El plazo de investigación se encuentra suspendido. Así lo describe el abogado defensor de uno de los veteranos acusados por la Fiscalía de supuestamente planear un atentado que sería llevado a cabo durante la toma de posesión presidencial de Nayib Bukele, el 1 de junio de 2024.

El defensor mencionó que el caso judicial se encuentra en la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado, quienes decidirán si se aplica una reforma aprobada en agosto de 2025, que eliminó la audiencia de imposición de medidas y preliminar para pasar a la etapa de juicio. 

«La Fiscalía lo que pretende es que se aplique la reforma donde se pudiera pasar a vista pública de un solo, suprimiendo el plazo de instrucción. Entonces, como este proceso inició con el procedimiento anterior, no se le puede haber modificado porque ya había iniciado el plazo de instrucción, la jueza dijo sin lugar la petición de Fiscalía», mencionó el abogado. 

Ante esa negativa, los auxiliares fiscales presentaron un recurso de revocatoria en contra de la decisión de la jueza. Sin embargo, la defensa nuevamente se opuso a la solicitud de la Fiscalía, dieron sus argumentos legales y la jueza reconfirmó su decisión. 

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«La jueza afirmó lo actuado por ella dándonos la razón, en el sentido de que no se podía suprimir ya el plazo de instrucción porque ya había iniciado y que el procedimiento se estaba realizando con ese proceso establecido por la ley, por lo tanto la reforma no le aplicaba», mencionó el abogado. 

El argumento de la Fiscalía se emitió luego que la jueza únicamente dio seis meses más de investigación y no los 24 que solicitaba el Ministerio Público Fiscal, cuando pidieron una «homologación del plazo de instrucción» basado precisamente en la reforma al artículo 17 de la Ley contra el Crimen Organizado (LCCO), aprobada por la Asamblea Legislativa en agosto de 2025, aplicada a casos del régimen de excepción y que suprimió las primeras dos audiencias del proceso judicial. 

El caso

El proceso penal es en contra de 11 veteranos de guerra, quienes son acusados por la Fiscalía de supuestamente planear un atentado que sería llevado a cabo durante la toma de posesión presidencial de Nayib Bukele, el 1 de junio de 2024.

Enfrentaron audiencia de imposición de medidas a mediados de junio de ese año y en esa oportunidad inició la fase de instrucción, que ha sido prorrogada hasta en tres ocasiones. 

Entre los procesados se encuentran los excombatientes José Santos Melara, Atilio Montalvo y otras nueve personas, quienes son acusados por los delitos de organizaciones terroristas y actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares.

De los 11 procesados, solamente Montalvo se encuentra libre, luego que en julio de 2025 la jueza le decretó medidas alternas a la detención porque la salud del excombatiente se estaba deteriorando. 

En diciembre del año pasado, el abogado de José Melara intentó, sin éxito, sacar a su cliente también con medidas. Sin embargo, la jueza argumentó que la salud del excombatiente ha mejorado, a pesar que dictámenes médicos de Medicina Legal detallaron que están surgiendo nuevas enfermedades. 

Durante una audiencia especial realizada en diciembre, Melara conversó con sus abogados y estos observaron que su situación de salud es deplorable.