La Comisión de Seguridad Nacional avaló el jueves el dictamen de reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado para extender hasta por tres años la presentación de acusaciones masivas, si así lo solicita un fiscal superior. Se contó con las consideraciones del fiscal general, Rodolfo Delgado, y de la representante del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Karina de Olivares.

El proyecto establece que si los detenidos están bajo arresto administrativo, serán llevados ante un juez. El fiscal pedirá que se les asigne un caso según la estructura criminal a la que se les acuse de pertenecer y con la información presentada por la Fiscalía, el juez impondrá la medida cautelar (por ejemplo, prisión preventiva) requerida.

Decidida la medida cautelar, la Fiscalía tendrá hasta 24 meses para presentar la acusación formal contra toda la estructura y sus miembros ante el Tribunal Contra el Crimen Organizado. Vale mencionar que el periodo de 24 meses se otorgó de manera transitoria en 2023 y que vence el próximo 25 de agosto (decreto 803).

«El 803 llega a su conclusión, ha producido lo que debía ocasionar, agrupar a las personas. Lo que viene es a iniciarse el procedimiento para la acusación formal por parte de la Fiscalía», dijo Olivares.

Según mencionó, estas reformas significan una «necesidad»: «El procesamiento se veía frustrado, las audiencias se tenían que suspender y una infinidad de efectos nocivos al objetivo de seguridad pública», dijo sin dar detalles.

Cuando los imputados estén agrupados en un solo caso, la Fiscalía podrá presentar una acusación parcial, es decir, acusar únicamente a quienes ya se les pueda sustentar la acusación con pruebas suficientes; mientras que los demás seguirán en investigación hasta completarla, aunque el plazo de instrucción haya terminado.

Si la Fiscalía no presenta la acusación en el plazo, el juez pedirá explicaciones al fiscal superior. Si este no responde, el juez dictará sobreseimiento definitivo (cierre del caso).

Para esta medida, por incidencia del diputado Caleb Navarro, se emitió una propuesta de reforma, en la que incluye que el fiscal superior podrá solicitar doce meses de prórroga.

«En aquellos casos en los que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial impuesto, su ampliación, estimo 12 meses», indicó Delgado, a lo que la comisión aceptó.

Además, cuando el juez reciba la acusación, en un máximo de tres días fijará fecha y hora para una Audiencia Única Abierta, que deberá realizarse dentro de los 60 días siguientes.

«Estas reformas van a favorecer la mecánica de los diferentes procesos penales y a garantizar los derechos, tanto de los que están actualmente detenidos, como de las personas que han sido víctimas de estos delincuentes», justificó Delgado.

Reiteró que las medidas serán aplicadas «a las estructuras que intenten usurpar» las funciones o competencias del Estado.

El equipo legal de Cristosal advirtió que a un ciudadano que no es pandillero, o que es víctima de las pandillas pero fue detenido arbitrariamente bajo el régimen de excepción, lo pueden incluir en la misma acusación y podría recibir la condena de 20 años o más sin que se haya presentado prueba individual en su contra.

«Casi todas las detenciones del régimen de excepción han sido arbitrarias, sin investigaciones previas y que se mantiene a las personas detenidas bajo condiciones de tortura, sin que se haya presentado elementos de prueba individual contra los detenidos», indicó el equipo.

Audiencias abiertas

Otro aspecto de la reforma es que la audiencia permanecerá «abierta» mientras haya miembros de la estructura criminal que no hayan sido juzgados. El fiscal presentará al juez los imputados que se juzgarán, según su pertenencia y jerarquía en la estructura, y el juez decidirá el orden de participación. Una vez se revisen todas las imputaciones, el juez emitirá sentencia.

Si durante dos años consecutivos no se incorporan nuevos acusados ni pruebas relevantes, el juez podrá cerrar la audiencia, previa consulta al fiscal. Sin embargo, podrá reabrirse si surgen nuevos imputados o pruebas que demuestren actividad de la estructura.

Se entiende por audiencia abierta un proceso judicial continuo para juzgar a una organización criminal y a sus miembros, que se mantiene activo mientras haya implicados sin juzgar, permitiendo incorporar nuevos acusados conforme aparezcan pruebas de su pertenencia al grupo.

Con las reformas, según explicó Delgado, los defensores asistirán solo cuando se van a verter elementos probatorios en contra de un acusado determinado, es decir, ya no será «necesario» que estén presentes durante todo el desarrollo de la audiencia los defensores o todos los imputados.

Para la abogada Roxana Cardona se está «condenando vía decreto» y las condenas y absoluciones deben regirse en un debate de acusación y defensa.

La penalista Marcela Galeas explicó que esto rompe la estructura procesal tradicional (con etapas y plazos cerrados).

«Supone una dificultad para que la defensa técnica ejerza contradicción con evidencia incorporada en momentos distintos», dijo.

Además, se avaló incorporar como disposiciones transitorias reasignar números de causa para procesos en curso bajo el régimen transitorio anterior, sin precisar si esto altera las garantías adquiridas o plazos ya corridos.

«Podría incurrir en inseguridad jurídica para imputados en procesos avanzados, así como la inaplicabilidad del principio de irretroactividad penal desfavorable», señaló.

«No tienen la capacidad instalada para procesar tantísima gente ya, tiene que prepararse más y no les importa tener a la gente sufriendo», reaccionó la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar.