Organizaciones piden que casos de posibles crímenes en el régimen se presenten a la corte internacional
Un informe divulgado el martes ante la CIDH y discutido el miércoles por representantes de varias organizaciones internacionales expone los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde la implementación de la medida excepcional
Varias organizaciones discutieron este miércoles el informe de GIPES, titulado El Salvador en la encrucijada,
Crímenes de lesa humanidad en el marco de la
política de seguridad pública. Foto EDH/Cortesía
Con informe de Cristian Díaz
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) pidió este miércoles al gobierno salvadoreño poner fin al régimen de excepción y que restaure plenamente las garantías judiciales, la inviolabilidad de las comunicaciones y otros derechos constitucionales restringidos desde el 27 de marzo de 2022 cuando la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez dicha medida excepcional y sus posteriores prórrogas.
También hizo un llamado a los Estados con capacidad para ejercer la jurisdicción universal para que inicien investigaciones y a los Estados partes del Estatuto de Roma para que consideren remitir la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional con la finalidad de “llevar a los perpetradores ante la justicia”.
Las peticiones se plasman además en un informe que el GIPES presentó el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que fue debatido este miércoles por representantes de varias entidades ante posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
Su contenido fue retomado por medios internacionales como la agencia de noticias EFE.
Dicha agencia consignó declaraciones de Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de Washington (EE.UU.), quien apuntó que “El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad. Sin embargo, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sufrido en carne propia los altos costos de este publicitado éxito”.
Y agregó que “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”.
La conclusión central del informe detalla que “el régimen de excepción ha permitido al gobierno del presidente Bukele concentrar el poder absoluto, al amparo del cual se han cometido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
Y que “las situaciones de emergencia no pueden justificar la suspensión de derechos humanos inderogables ni el desmantelamiento de los principios esenciales del Estado de derecho”.
El informe del GIPES señala que en el país hay un desmantelamiento del Estado de derecho que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, lo que vulnera el principio de separación de poderes y la independencia judicial.
Además cuestiona la reelección presidencial y posteriormente la habilitación de la reelección ilimitada, la criminalización del escrutinio ciudadano realizado a través de la prensa y organizaciones civiles, y la “militarización de la vida cotidiana”.
José Guevara, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD, por sus siglas en inglés) señaló que el estado de excepción se ha presentado como una respuesta temporal a la violencia de pandillas; pero que con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo permanente de gobernanza.
La Asamblea Legislativa aprobó a finales de febrero la prórroga número 48 de dicha medida que se mantiene vigente del 2 hasta el 31 de marzo de este año. Durante su aprobación se hizo referencia a que las autoridades salvadoreñas han logrado la captura de 91,296 personas.
“Reducir la violencia es una aspiración legítima de cualquier sociedad y una obligación de todo gobierno, pero tales objetivos no pueden perseguirse a cualquier precio. Cuando una política de seguridad produce crímenes atroces generalizados y sistemáticos contra la población civil, el debate ya no puede enmarcarse únicamente en términos de seguridad pública”, indicó Guevara.
E instó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a establecer un mecanismo independiente para investigar “más a fondo” la situación en El Salvador bajo el argumento que lo que ocurre en el país se convierte en una cuestión de derecho penal internacional que exige la responsabilidad de la comunidad internacional para proteger la vida, la integridad y la dignidad humana de los civiles.
“Hacemos un llamado al Estado de El Salvador y a la comunidad internacional para que restablezcan el Estado de derecho (…) En particular, instamos al Consejo de Derechos Humanos a establecer un mecanismo independiente de investigación para investigar más a fondo la situación en El Salvador”
José Guevara Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
El informe señala que se contabilizan miles de denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, con un impacto desproporcionado en comunidades pobres, jóvenes, mujeres y personas con vínculos familiares o territoriales con zonas estigmatizadas.
También denuncia que muchas familias no reciben información sobre el paradero de sus detenidos o se enfrentan a versiones oficiales que encubren las causas de la muerte.
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó el martes que hasta ese día tenía un registro de 500 reos del régimen de excepción muertos y que 26 de ellos ocurrieron este año.
“El régimen de excepción ha vaciado de contenido las garantías de debido proceso, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un recurso judicial efectivo. Las privaciones de libertad se han basado en perfiles discriminatorios para vincular a personas con pandillas y se han ampliado indefinidamente las prisiones preventivas, entre otros actos contrarios a los derechos humanos”, señala el informe del GIPES.
Y agrega que dicha modelo de seguridad sostiene un aumento significativo del gasto en seguridad e infraestructura penitenciaria para mantener una población carcelaria enorme y creciente. Advirtió que dicho modelo está siendo implementado en otros países.
👉🏻 Organizaciones advirtieron un patrón de restricciones y persecución penal contra personas defensoras, así como limitaciones a… pic.twitter.com/7cNCTVgQBl
El director de Cristosal, Noah Bullock, señaló que los familiares de personas detenidas tienen la incertidumbre que si se encuentran vivos ante la falta de información y porque en algunos casos “fueron devueltos en ataúdes sellados, con las cicatrices de abuso físico, la falta de alimentos y agua adecuados, higiene y atención médica”.
“También hay miles de ciudadanos inocentes desconocidos cuyas vidas han sido aplastadas en lo que el Estado llama un mínimo de daño colateral”, dijo este miércoles.
El secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Santiago Canton, señaló que las medidas implementadas serían declaradas inconstitucionales en una democracia y lamentó que “el poder judicial y la Asamblea nacional son oficinas de facto del poder Ejecutivo”.
Señaló que es importante enfatizar que incluso si el régimen de excepción fuera “realmente temporal, como debería ser”, muchas de estas prácticas seguirían siendo incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.
“Los crímenes contra la humanidad no aparecen de repente. Son el resultado de procesos políticos en los que, paso a paso, se desmantelan los controles institucionales que limitan el poder”, dijo Canton.
