Cuatro años han transcurrido desde aquel fatídico fin de semana de marzo de 2022 que dejó 87 personas asesinadas en un lapso de 72 horas en El Salvador. 

La madrugada del domingo 27 de marzo de 2022, con 67 votos de 84 de los diputados de la Asamblea Legislativa, aprobaron suspender por un período de 30 días la libertad de asociación, el derecho de defensa, plazo de detención administrativa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

Desde esa fecha, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados han aprobado 49 prórrogas de este régimen de excepción, que actualmente suspende tres garantías constitucionales.

En reiteradas ocasiones organismos y organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la duración del régimen, que ya cumplió 1,460 días. 

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Recientemente un grupo de expertos presentaron un informe que expuso que en el país se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó este 27 de marzo su reciente informe, en el que documentó el otro lado del régimen de excepción. En este, reiteran la denuncia sobre capturas arbitrarias, muertes bajo custodia del Estado y la situación al interior de las cárceles. 

Los muertos del régimen

En el informe sobre los cuatro años del régimen de excepción, Socorro Jurídico Humanitario recopiló información de al menos 500 reos que han muerto y que aún estaban bajo custodia del Estado, más cuatro menores que convivían con sus madres en los penales. 

Según pudo documentar esta organización, al menos hasta el 20 de marzo de 2026, llevaban el registro que 210 de estas muertes fueron de reclusos del Centro Penal de Izalco, en Sonsonate. 

Ingrid Escobar, directora de esta organización, recalcó que estos 504 son de los que han podido documentar, pero estiman que la cifra de reos muertos podría superar los 1,500. 

Con respecto a la causa de muerte de los reclusos, SJH pudo identificar que 151, es decir un 30% fue debido a muerte violenta. Destacan que pocos casos se realizó inspección y reconocimiento por delito de homicidio. «La PNC y la FGR a pesar que muchos de los cuerpos presentaban señales de violencia les colocaron el supuesto delito sobre averiguar muerte», indicaron. 

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Además, en otros 159 casos murieron por supuesta negligencia médica, ya que según SJH a los reclusos se les negaron sus medicamentos o la atención médica fue tardía. 

25 tenían carta de libertad 

Uno de los datos revelados por Socorro Jurídico Humanitario fue que 25 de los reos que murieron ya tenían una carta de libertad ordenada por un juez, pero permanecían recluidos en los centros penales.  

«Los funcionarios de centros penitenciarios no las cumplieron, y en vez de liberarlos, coordinaron con la PNC, para que los volvieran a detener, ahora por otro delito llamado organización terrorista», sostienen en el informe. 

Explicaron que, según los testimonios de personas que han sido liberadas, desde la Dirección de Centros Penales han tomado la atribución de aplicar la prueba del polígrafo, «con la que determinan si una persona es o no pandillero, ante la pregunta ¿es usted miembro de pandillas?; si no sale favorable lo vuelven a remitir, aunque tenga orden de libertad», afirman. 

Escobar reconoce que la presencia de las pandillas en las comunidades ha bajado, y también admite que la mayoría de los capturados son pandilleros, pero cuestiona que «esta relativa seguridad» ha sido a costa de una suspensión prolongada de garantías constitucionales y que esto ha provocado «graves impactos en derechos humanos y familias de personas detenidas sin prueba sólida, que no hay absolutamente pruebas», dijo la directora de SJH a El Diario de Hoy. 

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Añadió que la seguridad no puede estar desvinculada de los derechos humanos ni viceversa, «no podemos decir que tenemos seguridad, pero por otro lado están violando derechos humanos a personas inocentes y convirtiéndose el Estado en un victimario, al igual que las pandillas», señaló Escobar. 

Por su parte, Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), cuestionó la duración de este régimen de excepción, y señaló que al prorrogar por cuatro años esta medida significa que «El Salvador no es un país seguro ni en paz». 

Ramírez considera que luego de estos cuatro años existen daños en las familias de reos que consideran inocentes, «hay demasiadas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen y las víctimas siguen esperando saber de sus seres queridos, tampoco saben. No saben si están muertos, están vivos. No saben si les llegan los paquetes y les llegan el dinero que les depositan, hay personas con cartas de libertad y tampoco los dejan libres», afirmó.

«El régimen es ya innecesario, es un régimen que ha violentado derechos humanos y que debe revisarse y debe derogarse», añadió.

Leslie Schuld, directora Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), organización que ha brindado acompañamiento legal a reos del régimen, aseguró que la población no ha percibido el costo de la «relativa seguridad» que vive el país por no haber sido tocados aún por el otro lado de la moneda. 

«No saben que han perdido sus derechos a presunción de inocencia, debido proceso, a preparar su defensa con acceso a su abogado, perder totalmente comunicación con su familia, no tiene derechos a un juicio justo», afirmó. 

Añadió que el régimen afecta a las personas de escasos recursos económicos y que están condenados solamente por su situación de pobreza. 

«El costo económico y salud mental de las familias de inocentes en cuatro años sin derechos a una audiencia con debido proceso, es inmensurable. Y ahora miles están esperando su juicio masivo con la promesa de condenar a todos y todas no es alentador», sostuvo Schuld.