Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia.

La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador.

El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: «Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo».

Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. «Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados», explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego.

Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes.

«No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa», añadió Abraham Ábrego.

Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar.

«Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal», manifestó.

Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: «Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas».

El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

Human Rights Watch exige juicio justo para Ruth López

La organización Human Rights Watch (HRW) exigió este lunes a las autoridades de El Salvador que garanticen un juicio justo, rápido y abierto a la activista y abogada Ruth López, en un caso que permanece bajo reserva y cuya familia tilda de «secuestro».

López, directora de la ONG Cristosal y destacada defensora de los derechos humanos, fue arrestada el 18 mayo de 2025 acusada de peculado (malversación) en relación con su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral durante el Gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal el 2 de junio de 2025.

«Ruth López pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños del abuso de poder», manifestó este lunes Juanita Goebertus, directora para América de HRW.

En un comunicado, Goebertus señaló que «las autoridades deberían levantar el secretismo sobre su caso, presentar cualquier prueba creíble en un tribunal abierto y permitir que López tenga acceso significativo a sus abogados.»

Según Human Rights Watch, «las pruebas contra López no se han presentado en audiencia pública» y «el juez no ha articulado públicamente una razón para mantener su caso bajo sello judicial».

La abogada prmanece recluida en la cárcel Granja Penitenciaria de Izalco, a 60 kilómetros de San Salvador, a la espera de la audiencia de instrucción, que debería ser programada para el mes que viene.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos, López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, avisos a la Fiscalía para que investigara el uso irregular de fondos estatales y sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

En diciembre de 2024, la abogada fue incluida en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.

También ha sido homenajeada con al menos cinco reconocimientos, cuatro de ellos internacionales, por su trayectoria.

«El uso de la detención preventiva indefinida contra López y otros críticos del Gobierno refleja un patrón más amplio en El Salvador, donde los sucesivos cambios legales adoptados desde 2022 han desmantelado efectivamente las garantías del debido proceso», denunció HRW, quien detalló que la mayoría de estas medidas han sido adoptadas bajo el estado de emergencia vigente desde marzo de 2022.