La experta de la ONU, que se ha pronunciado anteriormente por el caso de la cooperativa El Bosque, sostuvo que el abogado y el pastor «deben ser liberados».

La relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, denunció este martes que el sistema penal salvadoreño se utiliza para «silenciar» a activistas y lamentó que una corte rechazó dar libertad condicional a dos defensores detenidos desde mayo pasado tras participar en una protesta pacífica.
«Los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez siguen detenidos tras el rechazo de las medidas sustitutivas solicitadas por sus abogadas en la audiencia del 28. El sistema penal sigue siendo instrumentalizado por las autoridades para silenciar a personas defensoras de derechos humanos en El Salvador», publicó en X Lawlor.
La experta de la ONU, que se ha pronunciado anteriormente por este caso, sostuvo que Henríquez, abogado ambientalista, y Pérez, pastor evangélico y líder comunitario, «deben ser liberados».
El comisionado alemán para los Derechos Humanos y la Asistencia Humanitaria, Lars Castellucci, también se pronunció en X antes de la audiencia del 29 de octubre y sostuvo que junto «con muchas organizaciones de la sociedad civil alemana sigue el destino de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez».

«Esperamos un juicio transparente y justo desde mañana. La labor de la sociedad civil en El Salvador y Alemania es esencial para una sociedad abierta e inclusiva», expresó.
Un tribunal de El Salvador decidió el pasado 29 de octubre que el joven activista Henríquez y Pérez continuaran en prisión durante el proceso penal en su contra por los delitos de desórdenes públicos y resistencia por participar en una concentración pacífica que buscaba evitar el desalojo de cientos de campesinos.
El pasado 30 de mayo, el joven abogado y el líder comunitario enfrentaron la audiencia inicial del proceso penal en su contra y el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretar libertad condicional, ordenó la detención provisional y un período de seis meses para la etapa de instrucción.

Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos, y la Fiscalía General les acusó de los delitos de desórdenes públicos y resistencia.
En respuesta a la concentración, Bukele acusó a organizaciones de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben.
Varias organizaciones han cerrado operaciones en El Salvador tras la aprobación de esta ley, que también considera responsabilidades penales y ha sido catalogada de «confiscatoria» de los recursos que estos entes reciben de la cooperación.
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