Zulma Alberto participó el sábado en una manifestación en contra de los despidos en el sector salud. |FOTO EDH/Jorge Reyes
Zulma Alberto tiene 37 años y trabajó por poco más de 12 años en el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), pero la semana pasada le notificaron que su plaza será suprimida a partir del próximo año.
Ella tiene una discapacidad de baja visión, según relató sufre de aniridia, una enfermedad ocular que se caracteriza por la ausencia total o parcial del iris. Zulma decidió participar el pasado sábado en el «cacerolazo», en el que sindicatos y organizaciones se manifestaron en contra de los recientes despidos del Gobierno salvadoreño.
«Con mi discapacidad me tocaba poner la cafetera, atender reuniones, atender el área de motoristas, atender el área de mantenimiento, los baños públicos, o sea, mi labor era grande», describe Zulma.
Relató que su despido ocurrió de un día para otro, sin previo aviso. Contó que el 20 diciembre la citaron en el área legal de FOSALUD y en ese lugar le informaron que su plaza está suprimida.
«Me dijeron: su plaza queda suprimida por la cosa del presupuesto. Y así fue, ‘mañana es su último día’, entonces era día lunes, ya para salir de vacaciones. Me quedé traumada, lo primero que hice fue decirle a mi mamá», comentó Zulma.
Son varias las preocupaciones que enfrenta la extrabajadora de FOSALUD y menciona que debe pagar el alquiler de su vivienda, que tiene dos hijos que mantener y otros gastos que suplir.
Zulma cuestionó la forma en la que ocurrió su despido, y asegura que prácticamente «la obligaron» a firmar su renuncia. «Firmé porque hay bastantes. Había más, pues yo era la segunda en salir. Cuando salí tuve que firmar, o sea, me obligaron a firmar, no es que yo haya querido firmar», dijo.
Diferentes sectores se manifestaron el pasado sábado en contra de las medidas del Gobierno salvadoreño
Al llegar al lugar en el que ella y otros exempleados fueron notificados de sus despidos, describe que habían personas que les pidieron no entrar con celulares para evitar que hicieran fotografías.
Debido a su discapacidad ella pidió que le leyeran el documento en el que le notificaron su despido, pero el personal a cargo se negó.
Además, cuestionó el hecho que «malos elementos» siguen laborando en FOSALUD y que en lugar de suprimir sus plazas únicamente fueron trasladados a otro lugar.
«A otras personas que hicieron cosas dentro de la institución, mejor lo que hicieron fue cambiarla y no quitarla. En ese momento, ¿por qué no la quitaron?», mencionó.
Cifras del Movimiento de Trabajadores Despedidos detallan que aproximadamente 1,300 empleados de FOSALUD fueron despedidos ilegalmente durante el 2025.
