Parlamento Europeo señala falta de independencia judicial en El Salvador
Parlamento expuso su preocupación por las detenciones generalizadas sin causa justificada, torturas, desapariciones forzadas de civiles y el alarmante hacinamiento en las cárceles.
El Parlamento Europeo expresó su preocupación por el retroceso democrático y la falta de independencia del poder judicial en El Salvador, en su resolución del 8 de octubre de 2025 en el marco de la estrategia política de la Unión para América Latina y el Caribe (ALC).
El Parlamento externó: «Su profunda preocupación por la erosión de los principios democráticos y la elusión deliberada de las salvaguardias constitucionales en otros países de ALC, especialmente en El Salvador».
Además, manifiesta su «alarma por la falta de independencia del poder judicial y la falta de transparencia en las acciones gubernamentales, el uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida y las crecientes restricciones a las libertades de reunión y de prensa».
Desde 2021, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y con el decreto de retiro obligatorio de más de 200 jueces mayores de 60 años, el gobierno de Nayib Bukele ha cooptado al Órgano Judicial. Además de mantener su influencia sobre el Ministerio Público e instituciones contraloras con funcionarios electos por la bancada oficialista que domina la Asamblea Legislativa.
Esta misma bancada es la que ha prorrogado por más de tres años el régimen de excepción, medida que el gobierno mantiene para combatir a las pandillas; pero que también ha sido aplicada a defensores de derechos humanos detenidos y ha sido usada para capturas arbitrarias, según denuncias de organizaciones sociales.
El Parlamento Europeo expresó, además, «su profunda preocupación por las informaciones sobre detenciones generalizadas sin causa justificada, torturas, desapariciones forzadas de civiles y el alarmante hacinamiento en las cárceles», que también han denunciado las organizaciones tanto nacionales como internacionales, pero el gobierno no les da validez.
La instancia europea también «condena a las autoridades por no exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad por sus acciones y por su persistente rechazo de las solicitudes internacionales de supervisión e investigación», dice la resolución.
Juanita Goebertur, directora para la Américas de Human Rights Watch, destacó la importancia de la resolución.
El Parlamento Europeo adoptó una resolución expresando su "profunda preocupación por la erosión de los principios democráticos… especialmente en El Salvador".
El extenso documento también hace señalamientos al régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y condenó «enérgicamente» sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la persecución de la oposición y la represión de la Iglesia católica y la sociedad civil, así como de la supresión de los medios de comunicación libres y de toda muestra de independencia frente al poder. E instó a las autoridades nicaragüenses «a que restablezcan el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos de todos los nicaragüenses en el exilio, incluido el derecho a un retorno seguro sin demora».
