En febrero de 2027 se realizarán elecciones generales. Foto EDH/Archivo
Acción Ciudadana presentó este miércoles el informe de “Estado de la integridad electoral en El Salvador: Periodo octubre-diciembre 2025”, que señala opacidad en el proceso, ausencia de controles, entre otros.
Durante ese periodo se identificaron algunas acciones con posibles impactos en el proceso electoral: en la planificación electoral, en el Registro Electoral, en el financiamiento político y en la transparencia institucional.
El informe revela tres hallazgos, el primero relacionado a la falta de transparencia en la información electoral.
“La opacidad con la que la autoridad electoral está manejando elementos fundamentales del proceso electoral, como el Plan General de Elecciones, el presupuesto extraordinario y el Registro Electoral aumentan la desconfianza y no contribuye a un proceso transparente, el cual podría incluso ser sujeto de impugnaciones”, dice el documento.
En dicho periodo el TSE no publicó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) “que es un documento fundamental para conocer cómo se está organizando el proceso electoral”, dice.
Tampoco existen detalles públicos sobre el presupuesto electoral y cómo se utiliza y también se identificaron dificultades para acceder a información del Registro Electoral.
“Esta falta de información limita la capacidad de fiscalización por parte de partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía. En consecuencia, puede afectar la transparencia y generar dudas sobre el desarrollo del proceso electoral”, reitera.
En cuanto al Registro Electoral, la Asamblea Legislativa prorrogó el plazo para que las personas que cambiaron de domicilio modifiquen su dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) hasta el 27 de abril de 2026. Y para quienes viven en el extranjero el plazo finaliza hasta 90 días antes de las elecciones, lo que sería noviembre de este año.
Según el Calendario Electoral, el 31 de agosto de 2026 se hará la suspensión del proceso de inscripción de ciudadanos, para luego poner a disposición de los ciudadanos los padrones para revisión y correcciones. El cierre definitivo es el 30 de octubre.
Informe de Acción Ciudadana
Recursos de partidos
El segundo hallazgo se relaciona al financiamiento de los partidos políticos, donde se detecta “debilidad” en los mecanismos de control y transparencia de los recursos para las campañas políticas, pues no se cuenta con información de los donantes de todos los institutos políticos.
“Esto dificulta conocer quién financia las actividades políticas y electorales”, señala AC.
Esta debilidad de control también se detecta en las instituciones encargadas.
“La ausencia de control del Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento de los partidos, junto con su falta de voluntad y autoridad para realizarlo, habilita el ingreso de cualquier tipo de recursos para financiar las campañas electorales 2027”, destaca.
Agrega que el TSE, además de no contar con la capacidad instalada, “no muestra voluntad” para la fiscalización de los partidos.
Cabe mencionar que el 26 de febrero de 2025 la Asamblea Legislativa, a iniciativa de los diputados oficialistas, derogó el artículo sobre el financiamiento público a los partidos políticos de la Constitución, por lo que para este proceso electoral ya no recibirán fondos en concepto de deuda política para sus campañas.
Los únicos ingresos que pueden obtener son de donantes privados, ya sea personas naturales o jurídicas.
“Cuando estos controles no funcionan adecuadamente aumenta el riesgo de que puedan ingresar recursos ilícitos o prohibidos al financiamiento de campañas electorales. Esto pueda afectar la equidad en los competidores y la transparencia del proceso electoral”, dice.
Y el tercer hallazgo del informe tiene que ver con la integración de los organismos electorales temporales, especialmente las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Según Acción Ciudadana, existe “incertidumbre” sobre cómo se integrarán estas juntas para las elecciones de 2027.
“Existe la posibilidad de que sucedan prácticas nocivas en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos, como el reemplazo arbitrario de este personal por parte del partido de gobierno, colocando personas afines tal como ocurrió en el pasado evento electoral”, advierte.
Enfatiza que si no trabajan de manera independiente afectan la confianza en el proceso electoral.
Implicaciones
Para la organización, el monitoreo es importante porque permite identificar posibles riesgos para el proceso electoral, como el instituciones o normas electorales en beneficio de determinados partidos; además, analiza los posibles impactos de las reformas legales en materia electoral y para generar información clara sobre el desarrollo del proceso electoral.
AC advierte que la falta de información reduce la transparencia del proceso electoral, que las debilidades en el control de financiamiento política afecta la equidad entre los partidos que participen en la contienda y las dudas de los organismos electorales impacta en la confianza de la ciudadanía.
De ahí que hace hincapié en la promoción de medidas que fortalezcan la transparencia y la integridad electoral.
