Las inspecciones técnicas realizadas por distintas instituciones del Estado identificaron negligencia por parte de la empresa responsable de un proyecto habitacional, así como la necesidad de reestructurar y mejorar los procesos constructivos. No obstante, las autoridades aclararon que el área no ha sido catalogada como zona de riesgo.

Durante una conferencia Michelle Sol, ministra de Vivienda, mencionó que no existen criterios técnicos para declarar “el sector como peligroso, lo que brinda tranquilidad a las familias que residen en el lugar. Las evaluaciones concluyeron que la inundación registrada fue producto de un descuido en las obras y de las lluvias” que provocaron que los drenajes se taparan.

Las autoridades también revisaron los permisos de construcción y constataron que el proyecto se ubica en una zona donde era viable otorgarlos, según Sol, aunque explicó que el terreno colinda con un área protegida, la cual se encuentra fuera de su perímetro. El Ministerio de Medio Ambiente había exigido un retiro de 25 metros respecto a la zona protegida, condición que fue respetada por la empresa, según se verificó en las inspecciones.

El permiso ambiental incluye, además, la obligación de reforestar ese perímetro con árboles nativos. Esta medida aún no ha sido completada por la empresa, por lo que se le ha ordenado ejecutarla a la brevedad.

La inspección técnica determinó que la inundación se generó por la falta de protección adecuada en las zonas de trabajo. Al desarrollarse las obras por fases, se produjo la obstrucción de tuberías con ripio y materiales de construcción provenientes del área donde actualmente se ejecutan aún trabajos. También se detectaron deficiencias en los sistemas de drenaje, con obstrucciones causadas por concreto y tierra, lo que derivó en la acumulación de agua durante la tormenta.

Soluciones para los habitantes   

“Desde el primer momento, el Estado ha acompañado a las familias afectadas, realizando verificaciones casa por casa para evaluar los daños. Las autoridades reiteraron que la empresa está obligada a reparar las viviendas dañadas, ejecutar las obras de mitigación necesarias y concluir las obras urbanas pendientes en los quartiers (palabra de origen francés que se refiere a zona o barrio) habitados, específicamente del 10 al 14”, señaló la ministra.

Las instituciones han sostenido reuniones con la empresa, la cual aceptó todos los requerimientos formulados por los técnicos del Ministerio de Vivienda y se comprometió a cumplir las medidas establecidas, incorporando además observaciones de especialistas del MOP y de Protección Civil, según se mencionó en la conferencia.

Entre las disposiciones acordadas se encuentra la devolución de los montos cobrados en concepto de alquiler con promesa de venta en los quartiers 11, 12, 13 y 14, debido a que las obras de urbanización no estaban concluidas al momento de la entrega de las viviendas. “Las familias podrán solicitar la devolución del dinero o pedir que este sea abonado cuando formalicen un crédito”, sostuvo Sol. Asimismo, quienes decidan desistir de vivir en el proyecto pueden devolver la vivienda y recibir el reintegro total de lo pagado, proceso que ya ha comenzado a ejecutarse, según la ministra.

Las autoridades también ordenaron la devolución de los pagos realizados en concepto de reserva, señalando que la práctica de entregar viviendas sin obras totalmente finalizadas no es permitida. Se enfatizó que las casas deben entregarse únicamente cuando tanto la vivienda como la urbanización estén completas.

Finalmente, se informó que los créditos del Fondo Social para la Vivienda se retomarán en el proyecto Ciudad Marsella conforme se verifique que cada quartier esté debidamente terminado. El Fondo solicitará a la empresa los estados de cuenta de las personas que continúan en el proceso, a fin de que los pagos previos sean reconocidos cuando formalicen su crédito, ya sea con esa institución o con otra financiera, una vez concluidas todas las obras.

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