La Fiscalía argumentó que aún faltan diligencias de investigación por realizar. El Juzgado autorizó seis meses más para que los fiscales presenten el dictamen de acusación.
Abogado constitucionalista, Enrique Anaya.
Foto EDH / Francisco Rubio
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador autorizó el pasado 5 de diciembre la ampliación de la etapa de investigación del proceso penal en contra del abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y de activos.
La resolución revela que el auxiliar fiscal asignado a este caso solicitó el 2 de diciembre ampliar esta fase debido a que aún existen diligencias pendientes y que son importantes antes de presentar el dictamen de acusación.
En esta fase la Fiscalía debe realizar la investigación pertinente sobre los hechos que le acusan al abogado Enrique Anaya para luego solicitar al juzgado la fecha de audiencia preliminar, en la que decidirán si el caso es enviado a la etapa de juicio o si el imputado es sobreseído de los cargos señalados.
Inicialmente esta fase estaba prevista que finalizara el próximo 4 de enero de 2026 y Fiscalía tenía como fecha límite para presentar el dictamen de acusación en contra de Anaya el 9 de enero.
El Juzgado concluyó que la solicitud de la prórroga planteada por Fiscalía fue presentada dentro de los plazos que establece la ley y mencionó que debido a que faltan diligencias por realizar por parte del ente acusador y debido a la «multiplicidad de puntos a desarrollar a partir de la abundante documentación» era viable acceder a lo solicitado.
«Autorizase el plazo de instrucción en el presente proceso penal por un nuevo período de seis meses al término original, en consecuencia, tiénese como nueva fecha para la finalización de la investigación el día cuatro de julio del año dos mil veintiséis, y para presentar cualquiera de los dictámenes relacionados en el art. 355 CPP, se tiene como fecha límite el día diez de julio del año dos mil veintiséis», resolvió el Juzgado.
Anaya, una de las voces más críticas del Gobierno de Nayib Bukele, fue detenido el pasado 7 de junio de 2025 en su vivienda y un mes más tarde fue enviado a un centro penitenciario ubicado en Santa Ana.
La semana pasada también se conoció que este mismo juzgado amplió la fase de investigación y detención en contra de la abogada Ruth López, también crítica del Gobierno y acusada del delito de enriquecimiento ilícito.
Según se conoció a través de información oficial, el Estado salvadoreño únicamente ha cumplido con la medida de cesar con la incomunicación que existía entre Anaya y su familia y abogados.
El constitucionalista se encuentra actualmente recluido en el Centro Penitenciario para Personas Privadas de Libertad, Extranjeros y Funcionarios La Occidental, en Santa Ana.
Sobre el estado de salud de Anaya, la CIDH informó el pasado 22 de septiembre. Según el documento, el Estado notificó el 29 de julio pasado que el peso del abogado era de 82 kilogramos. Sin embargo, el último dato que tenían sus defensores un día después de su captura era de 92.5 kilogramos.
“Por tanto, la parte solicitante sostiene que él ha perdido cerca de 10.5 kilogramos en menos de dos meses, desde que se encuentra privado de la libertad; y considera que es un indicio de que las condiciones de su privación de libertad son inadecuadas”, mencionó la CIDH en su escrito.
Fuentes cercanas al caso aseguraron que el Estado ha intentado cumplir con las medidas ya que Anaya ha sido visitado por sus abogados en dos ocasiones, pero que estas visitas han sido mínimas.
Sin embargo, consideran que la medida en cuanto a la situación de salud no se está cumpliendo, ya que durante la visita realizada por la defensa del abogado notaron que se encuentra visiblemente deteriorado y bajo de peso.
Además, otra medida incumplida por el Estado es la detención de Anaya. Dentro de las medidas la CIDH pidió que el Estado incluyera la posibilidad que le otorgaran medidas alternas a la detención. Hasta la fecha, el Juzgado aún no ha programado audiencia especial de revisión de medidas, según confirmaron fuentes judiciales.
Existe desacato
Henry Fino, abogado y defensor de derechos humanos, se refirió sobre el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. Dijo que existe desobediencia y desacato por parte del Estado salvadoreño a la protección que le ordenaron a Anaya.
“El hecho que haya permitido el acceso no significa que está cumpliendo la medida, la medida es garantizar la salud, y se garantiza la salud de diversos medios: acceso a medicamentos, acceso a profesionales, acceso a condiciones favorables mínimas necesarias para proteger la salud y prevenir daños en la misma, no se está cumpliendo”, manifestó.
Añadió que uno de los objetivos del actual Gobierno ha sido “invisibilizar las graves violaciones a derechos humanos que incluyen tener en la cárcel a defensores de derechos humanos”.
“Los familiares y el defensor de Enrique deben ser constantes en dos cosas: visibilizar la violación a los derechos humanos de él y además el desacato a la medida cautelar porque el régimen lo que quiere es invisibilizar la detención”, concluyó Fino.
