El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este 27 de enero la cuarta audiencia única abierta en contra de 163 capturados bajo el régimen de excepción, según informó la Fiscalía en su cuenta de X.
La Fiscalía acusa en este caso a supuestos pandilleros vinculados al programa Libertad de la clica Teclas Locos de la Mara Salvatrucha (MS-13). El dictamen de acusación en contra de los 163 procesados fue presentado en diciembre de 2025 ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado.
Además, según la información divulgada por la Fiscalía estos son acusados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas.
#CombateAPandillas | Este día, inicia la Audiencia Única Abierta contra 163 pandilleros de la MS capturados, en el marco del Régimen de Excepción, en La Libertad.
La @FGR_SV cuenta con suficientes evidencias para demostrar que, estos sujetos cometieron diversos crímenes, entre… pic.twitter.com/KtASJB2MgF
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 27, 2026
Este martes, en las afueras del Centro Judicial contra el Crimen se observaba a decenas de familiares de privados de libertad, quienes esperaban el resultado de esta audiencia.
Entre ellos se encontraba María Ángela Ramos, madre de Erick y Carlos Ramos. La mujer llegó hasta este centro judicial, ubicado en Soyapango, luego de que la abogada pública les notificó sobre el desarrollo de esta audiencia en contra de sus hijos.
María relató que sus hijos fueron capturados bajo el régimen de excepción en abril de 2023 y desde esa fecha su familia no ha podido tener mayor información sobre ellos. Solamente conocen los centros penitenciarios en los que se encuentran.
Carlos se encuentra en el Centro Penal de San Francisco Gotera, al oriente del país. Su hermano Erick, quien padece una enfermedad mental, ha estado recluido en el Centro Penal de Ilopango desde que fue capturado.
Foto EDH / Miguel Lemus
Notificación tardía
Sin embargo, fuentes judiciales vinculadas al caso cuestionaron la manera en la que fueron citados los abogados, fiscales y testigos del proceso. Aseguran que el Tribunal les notificó tardíamente sobre esta audiencia.
“Ellos mismos admiten que no saben qué van hacer y dieron cinco días para responder. Es un gran violación de derechos humanos, todo el proceso está hecho para condenar a esa gente”, dijo una de las fuentes de este caso.
María narró que su hijo Carlos fue capturado en horas de la madrugada y que él se dedicaba a hacer viajes a través de una plataforma digital. El día de la captura, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su vivienda y le pidieron que los acompañara. Desde abril de 2023 ya no regresó a su casa.
A Carlos y a Erick los defiende una misma abogada de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, según verificó El Diario de Hoy, esta misma profesional ejerce la defensa de otros 149 imputados en este proceso.
Estas audiencias se desarrollan luego que la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que permite procesar de forma masiva a una estructura en un solo expediente.
Cuestionan juicios masivos
Foto EDH / Miguel Lemus
Un grupo de familiares de privados de libertad que pertenecen al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentraron también afuera del Centro Judicial contra el Crimen Organizado para denunciar los juicios masivos durante el régimen de excepción.
Samuel Ramirez, vocero de esta organización, cuestionó que a través de estas audiencias masivas las autoridades condenen también a personas que no cometieron delitos.
“Nos preocupa esa agrupación de personas inocentes con personas vinculadas a pandillas o verdaderos criminales en este país. La fiscalía tuvo más de tres años para comprobar el delito y ahora quieren condenarlos a través de vinculación de las pandillas a través de un territorio, eso tampoco creemos que sea lo correcto, eso es arbitrario”, mencionó Ramírez.
