El TSE y la PDHH firmaron el convenio de cooperación de cara a las elecciones de 2027. Foto cortesía TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) suscribieron el miércoles pasado un Convenio Marco de Colaboración y Coordinación, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar los derechos políticos en el contexto de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó que este acuerdo responde a una visión de Estado basada en la cooperación interinstitucional y el compromiso con la ciudadanía.
“Este convenio de colaboración y coordinación con la PDDH representa un paso firme en la consolidación de un proceso electoral más sólido, transparente y plenamente respetuoso de los derechos fundamentales”, expresó la Magistrada.
Según el comunicado de prensa, el convenio permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante incidencias y garantizar, en cada etapa del proceso electoral, el ejercicio pleno de los derechos políticos de los salvadoreños.
Considera que se trata de «una alianza estratégica que contribuye a generar confianza, prevenir riesgos y consolidar un sistema electoral más sólido», añadió Soriano.
Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, subrayó la importancia del convenio.
«Un instrumento que más allá de su dimensión formal, representa un compromiso sustantivo con la democracia, con la Constitución, con la institucionalidad, pero sobre todo con la ciudadanía. En toda sociedad democrática el ejercicio del poder público encuentra su legitimidad en la voluntad popular», dijo.
Aseguró que el trabajo del TSE y la PDDH es «un compromiso compartido de asegurar que cada proceso electoral sea una auténtica expresión de la soberanía del pueblo salvadoreño».
Este esfuerzo implicaría una vigilancia antes, durante y después del proceso electoral, velar por el desarrollo de la jornada electoral y por la conducta de las instituciones públicas, los partidos políticos y demás actores, a fin de prevenir cualquier vulneración al ejercicio del sufragio.
