La muerte violenta, negligencia médica, causa desconocida, enfermedad terminal y presunto suicidio, son las posibles causas de los decesos de personas que estaban recluidas en el sistema penitenciario de El Salvador en el marco del régimen de excepción, de marzo de 2022 a diciembre de 2025, de acuerdo al Socorro Jurídico Humanitario.

La organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos publicó en su cuenta de X, que desde que se implementó la medida han conocido los casos de 470 muertes de personas que estaban bajo custodia del Estado.

La mayoría de los hechos fueron registrados durante el 2023, con 123 muertes. 

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En el 2022 conocieron 113 casos; en el 2024, 115; y durante el 2025 la cifra fue de 119.

Al desglosar las causas de las muertes, la organización señaló que 149 casos fueron por muerte violenta, lo que representa el 32 % de los hechos. En algunos casos se conoció que el certificado consignaba la muerte por «edema pulmonar».

62% fallecieron en hospitales,

de acuerdo al informe de Socorro Jurídico Humanitario.

Un 31% (148 hechos) fue por presunta negligencia médica; otro 31% (146) por causa desconocida; por enfermedad terminal fue un 5% (22) y por aparente suicidio el 1% (4).

“Para 2024 y 2025, los familiares de las víctimas prefieren callar la causa de muerte de su familiar por temor a represalias por el Estado (detenciones arbitrarias) y no brindan la información”, señalan en una de las láminas del informe.

Agrega que por ello la causa de “muerte violenta” ha disminuido y ha incrementado la de “causa desconocida”.

Socorro Jurídico Humanitario señaló que el 77 % de las personas (364) estaban recluidas en los penales de Izalco, 192; Mariona, 89; Apanteos, 49; y Quezaltepeque, con 34.

Sólo en cuatro de los casos se conoció que las personas estaban recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que fue costruido en Tecoluca, San Vicente.

Otras 20 personas fallecieron mientras estaban recluidas en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).

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La organización señala que las muertes ocurrieron principalmente en la red hospitalaria nacional, con 294 casos.

Los principales centros asistenciales donde ocurrieron dichas muertes fueron: el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, San Juan de Dios de Santa Ana, Zacamil de Mejicanos y Rosales de San Salvador.

La característica de dichos establecimientos es que se encuentran cerca de los centros penitenciarios donde están recluidos reos detenidos bajo el régimen de excepción, medida que está por cumplir cuatro años de vigencia.

Otras 143 muertes ocurrieron mientras las personas se encontraban en los centros penales.

26% de los fallecidos

tenían menos de 30 años; el 42% tenía entre 30 y 50 años; el 15% eran mayores de 50 años. De estos últimos, 25 sobrepasaba los 61 años

La organización también consigna que 441 de los fallecidos no se tenía pruebas que fueran pandilleros, que 26 “tenían vínculos confirmados”, y que en tres casos se desconoce su afiliación a dichos grupos.

“87% de los fallecidos les habían atribuido delitos relacionados al R.E. (régimen de excepción); 9% otros delitos (no R.E.) (y) 4% se desconoce delito… Muchos fallecieron en menos de cuatro meses de detención. Ojo, no son ‘muertes naturales’”, consigna el informe.

El gobierno no se ha pronunciado públicamente por dichos casos; sin embargo, funcionarios han señalado en varias ocasiones que el régimen de excepción ha permitido la disminución de muertes violentas y mejorar el clima de seguridad en el país.

Cuatro años de medida

Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, hasta el cierre del 2025 la cifra de capturados asciende a 90,844. De los cuales casi 84,000 guardan detención provisional.

El ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó que durante 2025 se capturó a 6,584 personas acusadas de agrupaciones ilícitas, en el marco del régimen de excepción.

Diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC aprobaron a finales de diciembre del año pasado, la prórroga número 46 al decreto del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales a la población. Esta extensión está vigente del 1 al 30 de enero de 2026.

El estado de excepción suspende de manera general en todo el territorio las garantías constitucionales del derecho a la defensa técnica y de ser informado inmediatamente del motivo de la detención; amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención administrativa, es decir, el tiempo que tiene el Ministerio Público para presentar una acusación ante tribunales, y suspende el derecho de inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

Pese al discurso oficial de la mejora de la seguridad, en los decretos de prórroga siempre se alega que las pandillas tratan de reagruparse y reclutar nuevos miembros.

“De no seguir con esa política de seguridad, con el régimen de excepción, hubiera sido imposible ubicar el año recién pasado a 6,584 delincuentes”

René Francis Merino Monroy
Ministro de Defensa Nacional
5 enero 2026