Juez ordenó además que las sociedades usadas por el expresidente para sustraer y lavar dinero público fueran disueltas. Los bienes suman un valor de más de $9 millones
Juez ordenó además que las sociedades usadas por el expresidente para sustraer y lavar dinero público fueran disueltas. Los bienes suman un valor de más de $9 millones

Inmuebles en exclusivas zonas de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente y productos financieros (dinero disponible en entidades financieras) adquiridos por el exmandatario salvadoreño, Elías Antonio Saca, pasan a manos del Estado.
La decisión del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de que los bienes de Saca, ligados al esquema de corrupción por el que el expresidente fue sentenciado en 2018 a diez años de cárcel, ha sido comunicada esta tarde por la Fiscalía General de la República.
Son 25 inmuebles y ocho productos financieros cuyo valor sumado totaliza aproximadamente 9,6 millones de dólares los que quedaran en manos estatales al establecer el Juzgado la sentencia en firme, ha detallado la Fiscalía.
Las investigaciones fiscales concluyeron que, durante su mandato presidencial, entre 2004 y 2009, Saca se hizo con los bienes usando siete sociedades que sirvieron de fachada para desviar y ocultar dinero público.

Cuatro de estas sociedades sirvieron como “puentes principales” para el desvió de recursos públicos y las tres restantes recibían finalmente el dinero, expuso la Fiscalía. El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ordenó también disolver estas sociedades.
Antonio Saca cumplirá la pena de 10 años de cárcel este 2026, puesto que se le suman a la pena dictada en 2018 los dos años de detención provisional que cumplió desde su captura a finales de octubre de 2016.
El 12 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión al expresidente por peculado (hurto de recursos públicos) de más de trescientos millones de dólares y a cinco más por lavado de dinero.
Saca se sometió a un juicio abreviado, es decir, él mismo confesó sus delitos lo que le valió para que su pena fuera significativamente menor a la que corresponde en un juicio ordinario.
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