Human Rights Watch documenta que venezolanos enviados al CECOT sufrieron torturas
El organismo internacional presentó ayer su Informe Mundial sobre derechos humanos. En el caso de El Salvador, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señaló que se «volvió más autoritario y represivo»
Más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos, el 31 de marzo de 2025. Oficina de Prensa Presidencial de El Salvador / Anadolu (Foto: Oficina de Prensa de El Salvador / ANADOLU / Anadolu vía AFP)
Rossy Tejada/Cristian Díaz
La deportación desde Estados Unidos a El Salvador de 252 migrantes venezolanos, entre marzo y abril de 2025, para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) configuró uno de los principales episodios de «violaciones sistemáticas de derechos humanos» según refleja Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial, presentado ayer.
El envío de los venezolanos expuso «la brutalidad del sistema penitenciario», a juicio directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo «documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas», añadió Goebertus. En julio, fueron enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.
El organismo internacional documentó que los suramericanos fueron objeto de «detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, régimen de incomunicación prolongado, falta de acceso a atención médica y alimentación adecuadas, y condiciones de detención insalubres».
🇸🇻 | En 2025, El Salvador de Bukele se volvió más autoritario y represivo.
La cooperación con la administración Trump permitió la detención y tortura de más de 200 venezolanos en el CECOT.
«Se fortaleció un modelo de detención sin garantías»
En la presentación del Informe Mundial, Goebertus resumió así el apartado sobre el país: «En 2025, El Salvador de Bukele se volvió más autoritario y represivo. La cooperación con la administración Trump permitió la detención y tortura de más de 200 venezolanos en el CECOT».
Goebertus también indicó que el encarcelamiento de los venezolanos en 2025 también ocurrió al amparo de las políticas de Trump. «Evidenció cómo la cooperación con la administración Trump terminó por fortalecer un modelo de detención sin garantías», dijo.
El informe establece: «El gobierno estadounidense violó el principio de no devolución (non-refoulement) al trasladar a migrantes venezolanos a El Salvador a pesar de los riesgos previsibles de abuso».
«Distintos países de la región están usando tanto las políticas como la retórica de Trump como excusa para cometer abusos» contra nacionales y extranjeros», dijo a AFP la directora para la división de las Américas de HRW.
En ese sentido, el director ejecutivo del organismo, Philippe Bolopion, indicó que el orden internacional basado en normas» se está haciendo añicos», y podría arrastrar consigo la arquitectura en la que se han apoyado los defensores de derechos humanos para avanzar normas y proteger libertades.
El director ejecutivo recordó que el gobierno de Trump recurrió a una ley de 1798 para enviar a cientos de migrantes venezolanos al CECOT, la cual calificó de ser «una cárcel nefasta en El Salvador, donde esas personas sufrieron torturas y abusos sexuales».
En noviembre de 2025, HRW junto a Cristosal revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con el estado migratorio de los venezolanos en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre sus deportaciones.
La Universidad de California en Berkeley realizó la verificación de la información.
El reciente Informe Mundial, liberado el 4 de febrero de 2026 por HRW, indicó que correspondencia interna citada en medios de comunicación indica que los funcionarios salvadoreños -cuyos nombres no precisa- discutieron un «descuento del 50 %» en los pagos por detener a los migrantes venezolanos en el CECOT presuntamente a cambio de la transferencia a El Salvador de nueve líderes de la pandilla MS-13 que se encontraban detenidos en Estados Unidos.
«Posteriormente, las autoridades estadounidenses trasladaron a 23 salvadoreños al CECOT, entre ellos César Humberto López Larios («El Greñas»), un líder de la MS-13 que enfrentaba cargos por terrorismo y conspiración ante un tribunal federal de Estados Unidos», consignó HRW.
«El gobierno Trump ha criticado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que continuaron deteniendo a críticos y a opositores y obligaron a muchos a exiliarse. Pero al tiempo, Estados Unidos ha ignorado los gravísimos abusos en países como El Salvador, Ecuador y Perú, que además de otras violaciones, restringieron la labor de periodistas y organizaciones de derechos humanos», dijo Goebertus.
Previo a conocerse el Informe Mundial y en el marco de la visita del Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, una periodista de dicha nación consultó al presidente Nayib Bukele sobre su postura ante los cuestionamientos que realizan diferentes organizaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
El mandatario reconoció que todas las personas, incluyendo aquellas que han asesinado, entre otros delitos cometidos, tienen derechos; pero que no entiende porqué el enfoque siempre es en los derechos humanos de este sector.
«¿Por qué el enfoque siempre es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas? ¿Por qué ellos, que tienen derechos humanos, son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? ¿Ellos tienen derechos humanos?, sí los tienen; pero ¿y la mujer violada, asesinada?», razonó.
Además cuestionó que en muchos países existen organizaciones de derechos humanos -sin precisar nombres- que «sólo se preocupan por los criminales; pero nunca dicen nada por la gente honrada».
HRW también consigna en su informe los casos registrados en el país donde defensores de derechos humanos fueron encarcelados tras ser acusados de cometer varios delitos. Hizo referencia que, en mayo de 2025, fueron detenidos el líder comunitario José Ángel Pérez; y el abogado Alejandro Henríquez, bajo presuntos «cargos infundados de resistencia agresiva» y «desórdenes públicos», tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo de una comunidad.
También mencionó que, en ese mismo mes, fue detenida Ruth López, defensora de derechos humanos y directora del área de anticorrupción y justicia de Cristosal, por presunto «enriquecimiento ilícito». En junio fue detenido el abogado y crítico del gobierno Enrique Anaya, por aparente «lavado de dinero».
Sin rendición de cuentas por muertes en cárceles
El Informe Mundial de HRW también hace referencia a los casos de personas que han fallecido bajo custodia del Estado, mencionando la cifra de casos que reporta Socorro Jurídico Humanitario, que es una organización de derechos humanos.
Hasta la fecha, «no se ha informado de rendición de cuentas por estas muertes», consignó HRW.
Dicha organización informó ayer que al menos 482 personas han fallecido en prisiones salvadoreños durante los 47 meses que tiene de implementarse el régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales.
Entre estos el derecho a la defensa técnica y de ser informado inmediatamente del motivo de la detención; amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención administrativa, es decir, el tiempo que tiene el Ministerio Público para presentar una acusación ante tribunales, y suspende el derecho de inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Socorro Jurídico Humanitario indicó que en enero fallecieron diez personas en las cárceles y que febrero registra dos nuevos casos.
