Extractos de correos electrónicos hechos públicos esta semana por un juez federal en Tennessee han puesto en entredicho la versión del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la independencia con la que se decidió procesar a Kilmar Armando Ábrego García, el inmigrante que fue deportado indebidamente a El Salvador en marzo y posteriormente devuelto a territorio estadounidense para enfrentar cargos penales, según publicaciones de medios como Los Angeles Times y The New York Times.

Durante meses, fiscales federales de Nashville sostuvieron que la decisión de presentar cargos contra Ábrego García se tomó a nivel local y sin intervención de altos funcionarios del Departamento de Justicia. Sin embargo, los documentos revelados el martes sugieren que dirigentes del departamento, entre ellos el fiscal general adjunto Todd Blanche, tuvieron un rol más activo del que se había reconocido públicamente, publicó The New York Times.

Los correos electrónicos fueron divulgados como parte de una orden judicial recientemente desprecintada del juez federal Waverly D. Crenshaw Jr., quien supervisa el proceso penal. En su resolución, Crenshaw señaló que las comunicaciones internas «plantean serias dudas» sobre si el gobierno engañó al tribunal al afirmar que la acusación fue producto exclusivo de una decisión local, añadió el medio.

«Estos documentos demuestran que McGuire no actuó solo y que, en la medida en que tuvo influencia en la decisión de procesar, la compartió con Singh y otras personas», escribió el juez, en referencia a Robert E. McGuire, sobre el entonces fiscal federal interino del distrito medio de Tennessee, y a Aakash Singh, alto funcionario de la oficina del fiscal general adjunto, menciona The New York Times, y añade: «En concreto, los documentos del gobierno pueden contradecir sus declaraciones previas de que la decisión de procesar se tomó a nivel local y que no hubo influencias externas».

Uno de los correos clave, fechado el 30 de abril, fue enviado por Singh a McGuire y a otro fiscal, Jacob Warren, cuando el gobierno preparaba el caso penal mientras Ábrego García aún se encontraba detenido en El Salvador. En ese mensaje, Singh calificó la acusación como «máxima prioridad» para la oficina de Blanche, según Los Angeles Times. McGuire respondió: «Queremos que el alto mando esté al tanto».

Semanas después, McGuire informó a su equipo que, aunque la decisión final formalmente recaía en él, había escuchado que Blanche y su entonces jefe adjunto, Emil Bove III, estaban presionando para que se presentaran cargos con rapidez. En un correo interno, McGuire indicó que no había recibido instrucciones directas de la Oficina del Fiscal General Adjunto (ODAG), pero que había oído «anecdóticamente» que tanto el fiscal general adjunto (DAG) como el fiscal general adjunto principal (PDAG) querían que Ábrego García fuera acusado «cuanto antes».

La orden de Crenshaw se suma a una serie de decisiones judiciales críticas hacia el Departamento de Justicia, que ha llevado adelante esfuerzos paralelos para procesar penalmente a Ábrego García y, al mismo tiempo, intentar expulsarlo nuevamente del país.

Contexto

Hace tres semanas, una jueza federal en Maryland, Paula Xinis, ordenó su liberación de la custodia migratoria y acusó al gobierno de una conducta «atroz», que incluyó desobedecer instrucciones judiciales y engañarla deliberadamente sobre planes para volver a deportarlo. Xinis prohibió temporalmente que Ábrego García fuera detenido de nuevo, aunque el martes por la noche abogados del Departamento de Justicia indicaron que intentarían hacerlo si lograban superar esa orden provisional.

La orden de Crenshaw que reveló los correos fue emitida originalmente bajo secreto el 3 de diciembre (según Los Angeles Times), cuando instruyó a los fiscales a entregar materiales internos a la defensa. Los abogados de Ábrego García solicitaron esas comunicaciones para sustentar su argumento de que la acusación es vengativa y responde a un intento del gobierno de castigarlo por haber impugnado con éxito su deportación indebida.

En una resolución preliminar emitida en octubre, Crenshaw ya había determinado que existía una «probabilidad realista» de que el caso hubiera sido presentado de manera vengativa, lo que abrió la puerta a la entrega de documentos internos. En la orden ahora desprecintada, el juez afirma que algunos de esos documentos «dejan entrever no sólo que McGuire no fue el único que tomó la decisión, sino que, de hecho, reportó a otros funcionarios del Departamento de Justicia, y que la decisión de procesar a Ábrego pudo haber sido conjunta».

Ábrego García se ha declarado inocente de los cargos federales de tráfico de personas presentados en Tennessee y ha solicitado que el caso sea desestimado. Sostiene que la acusación busca castigarlo por la «vergüenza» que representó para el gobierno su deportación indebida y el posterior fallo judicial que ordenó su regreso a Estados Unidos.

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