos de $15,000 cada uno. En total, de la deuda de $1.4 millones, la empresa solamente ha pagado $275,620. 

Se consultó a un abogado de la empresa sobre la inmovilización de inmuebles por parte de la Fiscalía, pero dijo desconocer el tema. 

MIDES fue constituida el 2 de diciembre de 1997 y fue creada por Cintec Internacional Inc. y  el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS). Sin embargo, posteriormente esta empresa transfirió la propiedad de sus acciones a TRADESAL, con domicilio en Barbados. 

Luego, el 5 de junio de 2013 TRADESAL transfirió el 90% de las acciones que tenía en MIDES y las pasó a la sociedad Ovni Bussines de El Salvador, y esta, seis meses después las traspasó a la empresa Ovni Business INC, cuyo principal accionista era el empresario José Aquiles Enrique Rais López. 

Cinco años después, esta última sociedad hizo el traspaso total de sus acciones a la compañía VALTERBI SLU, una empresa domiciliada en España, que es subsidiaria de Ovni Business INC. Es decir, MIDES seguiría en manos de Rais. 

Rais: prófugo de la justicia

El empresario José Aquiles Enrique Rais tiene actualmente dos procesos judiciales en su contra. El primero es denominado Rais-Martínez, vinculado con una supuesta fabricación de pruebas falsas, en el que ya fue condenado el exfiscal Luis Martínez a 10 años de cárcel

El segundo proceso judicial abierto en contra de Rais es el denominado Corruptela, en el que es procesado por supuestamente entregar dádivas al exfiscal general, Luis Martínez, y a su fiscal adjunto, Edgar Isaías Márquez. 

Este caso es ventilado en el Juzgado Cuarto de Instrucción y esta sede ordenó el pasado 9 de septiembre de 2025 librar una nueva orden de captura en contra del imputado e informar a la oficina de Interpol de El Salvador para que verifiquen la vigencia de difusión roja registrada bajo el número A-2256/2-2019