El programa cero Ocio incluye un componente artístico. Foto cortesía @VCpresidenciaSV
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió al programa de rehabilitación dentro del sistema penitenciario salvadoreño que aplicaría para prisioneros por delitos menores.
Comentó en la entrevista de canal 21 este jueves que se hizo una reestructuración de los centros penales, los cuales tenían condiciones precarias y eran controlados por pandillas.
«Cuando se construyó el CECOT, que ya es un centro especializado para contención del terrorismo eso no tiene que ver con el sistema penitenciario normal, se empezó a tergiversar la imagen del país», dijo.
Argumentó que la percepción era que el CECOT es el lugar a donde se encierra a todas las personas capturadas, pero que este es para las personas que son condenadas por actos de terrorismo, “que son los que han pasado todo el proceso hasta llegar al nivel de condena”.
La rehabilitación también es una obligación del Estado y que eso lo define el proceso.
“Una persona que está condenada a 300 o 100 años de cárcel no va a entrar en el programa Rehabilitarte. Una persona que cometió un delito menor o que ya va a cumplir la pena y va a salir tiene el derecho de reinsertarse y para eso los programas que tenemos son maravillosos”, expuso.
Mencionó que el programa Cero Ocio contiene la parte de confección de uniformes, carpintería y ahora las artes plásticas. La exposición de Rehabilitarte se encuentra en el Palacio Nacional.
Expuso que en el exterior siguen divulgándose las imágenes de los reos en el CECOT, lo que llamó como “la parte excepcional» que está aplicada a minorías que están condenadas por actos de terrorismo y no a todos los detenidos.
«Se siguen sacando las imágenes del CECOT, de los reos sentados, eso es la parte excepcional que está aplicada a minorías que están condenadas por actos de terrorismo»
Félix Ulloa
Pero que en el reo “común”, por delitos menores, se le aplica el sistema de rehabilitación del programa Cero Ocio.
Agregó que junto con la parte coercitiva se hicieron reformas al Código Penal y al Procesal Penal, así como “actualizar la administración de las justicia”, porque los jueces estaban “cooptados o amenazados” por las pandillas.
Cabe recordar que las reformas penales y procesales no solo aumentaron los años de prisión por delitos de agrupaciones ilícitas (hasta 30 años), sino que también extendieron el plazo de la detención provisional hasta la mitad de la pena del delito imputado mientras se presentan las causas judiciales.
También permitieron que las personas capturadas en el régimen de excepción pasen detenidas hasta cuatro años mientras la Fiscalía presenta las acusaciones a los tribunales, plazo que termina en agosto de 2027; así como se habilitaron los juicios masivos.
