Un Juzgado de Menor Cuantía admitió una de un total de 109 demandas presentadas por los afectados del caso COSAVI y ordenó, el pasado 25 de noviembre, el embargo de inmuebles de la cooperativa para garantizar el pago de $2,598 a una de las afectadas.  

“Se decreta embargo en bienes propios de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito, Santa Victoria de Responsabilidad Limitada, que se abrevia COSAVI de R.L. hasta por una cantidad de dos mil quinientos noventa y ocho dólares con treinta y un centavos de dólar”, fue parte de la resolución del Juzgado Cuarto de Menor Cuantía de San Salvador.

Un grupo de afectados brindó una conferencia de prensa en la que sentaron postura sobre la orden decretada por el juez.  “Esta resolución viene a generar un precedente importante, en el sentido de que hay un juez ético, un juez probo, que nos da la razón que no estamos equivocados en nuestra lucha”, dijo Juan José Ortiz, vocero de los afectados. 

“La resolución es clara: le ordena a ella (superintendenta) que es la que administra de manera ilegal COSAVI pagarle a la afectada $2,598 de lo contrario se procederá al embargo de bienes”, añadió. 

En mayo de 2024, la Fiscalía General dio a conocer el fraude financiero de 35 millones de dólares de los ahorrantes de la cooperativa e informaron que 32 personas estaban involucradas por este caso.

Los ahorrantes afectados denunciaron que ninguno de los 15 jueces de lo Civil y Mercantil les había admitido una demanda y cuestionaron que estos podrían haberse sumado al actuar del gobierno de no atender sus demandas. 

“Lamentamos que el sistema de justicia se pliega junto al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para no escuchar nuestras peticiones, sin embargo, este juez ha sido valiente, ha tenido la ética profesional de fallar a favor nuestro, de aceptar la demanda y esto es un precedente importante de cara a las otras acciones a nivel internacional”, sostuvo Ortiz.

Una víctima más

Julio César Flores, presidente de Junta Directiva de afectados de COSAVI, confirmó que hasta la fecha ya subió a ocho la cantidad de ahorrantes fallecidos desde que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tomó el control de la cooperativa. 

“Conmemoramos ocho fallecidos que llevamos ya como afectados, personas que no lograron recuperar sus ahorros”, mencionó Flores. 

Añadió que es un avance el hecho que al menos una demanda de las 109 haya sido admitida por un juzgado, “esto significa que tenemos la razón de lo que estamos haciendo al presentar y demandar al Estado y a COSAVI por haber secuestrado ilegalmente nuestros ahorros. La superintendencia del Sistema Financiero tomó posesión de nuestros ahorros y hasta la fecha  no nos dan información de cómo se encuentra el caso”, aseguró. 

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Según los afectados, uno de los argumentos utilizados por los jueces para denegar algunas demandas es que solicitan el acta de constitución de COSAVI o la credencial original que faculta a la Superintendencia del Sistema Financiero a intervenir esta cooperativa.

Las capas de devolución

Juan Jose Ortiz manifestó que otro de los puntos importantes de la resolución es que pone al descubierto la modalidad de devolución implementada por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

Consideró que el monto de la demanda que fue aceptada por el juez por $2,598 es igual que otras demandas interpuestas por afectados que les deben un millón de dólares, $100,000 o $200,000. 

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“El juez es valiente, un juez que se está jugando su cargo al haber emitido esta resolución, cualquier cosa que el gobierno intente hacer, porque no descartamos la posibilidad de que este juez pueda ser removido por esta decisión, nos va a servir para las demandas internacionales que pensamos colocar a partir del otro año”, indicó Ortiz. 

La sentencia pone al descubierto la falacia de las capas, la persona que recibirá este dinero tiene otros productos y la suma de estos productos se pasa de los $70,000 que ha sido el argumento para no devolver el dinero. Ese sistema es un acto abusivo, un intento de seguir alargando lo inevitable, que salga al descubierto que la clase política metió las manos, pero lo más importante es que el juez dice producto por producto, no suma de producto el mecanismo para devolver el dinero”, agregó.  

Durante 2025, la Superintendencia del Sistema Financiero ha habilitado varias etapas de pago, conocidas como “capas” de devolución, que han permitido a socios con montos menores recuperar parte o la totalidad de sus ahorros. Sin embargo, los representantes de los afectados estiman que alrededor del 80% del dinero aún no ha sido devuelto.

El caso COSAVI continúa siendo uno de los mayores escándalos financieros cooperativos en la historia reciente del país. El proceso penal, que se ventila en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, involucra a 15 imputados acusados de lavado de dinero y activos, encubrimiento, agrupaciones ilícitas y otros delitos.