Patricio Pineda, de la Mesa por una pensión digna, expone el panorama del déficit previsional. Foto EDH/Emerson del Cid
El acuerdo entre el Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), establecido en diciembre de 2024 para tener acceso a financiamiento hasta por $1,400 millones, incluye una reforma al sistema de pensiones que solvente el déficit que presenta; pero a criterio del representante de la Mesa por una pensión digna, Patricio Pineda, esta no abordará los problemas estructurales. Hasta febrero de 2026 vence el plazo para que se presente una propuesta de reforma a este sistema previsional.
¿Cuál es el objeto de la reforma?
Simple y sencillamente, el Fondo lo que quiere son garantías de pago. Para que tenga garantías de pago hay que frenar el endeudamiento en el fondo de pensiones, pero no mejorar las pensiones calculadas, eso lo debe tener clarito todo mundo en este país.
El Fondo Monetario Internacional lo que quiere son garantías de pago y una de las garantías es bajar el déficit previsional, tiene que hacerlo.
Estamos en un sistema que ya no es de pensiones, sino de «estafa técnica agravada».
Los más perjudicados somos los jóvenes que estamos entre 18, 20, 30 y 40 años al 2025, porque nos hacen falta 20, 30 y 45 años para pensionarnos. Vamos al 19 % (del salario básico regulador).
Se teme que la reforma vaya en aumentar los años de trabajar, la edad o la cotización, ¿es real?
Es real. El gobierno debe 11 mil millones de dólares. Cada año de servicio que se aumente son otros $1,500 a $2,000 millones, más o menos, y si aumenta cinco años, son $10,000 millones, ahí cubre la deuda.
Esa es la lógica de la reforma. No vienen aumentos ni mejora de las pensiones.
¿Cuál es el panorama que está realmente en el tema de pensiones?
Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional interviene en los países que tienen problemas en el manejo de sus finanzas públicas.
Curiosamente, en el caso de El Salvador es la primera vez que el Fondo se mete de lleno a un tema que es netamente soberano, netamente interno, como es el tema del sistema de pensiones. Y lo ha hecho porque, curiosamente y en base a matemática dura y pura, solo el tema de pensiones ya tiene un hoyo financiero que llega casi a la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de este país.
Al sumar la deuda del sector público no financiero, la deuda estatal, la deuda interna, la deuda externa y pensiones, prácticamente se está llevando el 90 % del PIB de El Salvador. El 32 a 34 % de esa deuda es pensiones.
La reforma del 2022 no tiene una base actuarial.
Lo advertimos públicamente. En primer lugar, que el sistema era insostenible porque el aumento del 30 % no tenía fuente de recursos certera. En segundo lugar iba a ser insostenible porque iba a haber un aumento en la emisión de deuda, a través de los certificados de obligación previsional.
En tercer lugar, se iba a volver insostenible porque venía un canje, es decir, el rezago que estaba de 2006 a 2022 a través del FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales) y los certificados que no se iba a pagar. Nosotros le llamamos en aquel entonces un «borra saldo».
Cuando son pensiones asignadas por una resolución dice la resolución de la AFP que la CIAP (Cuenta Individual de Ahorro de Pensión) está calculada para durar 7.5 años.
El FMI se ha metido de lleno en el problema de pensiones y aparte del decálogo de condiciones para la parte macroeconómica y fiscal, le puso cinco condiciones especificas.
El gobierno está obligado a publicar toda la data estadística, la data financiera y la data de inversiones del sistema de pensiones privado. En este sentido, deberían estar publicadas ya todas las actualizaciones de los boletines previsionales mensuales que hacía la Superintendencia, los boletines de rentabilidad, el registro de inversiones que tiene sobre la base de los instrumentos de deuda, la Bolsa de valores de El Salvador, las cifras macroeconómicas específicas de emisiones del BCR y el acompañamiento del control de ejecución financiera que tienen las dos AFP.
En la reforma se hizo este supuesto borrón y cuenta nueva, pero echar hacia adelante la deuda, ¿es lo mismo?
El problema es que esto se profundizó, porque en el artículo 82 letra i, dejaron de que el gobierno iba a tener total discreción del manejo, o sea, no iba a haber límite de emisión de deuda y para colmo sin análisis de riesgo.
Por eso es que nosotros insistimos allá por febrero, marzo en las actas, se las pedimos al ISP (Instituto Salvadoreño de Pensiones) de la emisión de deuda de enero, febrero y marzo; nos dijeron que estaba en reserva, lo cual no tenía que ser así.
¿Se vislumbra que se vaya a resolver esa disparidad de pensiones para la gente?
Aquí es un problema de diseño de modelo. Lo voy a decir claramente: se han dado tres periodos en el tiempo que han generado esa desigualdad, ha generado categorías ciudadanas: ciudadano de primera categoría, segunda, tercera y cuarta.
Están divididos en dos mega bloques, esto se dio en abril del 98, los famosos optados y los famosos obligados al sistema. El detalle es que los optados a la vez se subdividen en dos subsectores dentro del grupo, los optados grupo A y optados grupo B.
Patricio Pineda, representante de la Mesa por una pensión digna. Foto EDH/Emerson del Cid
Reducción de porcentaje de pensión
Patricio Pineda, de la Mesa por una pensión digna, expuso que con las reformas anteriores a las pensiones hubo cambios en la hoja de cálculo para el grupo de optados B, pasando de un 75 % del salario básico regulador en 2006 a un 55 % del salario en la reforma de 2017. Con la reforma de 2022 se bajó al 33 % del último salario, que aplicaría para quienes tengan salario arriba de $2,000. Con base a un estudio realizado, se calcula que para 2038 la pensión para todos los obligados baje al 28 o 26 % del último salario y que entre 2050 y 2061, la pensión se calcule en 19 % del último salario. Por lo que no descarta que la reforma de 2026 implique aumento en la edad de retiro, los años de trabajo y el porcentaje de la cotización previsional. El estudio actuarial del gobierno de diciembre 2025 no se analiza los cambios en el monto de las pensiones, sino que los ingresos del sistema se mantienen fijos en 4 % del PIB.
