Ruth López, abogada de Cristosal y defensora de derechos humanos de El SalvadorFoto EDH / AFP
Este 14 de marzo se cumplieron 300 días desde que autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron la captura de la abogada y jefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López.
Ruth fue capturada el 18 de mayo de 2025 en su vivienda. El 4 de junio, la abogada pidió que su proceso fuera público. “Soy una presa política, todas las acusaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción de este Gobierno”, dijo al salir de la audiencia inicial.
Precisamente, al momento de la detención de López, los policías captores le informaron que sería detenida por orden de la Fiscalía, por el delito de «peculado» (apropiarse de fondos públicos); sin embargo, al momento de ser acusada, le cambiaron el delito a «enriquecimiento ilícito».
La organización Cristosal ha jugado un papel importante en la denuncia de actos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele y de graves violaciones de derechos humanos de personas capturadas bajo el régimen de excepción.
Este día, la organización recordó también los 300 días de López en detención y afirmaron que «el intento de mantener su caso en secreto no ha logrado silenciar la exigencia global de libertad y justicia».
#LibertadParaRuthLópez | Hoy, Ruth López cumple 300 días detenida. El intento de mantener su caso en secreto no ha logrado silenciar la exigencia global de libertad y justicia. pic.twitter.com/dvj724oe2i
Además, Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos también se expresó esta semana sobre el caso de López en una audiencia pública ante la CIDH.
«Actualmente se encuentra arbitrariamente detenida, sometida a una prolongada prisión preventiva en un caso que presenta todos los indicios de criminalización, y esta Comisión ha otorgado medidas cautelares a su favor.»
El 3 de diciembre del año pasado, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el actuar de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), Raquel Caballero, en el caso de López.
En una carta abierta dirigida a la funcionaria, la organización indicó que la actuación de Caballero «no refleja la diligencia, el enfoque de prevención, ni la centralidad de la víctima que exige su mandato constitucional».
Además, solicitaron a la PDDH visitas regulares y rigurosas a Ruth López para verificar su estado de salud y condiciones de su detención.
En diciembre, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, que lleva el caso judicial de López, otorgó seis meses más a la Fiscalía para que continúe la investigación en contra de la abogada. Por lo que podría permanecer detenida al menos hasta junio de este 2026.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en septiembre de 2025 a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un “riesgo de daño irreparable” a sus derechos a la vida, integridad y salud.
Desde Cristosal han planteado que el Estado salvadoreño sigue sin cumplir las medidas cautelares emitidas por la CIDH, entre las que se encuentran la revisión de la medida de la detención provisional.
Audiencia ante CIDH
El Gobierno salvadoreño fue cuestionado sobre la criminalización de defensores de derechos humanos en el marco del 195 periodo de audiencias de la ¿CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante la audiencia pública celebrada en ciudad de Guatemala, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que el régimen de excepción contra las pandillas, que suspende garantías judiciales y constitucionales de la población, ha sido utilizado en El Salvador para perseguir a defensores de derechos civiles.
Organizaciones informaron sobre el silencio histórico e impunidad frente a la violencia sexual y de género ocurrida durante el conflicto armado en El Salvador, dirigida de forma sistemática a mujeres, niñas y adolescentes. Señalaron falta de reconocimiento, investigación y reparaciones, y pidieron al Estado garantizar justicia para las sobrevivientes.
El Estado señaló una deuda histórica con las mujeres salvadoreñas y el compromiso de avanzar en acciones concretas de justicia, reparación y dignidad para las sobrevivientes de los horrores de la violencia sexual durante el conflicto armado. Ello, evitando la revictimización y sin perjuicio del tiempo transcurrido.
La CIDH destacó la gravedad, invisibilidad e impunidad de la violencia sexual sufrida por mujeres, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Subrayó la importancia de las reparaciones transformadoras y con enfoque Inter seccional para las sobrevivientes del pasado y el presente, y valoró el reconocimiento del Estado y su compromiso de investigar, sancionar y reparar estos crímenes.
Foto/ Cortesía @CIDH
El comisionado de la CIDH, José Luis Caballero, preguntó al gobierno salvadoreño sobre el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por ese organismo en septiembre de 2025 a favor de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, críticos del oficialismo actualmente detenidos.
La respuesta de Adriana Mira, vicecanciller de la República y representante del gobierno, fue que el Estado ha emitido de manera constante actualizaciones sobre el caso, pero no dio detalles, sino que le sugirió que busque la información: «De manera respetuosa le solicito que pueda solicitarlos dentro de la misma Comisión», dijo.
Durante la exposición de las organizaciones, la representante de Amnistía Internacional (AI), Irene Cuéllar, dijo que el régimen de excepción ha propiciado persecución contra defensoras de derechos civiles y que este ha sido un esquema «que busca inhibir la participación, desarticular procesos organizativos y castigar la protección de derechos humanos».
Agregó que existe una persecución penal y judicialización en contra de estas personas y que entre 2019 y 2025 diferentes organizaciones nacionales documentaron 174 casos de criminalización contra personas defensoras, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.
