La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibe este año con una reducción significativa a su presupuesto en todas las áreas, incluyendo la de administración de justicia y remuneraciones.

Tras la reforma constitucional del 16 de diciembre que eliminó la asignación del 6% de los ingresos corrientes del presupuesto al Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa no solo aprobó un presupuesto inferior al solicitado para 2026, sino que incluso es $123 millones menor al que tuvo la Corte en 2025.

La petición para 2026 fue de $553.4 millones, el presupuesto del Órgano Judicial en 2025 fue de $492.3 millones y el aprobado para 2026 es de $369.2 millones; las reducciones se observan en todas unidades presupuestarias.

De acuerdo al documento de Ley de Presupuesto 2026 publicado en el Portal de Transparencia Fiscal, la asignación para la Dirección y Administración Institucional baja de $92.8 millones a $73.03 millones; la de Asuntos Jurídicos baja de $42.8 millones a $34.9 millones, la unidad de Administración de Justicia se reduce de $270.9 millones a $237.7 millones, la de infraestructura física baja de $58.1 millones a $3 millones y para la Dirección de Medicina Legal la asignación se redujo de $27.5 millones a $20.5 millones para este año.

Dentro de la Administración de Justicia funcionan la administración de Justicia en Salas y la Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados.

En el caso de las Salas, el propósito es “contribuir al estado de derecho, la seguridad jurídica y la paz social en El Salvador, a través de resolver en forma ágil y eficiente los procesos presentados a las cuatro Salas de la Corte Suprema de Justicia y disminuir los casos de jurisprudencia pendientes de resolver, utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales asignados”. Esta redujo sus recursos presupuestarios de $16.4 millones a $15.9 millones.

Y los fondos para tribunales y centros judiciales se redujeron de $254.4 millones a $222.1 millones.

Esta es la área que tiene como responsabilidad “administrar pronta y cumplida justicia mediante la atención, conocimiento y resolución de las causas judiciales que se presenten; disminuir el volumen procesal en casos de jurisprudencia y fortalecer la capacidad de los distintos tribunales con nuevos modelos de administración de justicia, promoviendo la resolución de conflictos a través de la mediación y herramientas en tecnología de la información”.

Puede leer: Modifican competencias de juzgados de Chinameca y Ciudad Barrios

La unidad que más se redujo es la de infraestructura física, con $55.1 millones menos para este año, aunque cabe señalar que para 2025 se programaron 14 proyectos de infraestructura y para 2026 solo se asignaron recursos a dos: la construcción de Centro Judicial en San Martín, Departamento de San Salvador, con $1 millón; y la construcción del Estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, por $2 millones.

Baja en salarios

Todas estas unidades tienen reducciones en el rubro de remuneraciones, es decir, las asignaciones para el pago de salarios.

La Dirección Superior baja de $9.7 millones a $8.5 millones, la Administración de finanzas baja de $50.1 millones a $38.6 millones, la línea de Igualdad de Género y Vida Libre de Violencia para las Mujeres baja de $2.8 millones a $2.6 millones.

La línea de Administración de Asuntos Jurídicos baja de $35.07 millones el año pasado a $28.4 millones, es decir, $6.6 millones menos.

La línea de Administración de Justicia en Salas se reduce de $11.7 millones a $10.4 millones y la de Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados bajó de $171.5 millones a $164 millones para remuneraciones.

La unidad de infraestructura no tiene asignación para remuneraciones ni adquisiciones de bienes y servicios, sino que los $3 millones se asignaron al rubro de inversiones en activos fijos.

Y en el Instituto de Medicina Legal se reduce la línea de dirección y administración de $5.2 millones a $3.7 millones y la de peritaje de $12.5 millones a $9.7 millones.

El total de plazas por Ley de Salarios se disminuye de 7,319 a 6,776 para este año y las plazas por contrato se reducen de 4,442 a 3,940. Es decir, 1,045 puestos de trabajo menos.

Por clasificación, son 333 personal técnico menos dentro del Órgano Judicial para este año, 322 personal administrativo menos, 65 de seguridad menos, 31 de obra menos y 291 de servicio menos.