La Sala de lo Constitucional resolvió el pasado 3 de diciembre de 2025 admitir una demanda de hábeas corpus presentada a favor de Irvin Jeovanny Quintanilla García, un joven salvadoreño deportado de Estados Unidos a El Salvador, quien se encuentra detenido provisionalmente en una cárcel en Santa Ana. 

El Diario de Hoy tuvo acceso a la resolución de los magistrados en la que argumentaron que es procedente emitir un auto de exhibición personal de Quintanilla García y que las autoridades demandadas, en este caso: el fiscal general, el director de Centros Penales y el director del referido centro penitenciario informen sobre la situación jurídica en relación a su detención. 

Los cinco magistrados de la Sala Constitucional consideran que es necesario realizar gestiones para verificar lo reclamado en la demanda de hábeas corpus y por ello nombraron a un juez ejecutor, que tendrá la función de “intimar” a las autoridades a las que se les atribuyen las vulneraciones. 

“Las autoridades demandadas tienen la obligación de responder íntegramente a los requerimientos del solicitante, lo cual permitirá otorgar una adecuada tutela constitucional”, describen los magistrados. 

Además, añadieron que la persona delegada deberá documentar y comunicar “cualquier obstáculo que se presente en el desarrollo de la labor encomendada”. 

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La persona nombrada por la Sala de lo Constitucional deberá verificar en los expedientes administrativos o penitenciarios de Irvin Quintanilla si existe requerimiento fiscal en su contra por parte de la Fiscalía, la autoridad judicial donde fue presentado y el delito, si es que existiera. 

El juez ejecutor también deberá revisar si Irvin se encuentra en detención preventiva o si ya está cumpliendo una pena de prisión, en qué centro penal o si ya fue puesto en libertad, y si este fuera el caso, que indiquen la fecha en la que la recuperó. 

Este medio de comunicación ha documentado el caso de seis familias que reportaron la desaparición de sus familiares deportados en las cárceles salvadoreñas. De estos, cinco han sido denunciados ante la CIDH, incluido el caso de Irvin. 

Sobre este último, la Comisión consideró “que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”, luego de que el abogado de la familia denunció que este fue deportado. 

Informe sobre visita en cárcel

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional también encomendaron al juez ejecutor que verifique cuál es el instructivo, reglamento o acuerdo en el que se describa el procedimiento general y condiciones de tiempo, lugar y forma para que los abogados y familiares se comuniquen con los recluidos en este centro penal de Santa Ana. 

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Además, piden que se verifique en los libros de control de ingreso de esta cárcel si existe una solicitud del abogado de Irvin para ingresar al recinto carcelario y que se ubique fecha y horas de visita, la duración de esta y las condiciones en las que se realizaron.

La Sala de lo Constitucional advirtió a las autoridades demandadas que deberán facilitar el trabajo de verificación del juez ejecutor y que podría haber responsabilidades en contra de estas si obstaculizan este trabajo. 

Luego de esta verificación, tanto la Fiscalía y Centros Penales pueden presentar un informe de defensa en la que deberán pronunciarse sobre las supuestas vulneraciones constitucionales alegadas por el abogado de la familia de Irvin Quintanilla. 

Finalmente, los magistrados de la Sala de lo Constitucional solicitaron a las autoridades demandadas que informen sobre la situación jurídica del joven salvadoreño y que informen cualquier decisión que incida en el proceso.

Sin paquete ni depósito

La familia de Irvin Quintanilla solamente tiene conocimiento que él se encuentra en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. “Nos dimos cuenta por medio del abogado que él está ahí. El gobierno le contestó que ahí lo tienen, que no nos preocupamos que él estaba bien”, mencionó la madre del joven. 

Sin embargo, lamentan que no han podido tener comunicación con él y que tampoco les han permitido llevarle el paquete al centro penal ni le han depositado dinero. 

“Ellos no tienen ese privilegio que uno les puede llevar paquete, o sea que ni el abogado ha podido entrevistarse con mi hijo, nomás porque dicen que ahí está y nosotros confiamos en Dios que ahí está, pero que nosotros le vamos a llevar paquete o depositarle dinero no nos han dejado todavía tener ninguna comunicación con él”, mencionó.