Sólo en lo que va del año, Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 21 muertes de reos bajo custodia del Estado.
Sólo en lo que va del año, Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 21 muertes de reos bajo custodia del Estado.

La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) confirmó este lunes 2 de marzo que la cifra de muertes de detenidos bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción ya llegó a 495.
Según detallaron en su cuenta de X, el último caso se trató de un hombre que estaba recluido en el Centro Penal de Izalco, que era procesado bajo el régimen de excepción, no había recibido condena y falleció en el Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate.
Además, detallaron que la cifra de muertes podría superar las mil, pero que solamente han podido documentar 495, y que en la mayoría de estos casos se trata de detenidos que “murieron en las cárceles de El Salvador sin haber sido vencidos en juicio”.
Socorro Jurídico también informó que la Corte Penal Internacional les notificó que admitieron el informe que presentaron en agosto de 2025, en el que documentaron casos sobre fallecidos en el régimen de excepción y casos de tortura al interior de las cárceles.
#URGENTE
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) March 2, 2026
Nos notifica de recibido el informe sobre graves violaciones a DDHH durante estos 4 años de la medida règimen de excepciòn contra personas inocentes en #ElSalvador. Van 494 muertes de salvadoreños que no tuvieron derecho de audiencia y murieron por negaciòn del derecho… pic.twitter.com/1d1at3cR8S
“Nos notifica de recibido el informe sobre graves violaciones a DDHH durante estos cuatro años de la medida régimen de excepción contra personas inocentes en El Salvador”, informaron en la cuenta de X de SJH.
“Van 494 (495) muertes de salvadoreños que no tuvieron derecho de audiencia y murieron por negación del derecho a la salud, tratos crueles, homicidios agravados debido a masivas detenciones arbitrarias. Es nuestro derecho comunicar estas violaciones a los mecanismos internacionales de los distintos instrumentos legales internacionales como el Estatuto de Roma y la CPI”, añadieron.
Según el documento de admisión al que tuvo acceso El Diario de Hoy, solicitaron al fiscal de la Corte Penal Internacional que abra una investigación preliminar sobre las muertes bajo custodia y los abusos sistemáticos documentados en El Salvador.
“Que se investigue la responsabilidad del Estado, incluyendo el papel de las autoridades penitenciarias, la policía, las fuerzas armadas y los funcionarios gubernamentales en la autorización o tolerancia de estos actos”, se lee en el documento.
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Además, pidieron que se garantice la rendición de cuentas por “los crímenes cometidos bajo el Estado de Excepción y brindar garantías de no repetición a las víctimas y sus familiares”.
Desde la organización, han reiterado que el documento consta de “un informe completo sobre las graves violaciones a derechos humanos de parte del Estado de El Salvador contra población civil inocente”.
Entre los delitos planteados por Socorro Jurídico están desaparición forzada, muertes extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las cárceles de El Salvador.
Los nombres de personas fallecidas en penales durante el régimen de excepción y un análisis de estas muertes están entre las pruebas incorporadas en el informe.
Por su parte, Ingrid Escobar, directora de SJH, manifestó que les notificaron la admisión del informe y que se procedió a “informar al fiscal de la Corte Penal Internacional que hay indicios del cometimiento de crímenes de lesa humanidad en El Salvador y ellos son los que van a determinar si lo investigan en su momento”.
La directora de SJH, Ingrid Escobar, ha planteado desde hace unas semanas que este año podría convertirse en el “más mortífero”, en cuanto a los decesos bajo custodia del Estado.
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En los primeros tres meses del año, la organización ya ha documentado 21 muertes: ocho en enero; 11 más en febrero y dos en los primeros días de marzo.
“La mayoría provienen del Centro Penal de Izalco. Estas muertes no son accidentes. Son el resultado de negligencia, abandono y un régimen que normaliza la impunidad”, afirmaron en la publicación.

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