Solo cinco familias de las aproximadamente cuatrocientos que residen en la isla Zacatillo tienen la certeza de que sus terrenos les pertenecen legalmente, al contar con su documento de escritura de propiedad. Lograron hacerlo hace más de 10 años según los habitantes del lugar.

La isla Zacatillo se encuentra en el Golfo de Fonseca, es un cantón conformado por los caseríos El Cáguano, La Estufa, Playona y Playitas, que pertenecen al distrito de La Unión, municipio de La Unión Sur.

Según datos de la misma comunidad hay un aproximado de entre 450 a 500 familias, con unos 2,000 habitantes.

Zacatillo tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados. Sus principales ingresos económicos se basan en las remesas que reciben de sus parientes residentes en el extranjero, seguido por el turismo, y un poco de la pesca artesanal y la agricultura de subsistencia.

La mayoría de su población cuenta con más de un pariente que emigró a Estados Unidos en busca de mejorar sus condiciones económicas para construir una nueva casa. Prueba de los resultados de estos esfuerzos lograron construir y ampliar modernas viviendas, algunas sobrepasan el costo de medio millón de dólares.

Turismo

En Zacatillo le están apostando al turismo como una alternativa para su economía local, tomando en cuenta que la pesca artesanal dejó de serlo desde hace más de 15 años.

De acuerdo con los lugareños, el turismo actualmente se encuentra en sus mejores momentos para invertir, en un tiempo donde el tema de la seguridad ha cambiado en el territorio salvadoreño, aunque aseguran que en esa isla nunca hubo problemas de pandillas. Pero hay algo que les preocupa, la seguridad jurídica de sus bienes.

El pasado sábado 8 de noviembre a Zacatillo llegó un consultor independiente para abordar el tema de rutas y estrategias para aprovechar los recursos que tiene la isla y la zona aledaña. Entre las opiniones que surgió de uno de los asistentes es que «si bien es cierto que el país tiene buena seguridad, les preocupa no tener un documento que les garantice que son dueños de sus parcelas o terrenos donde sus abuelos o padres construyeron».

Algunos abogados y notarios particulares, consultados por El Diario Hoy, explicaron el caso de la isla Zacatillo. Por tratarse de un bien nacional el Centro Nacional del Registro (CNR) tiene una alerta por la que no se pueden legalizar escrituras ni se pueden crear inscripciones registrales, es decir darles escritura de propiedad.

«Zacatillo tiene una alerta en el CNR, pero en el caso particular de la islas Conchagüita y Meanguera del Golfo, sí se permite titular porque no tienen la alerta, donde los poseedores tienen títulos desde 1800, por eso sí les permite seguir titulando por políticas de Estado y por la naturaleza de desarrollo territorial, es decir que, de no permitirse, desaparecía Meanguera del Golfo como distrito», explicó un abogado que pidió reserva de su nombre.

La isla Meanguera del Golfo anteriormente fue un municipio, pero con la ley de reestructuración territorial aprobada por los diputados en junio de 2023, pasó a ser un distrito del municipio de La Unión Sur.

Jesús Ventura, propietario de un restaurante en Playona, fue a la oficina del CNR en La Unión junto a otra persona para tratar de titular. «Nos dijeron que por el momento no se puede titular, y que solo nos mantenemos con el registro o número de posesión de la parcela, la cantidad de terreno y el nombre de la persona».

Ventura recuerda que en el 2005 fue la comunidad la que apoyó con los servicios del transporte marítimo para el personal durante el programa «Chambita Medidor», con el que censaron cada parcela, linderos y nombres de las personas; y precisamente con solo ese punto cuenta catastro actualmente.

La familia Ventura es parte de los primeros en abrir un restaurante en Playona, dieron la pauta para empezar a desarrollar el turismo local con esfuerzos propios sin la intervención de alcaldías ni del gobierno central.

«Queremos que nos den la oportunidad de escriturar porque queremos invertir, nuestra diáspora también quiere hacerlo, pero hay ese temor en que en algún momento sean sacados porque no hay un documento legal de escritura», mencionó.

Ventura confirmó que hay de 4 a 5 personas que lograron titular. «Quizás nuestro problema fue que nos demoramos en tratar de hacerlo, confiados en que otros lo hicieron y que también podíamos hacerlo ya que estamos invirtiendo en el desarrollo económico de la isla, y cuando lo hemos intentado, ya están cerradas las puertas. ¿Cómo es posible que antes se pudiera titular y ahora no?», se lamenta.

En otro caso, Edgar Alcides Ventura tiene un restaurante que le dejó su padre, manifestó que solo cuentan con el número de registró de la parcela que les asignaron cuando llegó el censo de «Chambita Medidor», «pero el punto es que nosotros estamos invirtiendo con lo poco que nos generan los ingresos de las ventas. Pero en el caso de que decidamos hipotecar la propiedad para sacar un crédito para mejorar o ampliar nuestro negocio, no se puede porque no contamos con escritura del terreno» explicó.

Edgar asegura que su temor es similar al de la mayoría de los habitantes de la isla, perder sus inversiones en viviendas o pequeños negocios, inmuebles en los que por décadas vienen luchando; y otros que no quieren intentarlo, prefieren esperar el desenlace, es decir si el Estado les permitirá el proceso de entregarles documentos como propietarios piensan invertir.

Ángela Ayala vive en el caserío El Cáguano, es una de las familias que cuenta con escritura de propiedad que le dio la dueña del terreno. Dice que la extensión de tierra donde tiene su casa está registrada legalmente. «Hay unas personas que tienen escrituras, como la dueña de los terrenos, fue quien me dio un pedazo de tierra donde vivo. La señora es de las pocas que lo lograron porque es de los primeros habitantes que llegaron a la isla y lograron sacar los papeles».

Fuentes extraoficiales del CNR recomendaron buscar una posición con el coordinador del gabinete de atención al usuario. El martes 16 de diciembre se envió la solicitud con las diferentes preguntas a su correo institucional, pero no hubo ningún tipo de respuesta.

En el gabinete están incluidas varias instituciones. La Mesa de casos colectivos, creada con la problemática de las lotificaciones, está conformada por varias instituciones del Estado. Ven los casos que les llegan y los analizan para determinar si les pueden dar solución. Como antecedente ya entregaron escrituras de los casos solventados a nivel nacional.

Más de 65 años viviendo en la isla

Felipe Antonio Rivas tiene 70 años de vivir en la isla, es nativo del distrito de San Alejo, La Unión. A los 19 años de edad emigró junto a su familia al territorio insular.

Felipe, de 89 años de edad, conocido popularmente como Toño Caldera, confirma que a los habitantes de la isla les preocupa que no cuentan con un documento que les garantice ser propietarios de sus parcelas agrícolas o del solar de la vivienda.

«Lo único que tenemos es un número de código que nos dieron cuando vinieron al censo en el tiempo del famoso programa «Chambita Medidor», visitaron cada vivienda para asignarles un código con su respectiva ubicación y nombre de la persona», externó.

Rivas resalta los costos de las construcciones de las viviendas en las islas. Y como punto principal de su preocupación es que al tener una emergencia económica y necesiten de un crédito, no tienen una propiedad a su nombre como garantía, «solo somos dueños de posesión porque contamos con un registro en el CNR, pero no un documento que nos garantice como dueños».

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